Políticas fiscales al servicio de los derechos humanos

La política fiscal –la manera en que el Estado recauda y gasta nuestros recursos– debería jugar un rol más importante en la garantía de los derechos humanos. Un obstáculo que impide que esto sea posible consiste en que la política fiscal no suele ser evaluada conforme a las obligaciones de derechos humanos contenidas en diversos tratados internacionales. Aunque existen casos aislados en los que este ejercicio ha sido viable, en general los pactos internacionales que asumen los Estados latinoamericanos lamentablemente no suelen ser aplicables cuando las violaciones de derechos humanos se deben a la falta de recursos públicos.

Bajo este contexto, distintas organizaciones de la sociedad civil en la región latinoamericana promovemos la adopción de los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, un documento que es producto del trabajo colaborativo e interdisciplinario de siete organizaciones en Latinoamérica y un comité de personas expertas, que consolida los estándares de derechos humanos que los Estados deben seguir y respetar a la hora de implementar sus políticas de impuestos y de gasto, los cuales buscan que:

Los Estados deben, a través de su fortalecimiento y un rol activo, asegurar que la política fiscal que implementen sea socialmente justa, ambientalmente sostenible, transparente, participativa y sujeta a rendición de cuentas. Mediante la implementación de políticas fiscales, se debe buscar la eliminación de las discriminaciones estructurales y promover la igualdad sustantiva, además de garantizar de manera prioritaria los niveles esenciales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y evitar cualquier retroceso en estos aun en contextos de crisis económica. Para coadyuvar estos propósitos, los Estados pueden y deben incentivar o desincentivar ciertas conductas y externalidades a través de instrumentos de política fiscal. Por su parte, los actores no estatales (incluyendo a las empresas), tienen responsabilidades en materia de DDHH en relación con su comportamiento fiscal.

Desde nuestra perspectiva, la política fiscal debería estar al servicio de las personas y sus derechos, en vez de restringirlos y ponerlos en riesgo, conducta que se intensifica más aún en contextos de crisis económica, cuando comienza a tomar fuerza el discurso de sostenibilidad fiscal basado en políticas de austeridad.

Si aterrizamos lo anterior al caso mexicano, resulta claro que la actual política de austeridad republicana ha ido en detrimento de la garantía de derechos humanos y de los pactos internacionales que ha firmado el estado, pues se han realizado recortes presupuestarios que han restringido los recursos disponibles en materia de protección ambiental, equidad de género, salud y protección a grupos en situación de discriminación.

Por ejemplo, en el Presupuesto de Egresos 2021 se registraron disminuciones respecto al presupuesto aprobado para 2020 en la subfunción de atención a derechos humanos (-5.8% anual) y en algunos programas presupuestarios orientados a la igualdad de género (-26.7% anual) y prevención de la discriminación (-6.7% A/A). Desde una perspectiva de derechos humanos, estos recortes implican retrocesos a principios internacionales como la progresividad y el máximo uso de recursos disponibles; sobre todo porque la administración federal, a pesar de la crisis que atravesamos, asignó recursos adicionales a cierto tipo de proyectos no relacionados con la garantía de los derechos humanos.

Para avanzar hacia un sistema fiscal más justo y que ponga en el centro a las personas, la política fiscal debe diseñarse e implementarse en función de las obligaciones internacionales de derechos humanos. A través de los Principios, aspiramos a que los Estados cumplan con sus compromisos, y que las empresas y la ciudadanía aporten de forma más justa de acuerdo con su capacidad económica, y a que las personas exijan mejores políticas fiscales.

* Andrea Larios e Iván Benumea son parte del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico.