Joel Aguirre · 15 de septiembre de 2026
Hay una discusión que México necesita recuperar: prestar servicios de salud y conducir el sistema de salud son responsabilidades distintas. Que los servicios estén a cargo del IMSS-Bienestar, el IMSS, el ISSSTE o los gobiernos estatales no significa que la Secretaría de Salud sea prescindible.
Al contrario. En un sistema fragmentado, alguien tiene que establecer las prioridades nacionales, coordinar instituciones, vigilar resultados, prevenir riesgos, conducir las políticas de salud pública y asegurar que las distintas piezas funcionen como un sistema. Esa es la rectoría.
Mientras el gobierno ha concentrado la prestación de servicios en otras instituciones, también ha debilitado la capacidad presupuestaria de la Secretaría de Salud para ejercer esa función. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 propone para la Secretaría de Salud 72,300 millones de pesos. En 2018 tenía 122,600 millones. Son 50,300 millones de pesos menos y una reducción de 60.2 % en términos reales.
El desmantelamiento se observa también en programas que desaparecieron del presupuesto de la Secretaría. Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes desapareció justo cuando México enfrenta una de las mayores cargas de enfermedades crónicas. Vigilancia Epidemiológica también desapareció, reduciendo la capacidad para detectar y responder oportunamente ante emergencias sanitarias. Lo mismo ocurrió con Prevención y atención del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), así como con Asistencia social y protección del paciente.
Incluso el programa Rectoría del Sistema Nacional de Salud, que lleva el nombre de la función que debería sostener al sistema, muestra una caída real de 11.7 % entre 2018 y 2027. La señal es clara: el gobierno ha concentrado la prestación de servicios en el IMSS-Bienestar y, al mismo tiempo, ha debilitado a la institución responsable de conducir, coordinar, prevenir y vigilar al conjunto del sistema.
Esto resulta especialmente delicado cuando el propio gobierno acaba de anunciar el Sistema Universal de Salud, cuyo objetivo es universalizar el acceso mediante los distintos subsistemas existentes. No se puede construir un sistema universal sin una autoridad sanitaria capaz de conducirlo. Una política de esa magnitud requiere más, no menos, capacidad de rectoría: alguien tendrá que coordinar instituciones, establecer reglas comunes, definir prioridades, medir resultados y garantizar que la integración no se quede solamente en el discurso.
Un sistema de salud puede tener hospitales, clínicas y médicos suficientes en distintas instituciones y, aun así, carecer de una autoridad capaz de conducirlo. La Secretaría de Salud no necesita administrar todos los hospitales para ser indispensable. Necesita contar con las herramientas para establecer prioridades, coordinar esfuerzos y garantizar que las instituciones respondan a una política sanitaria común, basada en prevención, evidencia y coordinación.
Ese es el verdadero problema del presupuesto para 2027. No solamente se reducen recursos: se reducen capacidades. Y cuando un Estado pierde capacidad para conducir su sistema de salud, las consecuencias terminan llegando a los pacientes, aunque no aparezcan de inmediato en una cifra presupuestaria.
La discusión, por tanto, no debería centrarse únicamente en quién presta los servicios, sino en quién tiene la responsabilidad de que el conjunto funcione. Una cosa es reorganizar la prestación. Otra muy distinta es quedarse sin rectoría sanitaria. Y eso es lo que estos números comienzan a mostrar: el desmantelamiento de la capacidad del Estado para conducir su sistema de salud.♦