El sistema jurídico mexicano frente a la desigualdad

Por: Guillermo Raúl Zepeda Lecuona

La desigualdad es uno de los mayores desafíos de México: influye en el aumento de la impunidad y la vulnerabilidad de las personas; merma la movilidad social, y frena la economía.

México está entre el 25 % de los países más desiguales del mundo; es el segundo más desigual entre los 34 países de la OCDE (después de Chile). Cuatro mexicanos concentran 9 % de la riqueza del país, y el 10 % de los mexicanos de mayores ingresos concentran la mitad de la riqueza nacional, mientras que el 46 % de la población vive en pobreza extrema.

Entre los factores que explican la magnitud de la desigualdad, así como la ampliación de la brecha entre los más ricos y los que menos tienen, se suelen analizar los ingresos de la población y el acceso a los servicios de educación y de salud. Sin embargo, pocas veces se ha analizado el impacto de variables del Estado de derecho como la creación de normas, la adjudicación de derechos, el acceso a la justicia o la impunidad, en las asimetrías sociales y en la distribución inequitativa de la riqueza, de las oportunidades y de la vulnerabilidad.

En el estudio publicado por Impunidad Cero el pasado 11 de julio, la evidencia muestra que el diseño y operación del sistema jurídico mexicano no sólo no atempera o revierte la polarización del desarrollo y la escasa distribución de la riqueza, sino que en ciertos ámbitos llega a exacerbar la desigualdad y la impunidad.

En lo que se refiere al diseño del marco normativo, los grupos de interés y grandes empresas realizan cabildeos para obtener normas jurídicas favorables o que contemplen complejos procesos de aplicación para dejar abiertos escenarios de no aplicación. En los órganos legislativos se obtienen privilegios fiscales, normas y políticas públicas que no protegen al medio ambiente, a los consumidores, a los trabajadores ni a los grupos vulnerables. Existe una reducción, ineficacia y violación impune de los derechos de los sectores más vulnerables del país (incluyendo derechos ambientales de las siguientes generaciones).

En lo referente a la aplicación de las normas y el sistema de justicia también se favorece indebidamente la exacerbación de la desigualdad. En primer lugar el 1 % de los mexicanos de mayores ingresos (que concentran el 21 % de la riqueza nacional), suelen establecer en sus contratos cláusulas de arbitraje internacional o se someten a los tribunales de ciudades de Estados Unidos para evadir la incertidumbre, lentitud y corrupción de los tribunales mexicanos.

El 30 % de los mexicanos que está en pobreza alimentaria y no tiene acceso a las instituciones en general ni a las de justicia en particular. Su exclusión y marginación también es legal. Su nivel de vulnerabilidad frente a la violación de sus derechos es alto. Su capacidad de defensa es casi nula y depende de las llamadas redes sociales (familiares con mayores ingresos, despachos de servicio social). Por ello los casos en controversias judiciales de seis mil pesos o menos son apenas el 10% (Magaloni y Negrete, 2002).

Para la mayoría de los mexicanos participar en un proceso judicial es una inversión considerable. Enfrentan muchas desventajas tanto por la incertidumbre, corrupción, como por la escasez en el control de calidad de los servicios de asesoría jurídica disponibles.

El amparo es un mecanismo jurídico que, contrario a lo que se pretende en  su diseño original, ha devenido en una institución social “regresiva” (beneficia a quienes más tienen por ser los que pueden acceder a este costoso y complejo recurso, excluyendo a las personas de menores ingresos). Acceder al amparo requiere numerosos recursos: dinero, tiempo y asesoría técnico-jurídica. Sobra decir que la mayoría de la población en México carece de ellos.

Es poco accesible y en casi el 90 % de los casos no se llega a resolver el fondo del asunto: determinar si hubo o no la violación de un Derecho Fundamental.

Los sectores de mayores ingresos pueden actuar con mayor certidumbre y mejor asesorados. La vulnerabilidad, incertidumbre y exposición a la impunidad aumentan a medida que se esté más abajo en el nivel de ingresos. La impunidad y la ineficacia de los derechos transfieren riqueza de abajo hacia arriba.

México se encuentra frente a un reto de suma importancia. La agenda de transformación institucional es ardua y compleja, pero también es impostergable. Es indispensable la participación ciudadana para informar y crear observatorios y otras modalidades de auditoría social. Urge la certificación de los profesionales del derecho y la supervisión de su desempeño, el establecimiento de un sistema de asesoría jurídica gratuita de calidad; realizar una reforma judicial integral que garantice independencia judicial; una reingeniería de procedimientos para reducir la duración e incertidumbre de los procesos. Sólo de esta forma se terminará con la complicidad de las formas jurídicas con la injusticia, la impunidad y la desigualdad en nuestro país.

Consulta la investigación completa aquí.

 

 

* Guillermo Raúl Zepeda Lecuona es doctor en Derecho con especialización en Sociología del Derecho por la UNAM. Investigador de Impunidad Cero y director de Jurimetría Iniciativas para el Estado de Derecho A. C. y académico de El Colegio de Jalisco.