blogeditor · 23 de diciembre de 2020
México es el centro de origen y diversidad del maíz y de muchos otros cultivos. El maíz nativo ha estado presente en las culturas mesoamericanas por casi 9 mil años y ha sido un componente central en la dieta de estos pueblos por casi 3 mil. Actualmente continúa siendo un alimento básico en México y uno de los cuatro cultivos más importantes en el mundo. Estos elementos deben considerarse cuando analizamos las implicaciones que las políticas neoliberales tienen para la soberanía nacional de las semillas.
El movimiento de soberanía de las semillas se puede conceptualizar como una respuesta social que las reclama como un bien común y que busca frenar y revertir el proceso de concentración corporativa sobre ellas. Aquí deseo analizar cómo esta relación entre expansión capitalista y contra-movimientos sociales en torno a las semillas se concreta en el caso de México.
Por una parte, hemos observado un proceso de liberalización económica de la agricultura mexicana y del sector nacional de semillas, particularmente en el marco de los tratados de libre comercio. Nuestro país ha ido paulatinamente reformando su sistema nacional de semillas para adaptarse al régimen internacional de derechos de propiedad intelectual sobre variedades vegetales, y así articular el mercado nacional con el internacional. En 1997 México adoptó el Acta 1978 de la Unión para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas (UPOV), y, con las más recientes firmas del T-MEC, el Acuerdo Transpacífico y el Acuerdo con la Unión Europea, se comprometió a adoptar el Acta UPOV-91. Esta última expande los derechos de propiedad intelectual sobre semillas patentadas de 18 a 25 años, dependiendo de la especie, y amplía la protección a toda su cadena de valor, incluyendo el material cosechado y los actos comerciales.
En 2018, las cuatro corporaciones transnacionales líderes en el sector internacional de semillas controlaban más del 90% del mercado mexicano correspondiente. Cabe mencionar que el 53.3% de nuestro mercado está enfocado en semillas mejoradas de maíz, y tan solo una tercera parte lo abastecen compañías nacionales. Al tema de la concentración corporativa en el sector nacional de semillas vale la pena agregar el incremento en las importaciones de maíz amarillo estadounidense en grano, el cual es destinado al uso industrial. Hoy en día, México se ha constituido como el primer mercado a nivel mundial de maíz estadounidense. Para el periodo 2016-2020, hemos importado, en promedio, 13.7 millones de toneladas al año, y el 95% de estas importaciones son de maíz amarillo transgénico.
Sin embargo, a pesar de este panorama que puede parecer desalentador, vale la pena decir que México continúa siendo autosuficiente en la producción de maíz blanco para consumo humano (en 2019 se produjeron 27 millones de toneladas). Por supuesto, hay que cuestionar esta autosuficiencia si evaluamos que al menos dos terceras partes del mercado mexicano de semillas de maíz están en manos de corporaciones transnacionales.
También hay que destacar la perseverancia de la agricultura campesina basada en la reproducción de las semillas nativas de maíz, a pesar de los 25 años de liberalización comercial en este sector. Actualmente, de acuerdo con el INEGI, cerca de tres cuartas partes de todas las semillas de maíz usadas en México son de origen campesino; es decir, son semillas que los agricultores seleccionan de sus cosechas para su siembra en el siguiente ciclo agrícola, y de éstas, 75% son nativas. Más aún, los campesinos continúan teniendo una contribución muy significativa a la soberanía alimentaria de México: tan solo en 2010, la agricultura campesina aportó 25.5% de la producción nacional de maíz, con un potencial para alimentar 54.7 millones de personas. Este dato no es nada insignificante si consideramos el proceso exhaustivo de descampesinización impulsado por los gobiernos mexicanos desde 1982.
El proceso de liberalización del sector mexicano de maíz no ha avanzado sin desencadenar fuertes respuestas de oposición por parte de la sociedad civil, tanto en el ámbito rural como en el urbano, lo cual ha dado paso a un complejo proceso de balance entre liberalización económica y protección. Muchos movimientos sociales nacionales, como “El campo no aguanta más”, “Sin maíz no hay país” o la “Red en Defensa del Maíz”, y cientos de iniciativas locales provenientes de comunidades indígenas y campesinas han tenido logros muy importantes. Por ejemplo, la limitación del cultivo de organismos genéticamente modificados (OGM) en el país. A pesar de nuestra cercanía con Estados Unidos, hemos resistido exitosamente, aunque no sin dificultades, la presión de empresas transnacionales y sus gobiernos por cultivar maíz transgénico en el territorio nacional. Otro logro fundamental de estos movimientos ha sido destacar y revalorizar las contribuciones de la agricultura campesina, no sólo para la seguridad alimentaria del país, sino también para la conservación y evolución de la agrobiodiversidad, un tema que ha tomado mucha relevancia en el contexto de cambio climático.
El caso de México ilustra las potencialidades de los movimientos sociales para frenar el avance capitalista sobre las semillas y la agricultura; sin embargo, el reto principal, como lo plantea Kloppenburg, no es sólo prevenir la apropiación de los bienes comunes, sino lograr recuperar aquellos bienes que ya fueron privatizados. También existe la necesidad de establecer espacios colectivos y formas de producción más justas y sustentables que favorezcan la reproducción y cuidado de los bienes comunes. Aunque estas iniciativas ya proliferan a nivel local, aún es necesario articular una agenda nacional que permita revertir el proceso de corporatización del sector mexicano de semillas, el cual ha avanzado sin detenerse por más de tres décadas.
* Carol Hernández es doctora en Sociología por la Portland State University, Oregón, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y colaboradora del Programa Universitario de Bioética. Su área de especialización es la Sociología en estudios agrarios críticos, particularmente el estudio de movimientos sociales indígenas y campesinos enfocados en soberanía de semillas, agroecología y adaptación de la agricultura campesina al cambio climático.