Sin tala regulatoria… tala ilegal de árboles

Por: Jesús Alarcón y Ricardo Corona (@RichCorona)

De acuerdo a la Procuraduría de Protección Federal al Ambiente (PROFEPA), entre 30 y 50% de la madera que se produce en México es de procedencia ilícita. Dicho de otra manera, en promedio cuatro de cada diez árboles que se talan no cuentan con la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).  

La magnitud de la tala ilegal en México implica las siguientes repercusiones:

• Un aumento del 8% en la tasa de deforestación, al ser una actividad que carece de un control sustentable del capital forestal.
• Reducción de 19% en la rentabilidad económica de los productores legales.
• Menor recaudación fiscal, con una pérdida impositiva directa de más de $500 millones de pesos al año.[1]

Respetar la ley sale caro

De acuerdo con diversos expertos del sector, una de las causas de la tala ilegal es la costosa y excesiva regulación forestal. En este sentido, los productores que respetan el Estado de derecho y la legalidad deben cumplir con los siguientes requisitos federales:

1. Elaborar un Programa de Manejo Ambiental (PMA).
2. Realizar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
3. Cumplir con la Norma Oficial Mexicana 152.
4. Llevar a cabo el trámite de aprovechamiento forestal (SEMARNAT 03-003), cuyo proceso consiste en 20 pasos interpuestos entre dependencias federales y estatales, con una duración de hasta 11 semanas.[2]

Además, durante el proceso de acreditación de esos requisitos, es necesario demostrar en varias ocasiones la propiedad de la tierra, obtener al menos dos veces el consentimiento de la asamblea del núcleo agrario o de la asamblea ejidal, pagar los estudios técnicos necesarios y cumplir con los trámites en los periodos establecidos. En resumen, cumplir con la normatividad es muy costoso para los productores de madera.

Si bien se han logrado avances significativos para reducir el tiempo promedio que requiere la gestión del permiso SEMARNAT 03-003, al pasar de 600 días en 1990 a 81 en los últimos cinco años, aún existen algunos casos que requieren hasta 560 días, es decir, más de 800% del tiempo requerido por la normatividad. En este caso, el efecto acumulativo de las regulaciones puede alentar la corrupción para agilizar los trámites, además de generar distorsiones que desincentiven la formalidad, ocasionando pérdidas de productividad, recaudación y bienestar social.

¿Aumentar la vigilancia o erradicar el problema de raíz?

Suprimir la tala ilegal es uno de los mayores desafíos de la industria de la madera en México. Sin embargo, el problema no se revolverá únicamente con un aumento en el número de dispositivos de control y elementos de justicia que lo contengan, ya que la PROFEPA, autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de la normatividad ambiental, no cuenta con los recursos necesarios para enfrentar el reto. Este argumento se explica desde dos perspectivas:

1. La PROFEPA es la autoridad que vigila el cumplimiento de la normatividad de los recursos marinos, forestales, de la vida silvestre, contaminación atmosférica y residuos peligrosos.

Las inspecciones forestales representan 28% del total que lleva a cabo la dependencia. Es decir, cada inspección tendría que abarcar una extensión de 11 mil hectáreas forestales para vigilar una vez al año los bosques y selvas del país.

Los decomisos de madera representan sólo 0.3% de la producción anual.

1. El valor de la tala ilegal es de 2,650[3] millones de pesos al año, monto que representa 2.7 veces el presupuesto de la PROFEPA.

Es indispensable que las autoridades trabajen en la creación de los incentivos necesarios para transitar hacia la formalidad, la cual hoy en día se ve inhibida ante los altos costos que implica. En otras palabras, es momento de combatir el problema de raíz y facilitar el acceso a la legalidad, beneficiando a quienes así lo hagan. Esta labor se puede iniciar con una minuciosa tala regulatoria de trámites y requisitos que a todas luces distorsionan el mercado, o ¿de qué magnitud deberá ser la tala ilegal para prestarle más atención a este problema?

 

* Jesús Alarcón es investigador y Ricardo Corona es el director jurídico, ambos del IMCO.

 

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[1] Investigación IMCO con datos de INEGI, 2016 y PROFEPA, 2013.

[2] IMCO, con información pública oficial.

[3] Ibid.