Sin territorios no hay cuidado

Por Alejandra Robles y Joss Batista*

El reconocimiento internacional del racismo como violencia estructural se dio gracias a décadas de lucha impulsadas por pueblos históricamente racializados que lograron colocar la desigualdad racial en la agenda global. Un parteaguas fue la Declaración y el Programa de Acción de Durban (2001), que reconoció el carácter sistémico del racismo y, a su vez, situó a los pueblos afrodescendientes como sujetos de las políticas de igualdad y reconocimiento, impulsando iniciativas como el Año Internacional de los Afrodescendientes (2011) y el Decenio Internacional para los Afrodescendientes (2015-2024).

No obstante, las tensiones presentes desde su negociación en Sudáfrica anticiparon las dificultades para materializar esos compromisos. A 25 años de Durban, el persistente despojo territorial evidencia los límites de una agenda que amplió el reconocimiento de derechos, pero no transformó las condiciones que los violentan.

Honduras evidencia esta contradicción. Aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó proteger los territorios de comunidades garífunas desde 2015, el despojo estatal continúa. El desalojo del 6 de julio de 2026 contra integrantes de la comunidad garífuna de Tela y defensores del territorio denota que el reconocimiento de derechos resulta insuficiente cuando el propio Estado facilita su vulneración.

En Brasil la Coordinadora Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ) documentan que más de 1,600 territorios siguen sin titulación y enfrentan conflictos activos. Es un caso que muestra cómo el reconocimiento constitucional puede coexistir durante décadas con el despojo territorial.

México refleja una dimensión similar, aunque más difusa. El reconocimiento constitucional de 2019 vino acompañado de un primer conteo: el Censo de Población y Vivienda de 2020 registró aproximadamente 2.5 millones de personas afromexicanas, equivalentes al 2 % de la población total del país. Sin embargo, este número revela tanto como oculta. La mayoría de quienes se autorreconocieron se concentran en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, mientras que otras comunidades con presencia histórica igualmente documentada permanecen subregistradas. Morelos constituye un ejemplo de ello. A pesar de la amplia participación de población afrodescendiente en la conformación histórica del Estado —desde la vida cotidiana en las haciendas hasta las luchas que antecedieron a la Revolución mexicana—, la ausencia de referentes sociales e institucionales dificulta el autorreconocimiento y, con ello, el acceso a nuestros derechos territoriales y colectivos.

Este borramiento también se expresa en Córdoba, Veracruz, un territorio con una profunda presencia afrodescendiente históricamente excluida por las narrativas oficiales; la defensa del Foro Multicultural Patio de la Estrella muestra que el reconocimiento institucional no basta cuando persisten prácticas de exclusión y desplazamiento forzado. La persecución política y la criminalización de quienes defendemos el territorio se entrelazan con procesos de gentrificación y despojo impulsados, en ocasiones, por las mismas instituciones que deberían garantizar nuestros derechos.

Hablar de territorio es también hablar desde los territorios que habitamos y en los que vivimos las violencias cotidianas que responden a una misma lógica de despojo, control y desplazamiento. No se trata únicamente de la tierra, sino del espacio donde se construyen los afectos, circulan los saberes ancestrales, se transmiten las memorias y se sostienen las condiciones materiales para una vida digna. Por ello, el territorio constituye una condición para el cuidado y para la continuidad de la vida comunitaria. El territorio es el lugar donde se cuida la vida. Asimismo, profundizar en los cuidados sin hablar del territorio es vaciar el cuidado de su dimensión política. No se cuida desde el vacío, no se cuida sin agua, sin vivienda, sin salud, sin comunidad ni sin memoria. Tampoco es posible cuidar cuando el desplazamiento forzado, la persecución política hacia lxs defensores de territorio, el despojo territorial, el extractivismo, los megaproyectos, la gentrificación y el racismo reorganizan y precarizan la vida cotidiana de los pueblos negros y afrodescendientes.

Históricamente quienes han sostenido las prácticas de cuidado hemos sido las mujeres negras y afrodescendientes, como una respuesta para sostener la vida frente al proyecto colonizador que no logró borrar las formas comunitarias de habitar el mundo. Como propone Lx Santx Rebelde ¹ , el cimarronaje no puede entenderse únicamente como una huida del sistema esclavista, sino como una práctica de creación de comunidad, de imaginación política y de producción de otras formas de habitar el mundo donde el cuidado y la autonomía colectiva ocupan un lugar central. Cuando un territorio pierde sus ríos, montes o formas de organización comunitaria, también se debilitan las condiciones que hacen posible el cuidado.

Este 25 de julio, Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora recordamos que la creación de leyes, los reconocimientos nacionales o internacionales y los discursos de inclusión no transforman por sí mismos las estructuras racistas que vulneran la vida de las comunidades. A su vez, a 25 años del Plan de Acción de Durban, no dejamos de señalar que el reconocimiento a los pueblos afrodescendientes no puede reducirse a una representación simbólica mientras nuestros espacios, memorias y formas de organización continúan siendo amenazados. Por ello, hablar de sistemas de cuidados sin justicia territorial, justicia racial y reparación histórica invisibiliza las desigualdades que el racismo sigue produciendo.

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Sobre las autoras

Alejandra Robles, escribe desde Yautepec, Morelos, como antropóloga social y persona que se autoadscribe como afromexicana. Se dedica a investigar y divulgar historia y teoría negra, con un énfasis en los procesos de invisibilización de las poblaciones afromexicanas en plataformas digitales, a través del sitio “Memoria Cimarrona de Morelos” y cuentas personales.

Desde Córdoba, Veracruz, Joss Batista, escribe desde su caminar como defensora del territorio, activista antirracista, psicóloga, criminóloga y criminalista pero también como parte de una comunidad afroveracruzana que ha resistido procesos de invisibilización, despojo y exclusión. Su voz se construye desde un territorio donde actualmente atravesamos una situación de desplazamiento forzado por el gobierno y amenaza a nuestros espacios comunitarios.

Este artículo reúne sus voces como autorxs afroamexicanxs que, desde la investigación y la defensa del territorio, buscan reflexionar sobre los desafíos del reconocimiento, los cuidados y los derechos colectivos de los pueblos afrodescendientes en México.

¹ Lx Santx Rebelde “ El cimarronaje es una apuesta Afrofuturista que apuesta por la vida en medio de futuros de muerte impuestos por la blanquitud y colonialidad, el cimarronaje insta a trazar nuevos caminos..”Recuperar su voz responde a la importancia de reconocer las aportaciones de personas afroveracruzanas que reflexionan sobre el cimarronaje desde sus propios territorios. Lx Santx Rebelde forma parte de una nueva generación de voces afromexicanxs, artivista antirracista, defensorx del territorio y creadorx de contenido, que produce teoría encarnada y conocimiento situado, cuestionando la centralidad de los espacios académicos hegemónicos.