Sociedad: ¿freno o motor de la corrupción?

“Cuando líderes y altos funcionarios abusan de su poder para usar fondos públicos en beneficio propio, el crecimiento económico se ve minado y los esfuerzos por frenar la corrupción quedan frustrados”. 

José Ugaz, Transparency International

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción, bajo el argumento de que se trata de un “complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países (…) atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los ‘gastos iniciales’ requeridos por la corrupción”.

Sin embargo, el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, recientemente publicado por Transparencia Internacional, que evalúa con base en una escala de 0 a 100 –donde 0 es muy corrupto y 100 nada corrupto-, muestra que 121 de los 175 países evaluados obtuvieron una calificación por debajo de los 50 puntos. Esto es alarmante ya que, a pesar de los esfuerzos preventivos realizados por la ONU y organismos no gubernamentales (ONG’S), la corrupción a nivel global sigue sin registrar mejoría.

El caso de México no es diferente. En los últimos dos años su calificación dentro del Índice de Percepción de la Corrupción ha sido de 34 puntos. Si bien en 2014 subió a 35 puntos ubicándose en la posición 103 de 175 países, este aumento de apenas un punto indica que la corrupción sigue imperando en el país. Si se compara con otros bloques político-económicos, el país ocupa los últimos lugares en percepción de corrupción según este Índice. Por ejemplo, México ocupa la posición 17 de 19 en el G20[1] y el 34 de 34 en la OCDE.

Por otro lado, otros índices e indicadores que miden la corrupción concuerdan en que la percepción de corrupción en México no ha mejorado, sino todo lo contrario. De acuerdo al Barómetro de las Américas (2012), 77% de los mexicanos perciben altos niveles de corrupción en el sector público, mientras que la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (2013) estima que 88% de la población considera que la corrupción es una práctica “frecuente” o “muy frecuente”. Asimismo, el Barómetro Global de la Corrupción (2013) destaca que 71% de los mexicanos opina que los niveles de corrupción han aumentado en los últimos dos años.

[contextly_sidebar id=”FcMRthBMTyinfjlxkhx50FwtFAoWa3SI”]La altísima percepción de corrupción en México está basada en hechos reales y cotidianos, tal y como se aprecia en las noticias que han acaparado los titulares de los principales medios de comunicación durante 2014 y que empiezan a alarmar a la sociedad por la opacidad y falta de apego a la ley con que se conduce la “clase política”. Por nombrar algunos de ellos: tráfico de influencias en los procesos de licitación, “moches” para que diputados otorguen más recursos a ciertos municipios o estados, conflictos de interés acentuados por la aprobación o el rechazo de ciertas reformas estructurales, cuentas públicas incompletas y que no son revisadas, nula rendición de cuentas del gasto presupuestario, declaraciones patrimoniales incompletas, omisión o flexibilidad de la ley y más.

Sin embargo, el poco empoderamiento e interés de la sociedad en denunciar y combatir este problema hace que estas redes de corrupción sigan creciendo al tiempo que carcomen todo rastro de democracia y estabilidad gubernamental. El papel de los ciudadanos sólo se limita a la indignación, más no a la exigencia de rendición de cuentas ni fincamiento de responsabilidades. Peor aún, también nosotros como individuos recurrimos a prácticas corruptas, ya sea para agilizar algún trámite o para obtener el menor costo de afectación, llámese monetario, administrativo o legal. De ahí que las prácticas de corrupción parecieran ser un método de supervivencia en donde todos somos víctimas y victimarios al mismo tiempo.

Es necesario empezar a crear verdaderos mecanismos de gobierno abierto y colaboración ciudadana, conforme a los cuales la transparencia y rendición de cuentas sean las directrices del funcionamiento del gobierno. Además, se debe buscar la manera de resolver las necesidades y cuestionamientos de los ciudadanos mediante instituciones públicas fuertes y garantes del derecho de acceso a la información para poder, así, vigilar más de cerca a los entes públicos, evaluar el uso de los recursos y exigir explicaciones cuando sean necesarias. El camino es bastante largo y sinuoso como para seguir permitiendo la omisión de los actores políticos e institucionales, así como la pasividad de la sociedad. Si cada pueblo tiene el gobierno que se merece, entonces el reclamo debe ser no sólo al gobierno corrupto sino al pueblo que se lo ha permitido. Una sociedad que no exige cuentas merece un gobierno que no las rinde.

 

* Rocío Aguilar (@Chii0_) es investigadora en Integralia Pública.

 

 

[1] El vigésimo miembro del G20 es la Unión Europea. México empata con la misma calificación y posición en el Índice que Argentina, únicamente Indonesia y Rusia obtuvieron peor calificación.