Sistema Anticorrupción a la morelense

Por: Vera Sisniega (@VeraSisniega)

Morelos es la entidad del país con más víctimas de corrupción. En el estado de Zapata, por cada 100 mil personas que interactúan con una autoridad, a 20 mil de ellas se les exigen un pago extraoficial. Esta cifra rebasa con mucho el promedio nacional que es de 12 mil víctimas de corrupción por cada 100 mil habitantes (INEGI, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015).

A pesar de lo anterior, los diputados morelenses no quieren gastar en combatir a la corrupción. Con el pretexto de ahorrar recursos, la iniciativa de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, presentada el pasado 7 de septiembre por el diputado perredista Enrique Javier Laffitte Breton, omite aspectos centrales que sí están presentes en el Sistema Nacional Anticorrupción.

En la propuesta del legislador perredista, integrante del mismo partido que el gobernador del estado, no se incluye la figura del Secretario Técnico -que sí existe a nivel nacional- ni tampoco a la Comisión y a la Secretaría Ejecutiva. El legislador propone ahorrar presupuesto dándole las funciones de estas tres instancias a la fiscalía anticorrupción.

Como sucedió en Veracruz y en Quintana Roo, en Morelos también se nombró al fiscal anticorrupción antes de la promulgación de la ley del Sistema Nacional Anticorrupción e, igualmente, se designó como fiscal a un allegado al gobernador. El abogado Juan Salazar Núñez pasó de encabezar la dirección jurídica del gobierno de Morelos a la fiscalía anticorrupción.

Sin embargo, a diferencia de Veracruz y Quintana Roo, donde la oposición impugnó ante la Suprema Corte estos nombramientos, en Morelos nadie buscó la protección de la justicia. Así que mientras en aquellas entidades la Corte los echó abajo pues aún no se habían expedido las leyes generales del sistema, en Morelos continúan vigentes. Además, el congreso morelense también designó a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

A pesar de la claridad de la sentencia de la Suprema Corte, los legisladores locales no solo no han revertido estos nombramientos sino que buscan perpetuar el error. Mientras a nivel federal se creó la Comisión de Selección, figura inédita en la legislación mexicana que elegirá a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, en la iniciativa que se discute en Morelos esta figura no aparece y el nombramiento de los integrantes de este comité está en manos del congreso.

Con estas omisiones, prácticamente, queda desmantelado el sistema anticorrupción morelense. De aprobarse la iniciativa en los términos que la presentó el diputado perredista Enrique Laffitte se hará oficial que, en Morelos, el combate a la corrupción es una simulación. Ojalá los legisladores locales recapaciten.

* Vera Sisniega es integrante de la organización Morelos Rinde Cuentas (@RindeCuentasMor).