Sólo en el discurso, la protección a periodistas y defensores de ddhh

Por: Edgar Cortez (@edgarcortezm)

México está considerado como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo desde hace varios años. Por su lado, quienes defienden los derechos humanos enfrentan el cuestionamiento y la difamación. Frente al creciente riesgo, ambos grupos han exigido al Estado cumplir con su obligación de protegerlos.

La respuesta del gobierno mexicano fue adoptar la Ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que prevé la creación de un mecanismo de protección para ambos colectivos. El 25 de junio de 2012 la ley se publicó, es decir, hace cuatro años.

Sin embargo, hasta el primero de noviembre de 2012 se instaló y comenzó a trabajar. Durante los primeros meses, contó con un equipo mínimo: sin experiencia para determinar el riesgo que una persona corre a causa de ejercer el periodismo o defender los derechos humanos; sin tener claro qué tipo de medidas podrían ser adecuadas para protegerlos.

Tras 18 meses, el mecanismo probó ser un desastre. Al menos cien casos esperaban el análisis de riesgo y la determinación de medidas protectoras. Faltaban una metodología precisa, recursos económicos necesarios para implementar disposiciones. La crisis llegó a su punto más álgido el 23 de marzo de 2014: defensores y periodistas integrantes del consejo suspendieron su participación hasta que la situación tuviera remedio.

A raíz de esto, una nueva Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo, nombrada para hacerlo más eficiente, se dio a la tarea de terminar con el rezago de casos. Para finales de 2014, alcanzó su objetivo, y a la par inició un proceso de fortalecimiento, que a la fecha continúa.

Luego de tres años y ocho meses, en los que el Mecanismo funcionó para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, ¿qué balance es posible?

¿Qué ha consolidado?

• Un equipo de personas suficientemente calificadas, que realizan estudios para determinar el tipo de riesgo y proponer medidas pertinentes en cada situación.
• Establecimiento de los procesos y procedimientos de funcionamiento; quedó atrás la discrecionalidad.
• Metodologías definidas y especializadas para evaluar el riesgo a mujeres defensoras y periodistas, así como para grupos y organizaciones.
• Puesta en marcha de las medidas de protección en plazos razonables. Además, ya cuenta con recursos económicos suficientes para mantenerlas.
• Integración de un equipo mínimo para formar la Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis. Comenzó a evaluar la efectividad de las medidas de protección; por ejemplo, la medida del “botón de pánico”. También realizó un diagnóstico sobre la situación de los periodistas en Veracruz, y un plan de contingencia actualmente vigente.

Al 31 de mayo de 2015, el Mecanismo protege a 453 personas. Alrededor de 60 por ciento son defensoras de derechos humanos; el resto, periodistas.

Entre los desafíos que enfrenta están:

• Falta de personal. Parte de las plazas laborales no tienen el nivel correspondiente a la carga de trabajo y responsabilidad, lo que origina una alta rotación.
• La administración de los recursos para su funcionamiento dependen de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, lo cual le torna lento y burocrático; todo lo contrario a su deber ser.
• Entre los meses de octubre y marzo de cada año, hay insuficiencia de recursos, que limita el trabajo y alarga los procesos de protección.
• A pesar que existe una metodología especializada para evaluar el riesgo de mujeres defensoras y periodistas, y otra para evaluar colectivos, la última no ha logrado asumirse por completo en el equipo.
• No cuenta con apoyo psicológico para víctimas.

En síntesis: el mecanismo no va consolidándose como una opción de protección para periodistas y defensores de derechos humanos que están en riesgo, a causa de su actividad. Más aún, persisten dos problemas serios.

El primero es la impunidad presente cuando un periodista o defensor denuncia alguna agresión, y el resultado más probable es que la investigación sea descartada a priori como consecuencia de su actividad profesional, o bien que la indagación gire en torno a su vida personal. Este problema trasciende al Mecanismo, pues tanto procuradurías como fiscalías responsables de la investigación exhiben una efectividad prácticamente nula.

El segundo es que el origen de las agresiones contra quienes integran estos colectivos no es atendido. Esto es: hay protección, pero no atención sobre la raíz del riesgo. Por ejemplo, una comunidad se resiste a la instalación de una represa en su territorio, lo cual origina ataques y agresiones en su contra. El Mecanismo está encargado de protegerla, mas no cuenta con la capacidad para intervenir en lo referente a la construcción de la represa; son otras áreas de gobierno las responsables.

La existencia del mecanismo es necesaria y adecuada, aunque no suficiente. Resulta que todas sus respuestas serán parciales, en tanto no exista una política general de respeto a los derechos humanos y las áreas de gobierno impulsen políticas públicas abiertamente contrarias a éstos.

El presidente y el secretario de Gobernación han dicho que el respeto a los derechos humanos es esencial para el gobierno; también, que el Mecanismo es una prioridad para Peña Nieto. Sin embargo, con sus acciones concretas manifiestan que lo dicho por ambos es puro discurso. No hay evidencia en la realpolitik.

 

* Edgar Cortez es coordinador del área de Seguridad y Justicia Ciudadana del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (@IMDHyD). De 1994 a 2004 fue director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez