Cuando la sospecha deja de ser suficiente

Las luces de la patrulla iluminan la banqueta mientras un hombre regresa caminando a casa después del trabajo. Lleva una mochila al hombro y una sudadera porque la noche ha refrescado. Al escuchar que la unidad disminuye la velocidad junto a él, apenas alcanza a voltear cuando uno de los policías desciende y le pide que coloque las manos sobre el cofre. En cuestión de segundos vacía los bolsillos, abre la mochila y responde preguntas sobre a dónde va, dónde vive y por qué camina por esa calle. Después de varios minutos de revisión, los agentes no encuentran absolutamente nada. Antes de retirarse, el hombre pregunta cuál fue la razón de la inspección. La respuesta llega con absoluta naturalidad: “Se veía sospechoso”.

Probablemente millones de personas han vivido una experiencia semejante. Algunas la recuerdan como una simple molestia; otras como una humillación; muchas más prefieren no cuestionar la actuación policial porque piensan que, si no hicieron nada malo, tampoco tienen nada que temer. Sin embargo, detrás de una escena tan cotidiana se encuentra una de las discusiones más importantes para cualquier Estado democrático: ¿hasta dónde puede llegar la autoridad antes de que la prevención del delito se convierta en arbitrariedad?

Durante años hemos repetido una expresión que parece resolver esa pregunta: la sospecha razonable. Se escucha en cursos de formación policial, en sentencias judiciales, en debates legislativos e incluso en conversaciones cotidianas sobre seguridad pública. El problema es que pocas figuras jurídicas han sido tan utilizadas y, al mismo tiempo, tan mal comprendidas. Con frecuencia se piensa que la sospecha razonable consiste en aquello que un policía experimentado alcanza a percibir gracias a su intuición, a su olfato o a los años que lleva patrullando las calles. En realidad, significa exactamente lo contrario.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que lo que justifica un control preventivo no es una sospecha cualquiera, sino una sospecha razonada objetiva, es decir, una conclusión sustentada en hechos concretos, observables y verificables que permitan explicar posteriormente por qué una persona fue intervenida. En la tesis 1a. XXVI/2016 (10a.), relativa al control preventivo provisional, la Corte dejó claro que la actuación policial sólo resulta constitucional cuando existen circunstancias objetivas que permitan inferir razonablemente la posible relación de una persona con un hecho delictivo; la simple intuición, la experiencia profesional o una impresión subjetiva son insuficientes para restringir, aunque sea momentáneamente, la libertad de alguien.

La diferencia parece técnica, pero cambia por completo la manera en que entendemos la función policial. Una sospecha subjetiva se construye con frases que todos hemos escuchado alguna vez: “se veía nervioso”, “actuaba raro”, “volteó cuando vio la patrulla”, “algo no me dio buena espina”. Una sospecha objetiva, en cambio, obliga a responder preguntas mucho más incómodas para la autoridad: ¿qué observó exactamente?, ¿qué información tenía antes de intervenir?, ¿qué conducta relacionó a esa persona con un posible delito?, ¿por qué cualquier otro policía, colocado en las mismas circunstancias, habría tomado la misma decisión?

No se trata de un formalismo jurídico. Se trata del mecanismo que distingue a una democracia de un Estado donde la libertad depende del estado de ánimo o de los prejuicios del funcionario que porta un uniforme.

Imaginemos ahora una situación distinta. Minutos antes se reportó el robo a una farmacia. La central de radio informa que los responsables huyeron en una motocicleta roja; uno viste chamarra amarilla y el otro porta un casco blanco. Cinco minutos después, a escasas calles del lugar, una patrulla localiza exactamente una motocicleta con esas características. La diferencia con el primer caso es evidente. La intervención ya no descansa en la apariencia de las personas, sino en un conjunto de hechos objetivos: existe un delito recién cometido, una descripción previamente obtenida, una coincidencia física y una proximidad temporal y geográfica. Lo que justifica la actuación policial no es la intuición del agente, sino la evidencia que puede explicar posteriormente ante el Ministerio Público y, sobre todo, ante un juez.

Ese matiz es precisamente el que protege el artículo 16 de la Constitución, al establecer que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino mediante un acto debidamente fundado y motivado. La seguridad pública, por supuesto, constituye una función esencial del Estado; así lo reconoce el artículo 21 constitucional al encomendarla a las instituciones policiales. Pero el mismo precepto exige que esa función se ejerza conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. A ello se suma el artículo primero constitucional, que obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar esos derechos. La Constitución, en otras palabras, nunca planteó una disyuntiva entre seguridad y libertades; exige ambas al mismo tiempo.

Por esa razón la Suprema Corte desarrolló la figura del control preventivo provisional, entendida como una afectación momentánea a la libertad personal que sólo puede justificarse cuando existen elementos objetivos suficientes para hacerlo. No constituye una autorización para revisar personas al azar ni una excepción permanente al artículo 16 constitucional. Tampoco significa que cualquier nerviosismo, la forma de vestir, la edad, los tatuajes, el lugar donde vive una persona o la colonia por la que transita puedan convertirse en indicadores delictivos. Si esos elementos bastaran para intervenir a alguien, dejaríamos de investigar conductas para comenzar a perseguir perfiles sociales.

Paradójicamente, este estándar constitucional también protege a las propias instituciones policiales. Existe la idea, profundamente arraigada, de que exigir mayores controles jurídicos dificulta el combate a la delincuencia. La práctica demuestra exactamente lo contrario. Una detención realizada sin una sospecha objetivamente justificable puede ser declarada ilegal; una inspección corporal practicada arbitrariamente puede provocar la exclusión de las pruebas obtenidas; una investigación aparentemente exitosa puede terminar derrumbándose en los tribunales porque el primer contacto entre la autoridad y la persona ocurrió al margen de la Constitución. En seguridad pública, improvisar no sólo vulnera derechos humanos: también genera impunidad.

Ésa es la razón por la que la discusión sobre la sospecha razonable no debería limitarse a las aulas de las facultades de Derecho ni a los seminarios judiciales. Tendría que ocupar un lugar central en la formación cotidiana de las policías municipales, de las corporaciones estatales y de las autoridades federales, incluida la Guardia Nacional. La profesionalización policial no consiste únicamente en aprender técnicas de aseguramiento, uso de la fuerza o preservación del lugar de los hechos. Implica desarrollar capacidades mucho más complejas: observar con precisión, distinguir hechos de prejuicios, comprender los límites constitucionales de la intervención estatal, documentar adecuadamente las razones de cada decisión y explicar, con claridad y objetividad, por qué una actuación fue necesaria.

Un informe policial que únicamente afirma que una persona mostró una “actitud sospechosa” carece prácticamente de valor jurídico. En cambio, describir que minutos antes se recibió el reporte de un robo; que la persona coincidía con la descripción difundida; que fue localizada a determinada distancia del lugar de los hechos y que realizó conductas específicas observadas directamente por los agentes permite que el Ministerio Público, la defensa y el juez evalúen objetivamente la legalidad de la actuación. Esa diferencia puede parecer apenas una cuestión de redacción, pero en realidad constituye la diferencia entre una investigación sólida y un caso condenado al fracaso.

Necesitamos policías con mayor capacidad para intervenir cuando las circunstancias lo justifican, pero también con suficiente preparación para abstenerse cuando esas circunstancias no existen. La autoridad profesional no es la que revisa más personas ni la que realiza más detenciones. Es la que sabe exactamente cuándo puede restringir la libertad de alguien y, sobre todo, puede demostrar por qué lo hizo.

Al final, ésa es la pregunta que toda intervención policial debería ser capaz de responder: ¿qué hechos objetivos conocía la autoridad antes de decidir limitar, aunque fuera por unos minutos, la libertad de esa persona? Si la respuesta puede sostenerse con evidencia, estaremos frente a una actuación legítima. Si únicamente puede explicarse mediante intuiciones, estereotipos o frases como “se veía sospechoso”, entonces no estaremos hablando de prevención del delito, sino de una forma de arbitrariedad que ninguna democracia debería normalizar. Porque el verdadero profesionalismo policial no se mide por el número de personas revisadas en una jornada, sino por la capacidad de ejercer el poder con inteligencia, con legalidad y con pleno respeto a la dignidad humana.