Redacción Animal Político · 15 de junio de 2025
En el México de hoy, el discurso de seguridad se ha recrudecido. Pero más que traducirse en acciones estructurales o en una política pública integral, ha encontrado su vía más expedita en las detenciones masivas y en el incremento sostenido de la población penitenciaria. Lejos de prevenir el delito o fortalecer el acceso a la justicia, lo que estamos viendo es un retorno peligroso al populismo punitivo: una respuesta reactiva, improvisada y profundamente lesiva de derechos.
Las cifras son contundentes. En diciembre de 2024, los centros penitenciarios del país albergaban a 235,197 personas. Cinco meses después, en abril de 2025, la población carcelaria aumentó significativamente y la sobrepoblación se duplicó, alcanzando a más de 20,000 personas. En ese mismo periodo, el número de cárceles saturadas pasó de 118 a 133, de un total de 275 en todo el país. Este crecimiento acelerado en tan corto tiempo es el síntoma de una política criminal que, en lugar de reflexionar sobre el uso de la cárcel, ha optado por llenarla a toda costa.
Detrás de estos números hay decisiones concretas. El aumento coincide con los operativos de seguridad intensificados tras el proceso electoral de 2024 y con una narrativa política que prioriza las detenciones por encima del respeto a las garantías procesales. Tan solo en febrero y marzo de este año, los ingresos a prisión superaron los 16 mil por mes, rebasando las cifras promedio observadas durante los últimos años. Este incremento no responde a una mejora en las capacidades del sistema de justicia, sino a una presión institucional para mostrar resultados inmediatos, aunque ello implique sacrificar derechos y saturar aún más las cárceles.
Pero no es únicamente el discurso de seguridad el que explica esta situación. La prisión preventiva continúa siendo utilizada de forma indiscriminada, aun cuando su aplicación debe ser, por mandato constitucional e internacional, una medida de carácter excepcional. La figura de la prisión preventiva oficiosa, que permanece vigente en México a pesar de su evidente inconvencionalidad, ha servido como herramienta de encarcelamiento automático que evade el análisis individualizado y produce una carga innecesaria sobre el sistema penitenciario. Hoy, miles de personas se encuentran tras las rejas sin haber recibido sentencia, muchas de ellas por delitos no graves y en condiciones que rayan en la crueldad institucional.
A esta política de encierro indiscriminado se suma la parálisis ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a los juicios de amparo en revisión relacionados con la prisión preventiva, así como a las presiones recientes desde la Presidencia de la República para dilatar la discusión sobre la inaplicación de esta medida cautelar de manera automática. Esta situación ha afectado particularmente a las personas privadas de libertad, quienes han visto canceladas sus posibilidades de obtener una respuesta judicial oportuna.
La falta de jueces de ejecución penal especializados en muchas entidades federativas no ha hecho sino agravar esta situación. La ejecución penal, que debería ser un espacio de garantías y evaluación constante del cumplimiento de la pena, se encuentra abandonada, desarticulada y desprovista de recursos.
Las consecuencias de esta política de encierro masivo son múltiples y devastadoras. En primer lugar, se profundizan las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Las condiciones de hacinamiento impiden el acceso efectivo a la salud, a la alimentación, al descanso y a la integridad física. Dormir en el suelo, carecer de colchonetas, de agua potable o de atención médica adecuada es una realidad cotidiana en decenas de cárceles del país. En segundo lugar, se eleva el nivel de violencia al interior de los centros, tanto por conflictos entre personas privadas de libertad como por la pérdida de control institucional ante la saturación de espacios. El personal penitenciario se encuentra rebasado, mal capacitado y muchas veces trabaja en condiciones de riesgo extremo.
Además, desaparecen todas las posibilidades de reinserción social. En un centro saturado no hay espacio para talleres, programas educativos, atención psicosocial ni actividades productivas. La reinserción, entendida como un proceso integral y digno, se convierte en una ficción. Lo que queda es el encierro por el encierro mismo. Por si fuera poco, el riesgo sanitario se multiplica. En condiciones de hacinamiento, infecciones respiratorias, gastrointestinales y contagiosas como la tuberculosis o el VIH encuentran terreno fértil. La omisión del Estado en garantizar atención médica adecuada provoca muertes evitables y refuerza el abandono institucional.
En este contexto, la cárcel se vuelve un espacio de castigo desproporcionado, donde la exclusión se perpetúa. Hay que decirlo con claridad: no todos son castigados por igual. La gran mayoría de las personas encarceladas proviene de contextos de pobreza, marginación o discriminación. El sistema penal funciona como un filtro de clase, género y raza. Se encarcela a quienes menos pueden defenderse. La prisión no refleja la peligrosidad social, sino la desigualdad estructural del país.
A pesar de ello, el discurso hegemónico insiste en oponer seguridad a derechos humanos, como si fueran conceptos incompatibles. Pero eso es un falso dilema. No hay seguridad posible cuando se vulneran los derechos básicos. Llenar cárceles no ha reducido el delito ni ha hecho más seguras nuestras comunidades. Por el contrario, ha agudizado la crisis del sistema de justicia y ha vuelto más violentos y caóticos los espacios donde deberían garantizarse procesos de reinserción y justicia.
Lo urgente es detener esta lógica. El Estado mexicano debe abandonar la política de castigo inmediato y avanzar hacia una política criminal racional, garantista y con perspectiva de derechos humanos. Eso implica revisar profundamente el uso de la prisión preventiva, implementar medidas alternativas al encarcelamiento, fortalecer la justicia de ejecución penal, garantizar condiciones dignas en los centros de reclusión y aplicar los instrumentos internacionales como las Reglas Mandela, las Reglas de Bangkok y las Reglas de Tokio. Es necesario crear una política nacional de despresurización penitenciaria que parta del reconocimiento de la prisión como una medida de último recurso.
No podemos seguir naturalizando el hacinamiento, la muerte y la exclusión. El sistema penitenciario no debe ser el destino inmediato de los problemas que el Estado no quiso resolver por otras vías. No se trata solo de denunciar el colapso, sino de construir salidas. Porque llenar cárceles no es hacer justicia. Es renunciar a ella. Frente a eso, callar también es una forma de complicidad.
*José Luis Gutiérrez Román es defensor de derechos humanos con trayectoria en litigio, incidencia y análisis del sistema penitenciario mexicano. Dirige ASILEGAL y es Doctor en Derecho por la UNAM. Cristopher Alexis Sánchez Islas es defensor de derechos humanos con experiencia en igualdad y no discriminación. Coordina el área de Defensa Integral de ASILEGAL y es Consejero Ciudadano del CCPED.