Sin superarse la violencia que sufren las mujeres en el embarazo

• Por: Fernanda Díaz de León, Vinculación Legislativa de GIRE.

Cualquiera podría pensar que las mujeres que desean convertirse en madres tienen acceso a una amplia gama de servicios de calidad y con calidez, que se trata de un tema resuelto en nuestro país, sobre todo cuando se escuchan los discursos sobre protección a la maternidad y se leen las iniciativas presentadas en el legislativo. Tristemente no es así.  Día a día, las mujeres que sí quieren embarazarse, enfrentan un sinnúmero de barreras, malos tratos, deficiencias del sistema de salud pública y los servicios privados, además de la falta de recursos materiales y humanos, que inician en el cuidado de su embarazo y no cesan sino hasta después del parto.

El número de mujeres que hoy muere en nuestro país a causa del embarazo, parto o durante el puerperio es preocupante. Durante el Foro Salud Materna organizado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), la Secretaría de Salud Federal dio a conocer que en 2010, murieron 992 mujeres por causas maternas que, en su mayoría, son completamente prevenibles y previsibles. Los estados con mayor número de muertes son el DF, seguido del estado de México, Veracruz, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Chiapas. En la capital del país, 31 por ciento de las muertes maternas son de mujeres que provienen de otros estados.

Si analizamos las condiciones en las que una mujer promedio se convierte en madre, en un embarazo que transcurre sin complicaciones, lo más seguro es que cuando llegue el momento del parto, esta mujer no tenga acceso a la información que necesita para tomar decisiones fundamentales: decidir la posición de su parto (parto vertical, horizontal, en cunclillas, o en agua por mencionar algunas); el derecho a que se respeten sus prácticas y tradiciones en caso de pertenecer a un pueblo originario; a decidir si quiere que se le aplique  algún método de analgesia o anestesia; la posibilidad de tener libertad de movimiento durante todo el trabajo de parto; a ingerir alimentos; escuchar música; decidir si quiere que se le practique o no una episiotomía de rutina, que puede decidir no estar amarrada durante el proceso de expulsión, que debe conocer los riesgos de una cesárea o las circunstancias en las que ésta se hace necesaria o que puede pedir que no se corte el cordón umbilical antes de que deje de pulsar; a tener contacto piel a piel con el recién nacido y, desde luego, la posibilidad de amamantarlo. La lista de derechos es larga. Al personal médico se le suele olvidar que la mujer es la “protagonista” en este maravilloso acto del parto.

Todas estas opciones y otras más las podemos encontrar como las “buenas prácticas” recomendadas por la Organización Mundial de la Salud en su GuíaPrácticaparalaAtencióndeunPartoNormal. Su cumplimiento y resultado es el Parto Digno y Humanizado.

Esta falta de información que padecen las mujeres, aunada a los malos tratos en que en ocasiones son sometidas por parte del personal de salud que las atiende, es lo que algunos médicos, organizaciones civiles y parteras, han denominado como violencia obstétrica.

Hoy, sólo Chiapas, Guanajuato y Veracruz  reconocen y definen este tipo de violencia en sus Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La definición contenida en la Ley de Acceso del estado de Guanajuato dice:

… todo acto u omisión intencional, por parte del personal de salud, que dañe, lastime o denigre a la mujer durante el embarazo y parto, así como la negligencia en su atención médica.

Por su parte, las Leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Chiapas y Veracruz son más específicas respecto de los actos y omisiones que configuran la violencia obstétrica. Comparten los siguientes elementos:

1. Omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas
2. Obligar a la mujer parir en posición supina (horizontal) y con las piernas levantadas, existiendo los medios necesarios para la realización del parto vertical
3. Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarlo y amamantarlo inmediatamente después de nacer
4. Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de las técnicas de aceleración, sin obtener el consentimiento voluntarios, expreso e informado de la mujer
5. Practicar el parto vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer

Las tres legislaciones establecen que el perpetrador de este tipo de violencia es el personal de salud, ya sea al prestar o participar en la prestación de un servicio de salud público, social o privado.

Existe en nuestro país un código penal que contempla el delito de violencia obstétrica (Veracruz) y actualmente, en Oaxaca se discute una iniciativa de ley que pretende castigar esta conducta con penas que van de los seis meses a los 9 años de prisión.

Pero, ¿es la sanción penal la vía idónea para garantizar a las mujeres un parto digno y humanizado?

No cabe duda de que el desarrollo del término violencia obstétrica en la ley es un avance importante para visibilizar y concientizar a prestadores de servicios, funcionarios públicos  encargados del diseño de las políticas públicas. También es una herramienta para las mujeres el saber y reconocer todo lo que involucra un parto digno y humanizado, a vivir procesos reproductivos libres de violencia, de acuerdo con su derecho a la intimidad, a la salud, a la no discriminación por motivos de clase social, edad o etnia, el derecho a la vida, a la integridad física, a la información, a la toma de decisiones libres e informadas sobre la salud, a la seguridad personal y el derecho a estar libre de tratos inhumanos, crueles o degradantes.

La violencia obstétrica es un problema multifactorial. Por un lado, tenemos prestadores de servicios que poseen un poder simbólico frente a la mujer y su familia, tal y como lo menciona el doctor Luis Alberto Villanueva Egán, en su artículo “El maltrato en las Salas de Parto: Reflexiones de un Gineco-obstetra”, La práctica y la rutina los insensibilizan y los obligan a tomar decisiones que tienen que ver más con optimizar recursos que con el bienestar y los derechos humanos de las pacientes. Por otro lado, están los problemas de la infraestructura en las instancias de salud, el sobrecupo, la falta de camas, de material.

Desde este enfoque, la penalización de la conducta del médico sancionará el resultado de esta mezcla de factores que, si no se atienden, no significarán un cambio real en la atención que reciben las mujeres y sus hijos e hijas recién nacidas durante el parto y horas posteriores.