Sinaloa a un año del aborto legal: avances y retrocesos

Se cumplió un año de aborto legal en Sinaloa. Desde GIRE nos parece importante reflexionar sobre lo que ha pasado en esa entidad a raíz de la despenalización parcial y para ello compartimos un texto escrito por una de las integrantes de la colectiva feminista No se metan con nuestras hijas.

La legalización es un gran paso a los derechos, mas no la meta. ¿Cuáles son los nuevos retos que se enfrentan y cómo les hacemos cara? ¿Qué es lo que no se dice sobre el acceso a la justicia?

El 8 de marzo de 2022 los titulares comenzaron a llenar las redes con una de las noticias más polémicas del momento: “Congreso del Estado despenaliza el aborto hasta la semana 13”. Sinaloa se había convertido en el séptimo estado de la República en legalizar este derecho. Sin embargo, ante el avance que esto pudiera significar en materia de género, colectivas feministas y organizaciones internacionales advirtieron que dicha iniciativa atentaba contra los derechos reproductivos.

Con 28 votos a favor, 2 en contra y 9 abstenciones, las y los diputados aprobaron una serie de modificaciones a las leyes que permitían la interrupción del embarazo hasta la semana 13.6, superando el límite de 12 semanas que se manejaba en otros estados despenalizados. Entre otros puntos se incluyó que las instituciones públicas de salud debían brindar este servicio de manera gratuita, proteger la objeción de conciencia, y visibilizar a las mujeres en situación de cárcel que necesiten del servicio.

El dictamen impone amonestaciones para quienes después del límite estipulado recurran a un aborto. Estas penalizaciones contemplan de 20 a 50 días de trabajo comunitario o de 200 a 700 días de multa; también de 1 a 3 meses de medidas integrales, que serán decretadas por las autoridades judiciales, lo cual perpetúa la criminalización de la conducta sexual de las mujeres, como lo señalaron algunas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la discusión sobre el delito de aborto en el Código Penal de Coahuila en 2021.

Lo anterior alertó a organizaciones como GIRE e IPAS México, quienes advirtieron una serie de fallas que perjudican los derechos de las personas gestantes. Por ejemplo, la tipificación del delito de “interrupción del embarazo”, siendo “aborto” el término correcto en materia penal, así como la redacción del artículo 154 del Código Penal, que no especifica las conductas prohibidas ni qué sanciones se impondrán en caso de ejecutarlas. De esta manera, situaciones de emergencia que terminen en un parto o una cesárea prematura pueden prestarse a inconsistencias jurídicas, incluyendo los embarazos deseados.

Pero el problema no sólo quedó en materia legal. El panorama ha sido complicado para las colectivas del estado, pues aunque la legalización es un hecho, la penalización social y la falta de regulación en el tema de objeción de conciencia han sido razón de mala praxis entre médicos, lo que ha ocasionado, por ejemplo, legrados de rutina, falta de personal no objetor, desactualización de los nuevos lineamientos de salud, desabasto de medicamentos y dosis incorrectas que han creado un entorno de miedo y desinformación para las personas usuarias del servicio, muchas de las cuales han desistido de continuar con su decisión.

A lo anterior añadimos una nueva cacería de brujas, pues desde que las acompañantes han dado a conocer los protocolos necesarios para un aborto seguro, grupos anti derechos, entre los que se encuentra el Colegio de Ginecología y Obstetricia de Sinaloa, han buscado la manera de organizarse para detener la venta libre de misoprostol, alegando que desde que se legalizó el aborto en el estado grupos feministas recetan dosis peligrosas que tienen como consecuencia un número alarmante de mujeres con hemorragia y daño uterino. Lo anterior fue respaldado, incluso, por el secretario de salud, Cuitláhuac González Galindo, ignorando que el aborto en casa con medicamentos y asesoramiento ya existían antes de la legalización.

El Hospital de la Mujer declaró que de marzo a diciembre de 2022 se practicaron 307 interrupciones, cifra que no supera al número de gestantes que han solicitado ayuda a las colectivas, entre las que se encuentran pacientes de dicho nosocomio que, si bien obtuvieron receta y medicamento por parte de la institución, no siempre tienen un procedimiento exitoso o les indican legrado, por lo que se niegan a volver. Ante esto las colectivas se han pronunciado múltiples veces mediante ruedas de prensa en las que también se han dado a conocer otras violaciones a los protocolos de salud; sin embargo, las demandas han sido ignoradas.

Como consecuencia, voceras de la colectiva No se metan con nuestras hijas, con el apoyo de GIRE, han trabajado en dos amparos: uno que busca la distribución de Mifepristona más Misoprostol por parte de las instancias de salud para mayor efectividad, tal como lo marcan los lineamientos de la OMS; y otro que se centra en el aborto en casos de discapacidad sin consentimiento. Sumado a esto, las colectivas han trabajado desde hace meses una campaña de difusión, mediante papel de tortillas, teniendo como resultado que la información sobre ILE e IVE llegue a zonas donde la precariedad y la narcoviolencia dificultan el acceso a las redes de comunicación.

Sinaloa cumple un año de aborto legal, pero la lucha sigue más fuerte, más alterada y sus activistas más arremangadas.

No abortas solx, plebe. Abortamos juntxs.

* Heidy Yamilen Mares Landeros (@Heidy_Mares_) es integrante de la colectiva No se metan con nuestras hijas (@NoHijas).