Claudia Ramos · 29 de enero de 2026
En México, hablar de derechos humanos se ha vuelto cada vez más incómodo. No porque las violaciones hayan disminuido, sino porque el espacio para nombrarlas se ha ido estrechando. En un contexto marcado por reformas profundas al andamiaje institucional, por la concentración del poder político y por una narrativa oficial que suele reducir la crítica a oposición, la labor de la sociedad civil adquiere un valor democrático insustituible.
En este escenario se presentó recientemente ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un informe paralelo elaborado de manera colectiva por organizaciones de la sociedad civil, personas defensoras y especialistas en distintos ámbitos. 1 El documento se inscribe en el proceso de evaluación periódica que el Estado mexicano tendrá en febrero de 2026 respecto del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado del que México es parte desde 1981 y que establece obligaciones claras en materia de libertad personal, debido proceso, independencia judicial, participación política, libertad de expresión y protección frente a abusos del poder.
Los informes paralelos cumplen una función esencial dentro del sistema internacional de derechos humanos. No tienen como propósito sustituir la voz del Estado ni desacreditarla. Su objetivo es aportar información independiente, contextualizada y basada en la experiencia directa de quienes acompañan víctimas, documentan violaciones y trabajan cotidianamente en los territorios. Sin estas miradas, la evaluación internacional corre el riesgo de convertirse en un ejercicio meramente formal, limitado a cifras oficiales y discursos institucionales.
El informe parte de una preocupación compartida. En los últimos años se han acumulado decisiones legislativas, administrativas y judiciales que, analizadas de manera conjunta, muestran un debilitamiento progresivo de los contrapesos democráticos. Reformas que vistas de manera aislada pueden parecer técnicas, pero que en su conjunto modifican el equilibrio entre poderes y reducen las garantías de protección frente al abuso estatal.
Uno de los ejes centrales del documento es la reforma judicial y su impacto en la independencia de jueces y tribunales. La sustitución masiva de personas juzgadoras, los cambios en los mecanismos de designación y la creación de órganos con amplias facultades disciplinarias han generado preocupaciones legítimas sobre la autonomía judicial. Cuando la justicia pierde independencia deja de ser un límite al poder y se convierte en una extensión de éste. Para una democracia constitucional ese es uno de los riesgos más graves.
A ello se suma el debilitamiento del derecho de acceso a la información y la desaparición de instancias autónomas que durante años funcionaron como garantes frente a la opacidad. El informe documenta cómo la ampliación de causales de reserva y la fragmentación institucional reducen la posibilidad de que la ciudadanía conozca, cuestione y supervise el ejercicio del poder público. Sin transparencia la rendición de cuentas se vuelve una promesa vacía.
Otro de los temas abordados es la creciente militarización de funciones civiles. Lejos de avanzar hacia el retiro progresivo de las fuerzas armadas de tareas de seguridad pública como lo han recomendado organismos internacionales, el Estado mexicano ha ampliado su presencia en ámbitos que van desde la seguridad hasta el control migratorio y la inteligencia. Este proceso ha incrementado la opacidad y ha tenido impactos profundos en derechos humanos, particularmente en contextos de detención y uso de la fuerza.
El informe también advierte sobre la consolidación de un modelo de vigilancia digital con controles insuficientes. La centralización masiva de datos personales, el acceso a información sensible sin control judicial previo y la participación de instancias militares en tareas de inteligencia configuran un escenario preocupante para el derecho a la privacidad. La tecnología, sin límites claros, puede convertirse en una herramienta de control incompatible con una sociedad democrática.
En materia de libertad personal, el documento subraya la persistencia y expansión del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. A pesar de las recomendaciones reiteradas del propio Comité de Derechos Humanos y otros organismos internacionales -como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria o las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-, esta figura continúa utilizándose de manera amplia, afectando de forma desproporcionada a personas en situación de pobreza, mujeres, personas indígenas, población migrante y otros grupos en contextos de vulnerabilidad. La privación de la libertad sin sentencia se ha normalizado, erosionando la presunción de inocencia y profundizando la crisis penitenciaria.
En esa tesitura, el sistema penitenciario ocupa también un lugar central en las problemáticas del informe. El hacinamiento, la sobrepoblación, la falta de servicios básicos y la persistencia de actos de tortura y malos tratos muestran que la privación de la libertad en México continúa marcada por la violencia institucional. La cárcel sigue funcionando como un espacio de castigo y exclusión más que como un mecanismo orientado a la reinserción y cohesión social.
La situación de las personas migrantes es otro de los puntos críticos. El informe da cuenta de políticas de contención que derivan en detenciones arbitrarias, incomunicación, violencia y falta de acceso a recursos legales efectivos. La criminalización de la migración, sumada a la militarización del control fronterizo, ha producido uno de los escenarios humanitarios más graves del país.
El panorama de problemáticas sobre derechos humanos documentado por el informe muestra un entramado estructural que impacta directamente en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. La preocupación central trasladada al Comité se aterriza en la reducción de garantías, la eliminación de contrapesos y la concentración del poder que debilitan la democracia y abren la puerta a formas de autoritarismo legalizado.
Por ello el documento concluye con una serie de peticiones dirigidas al Comité de Derechos Humanos para que, en el marco del diálogo con el Estado mexicano, formule cuestionamientos precisos y emita recomendaciones orientadas a revertir estos retrocesos. La intención no es acusar sino generar compromisos verificables que fortalezcan el Estado de derecho y la protección efectiva de los derechos humanos.
La presentación de este informe colectivo confirma que la sociedad civil sigue siendo un actor indispensable para la vida democrática del país. En tiempos de polarización su labor no es confrontar sino documentar. No es deslegitimar sino exigir coherencia entre los compromisos internacionales y la realidad cotidiana.
Cuando los espacios internos de escucha se reducen, el sistema internacional se convierte en una vía legítima para recordar que la dignidad humana no admite excepciones y que la democracia, más allá de medirse por elecciones, se garantiza fijando límites reales al poder.
*José Luis Gutiérrez Román (@JLuisASILEGAL) es Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Director General en ASILEGAL @AsíLegalMx.
1 Article 19, Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL), Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Consultora Solidaria, Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Intersecta, Organización para la Igualdad A. C., Manifiesta Tu Ciudadanía y México Evalúa, coordinados por Michael Chamberlin de Consultora Solidaria.