blogeditor · 19 de septiembre de 2022
Con motivo del 21 septiembre, Día Internacional de la Paz, pensaba lo que ha significado la “paz” para mi pueblo guatematelco. Recordaba que el 29 de diciembre de 1996 el gobierno de Guatemala y Unidad Revolucionaria Guatemalteca, firmaron los “Acuerdos de Paz Firme y Duradera” 1, que expresan consensos de carácter nacional, acordando que su cumplimiento sería progresivo y que debía satisfacer las legítimas aspiraciones de los guatemaltecos, que el cumplimiento es un compromiso histórico e irrenunciable, no sólo para el gobierno sino para todos los guatemaltecos.
Fueron 10 acuerdos los firmados, entre los cuales me referiré a uno de ellos: el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, 2 3 con especificidad en el ámbito de las mujeres y el impacto en la defensa de derechos que ha tenido este sector.
Guatemala es uno de los países con más población a nivel centroamericano. Según el último censo realizado por el INE, 4 para el 2018 5 Guatemala contaba con una población total de 14,901,286 personas, de las cuales 7,223,096 (48.5 %) eran hombres y 7,678,190 (51.5 %) mujeres. Por pueblo de pertenencia, 6,207,503 (41.7 %) mayas; 19,529 (0.15) garífunas; 264,167 (1.8 %) xinca; 27,647 (0.25) afrodescendiente; 8,346,120 (56.0%) ladina y 36,320 (0.2%) extranjeros. Es decir, la mayoría de la población guatemalteca es indígena.
En el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el gobierno reconoció que “los pueblos indígenas han sido particularmente sometidos a niveles de discriminación de hecho, explotación e injusticia por su origen, cultura y lengua, y que como muchos otros sectores de la colectividad nacional, padecen de tratos y condiciones desiguales e injustas por su condición económica y social” (AIDPI 1996 p.1).
Sin embargo, los avances en la implementación de este acuerdo han sido pocos. Uno de estos es el hecho que se haya tipificado el delito de discriminación 6 en el Código Penal, pero su investigación y su juzgamiento no han sido lo suficientemente eficientes y eficaces. Un ejemplo concreto que puede citarse es el antejuicio promovido en 2016 en contra ocho diputados al Congreso de la República de Guatemala, que al referirse a la Gobernadora de Alta Verapaz, Estela Ventura, le dijeron: “(…) india estúpida, eso así se hace y así se va a hacer”. 7 Hasta 2019 fueron citados para rendir su primera declaración, sin embargo no fueron ligados a proceso.
No se ha introducido en la tipificación modificaciones para sancionar la discriminación basada en el rechazo por ser mujer, y por orientación sexual, identidad de género y discapacidad, por lo que la discriminación múltiple que viven las mujeres y niñas persiste.
Pese a que el artículo 4to de la Constitución Política de la República de Guatemala garantiza el derecho a la igualdad, durante los últimos cinco años no ha habido reformas que introduzcan conceptos amplios sobre el derecho a la no discriminación conforme a los estándares establecidos en el artículo 1ro de la Convención de la CEDAW. Asimismo, persisten leyes discriminatorias, especialmente hacia las mujeres y niñas, tanto del área rural como urbana. Aún no está tipificado el delito de acoso, que en las comunidades indígenas tiene un alto índice.
La agenda conservacionista dentro de los tres poderes del Estado, Organismo Legislativo, Ejecutivo y Judicial, no ha permitido que iniciativas de ley como la número 5395, Ley de Identidad de Género, pueda aprobarse, por lo que la legislación guatemalteca no garantiza la protección de mujeres y niñas, tanto indígenas como del área urbana que formen parte de la población LGTBIQ+, y que les sean reconocidos y protegidos sus derechos. Por el contrario, se ha puesto en agenda la iniciativa 5940 denominada Ley para Garantizar la Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia contra los Trastornos de la Identidad de Género, iniciativas que retroceden en el ejercicio de los derechos de las mujeres y niñas tales como el autorreconocimiento y la autoidentificación.
Los derechos de los pueblos indígenas deben ser respetados. Sobre todo la consulta previa, libre e informada cada vez que se tomen medidas administrativas o legislativas que afecten directa o indirectamente a las comunidades, pero esto no se ha cumplido. Al respecto, es importante referir que muchas mujeres han sido criminalizadas por la defensa de los derechos humanos.
La lucha por la defensa de derechos humanos, como lo es el territorio, el medio ambiente, así como en contra de la imposición de proyectos extractivos (mineros, hidroeléctricos, petroleros, monocultivos, etc.) se complejiza porque muchas comunidades indígenas y campesinas no han sido consultadas o bien no cuentan con el consentimiento de éstas; de ahí la resistencia social y comunitaria ante la imposición de estos proyectos extractivos. Resistencia en la cual las mujeres campesinas, rurales e indígenas tienen un rol importante dentro del marco de defensa de derechos individuales y colectivos, los cuales son violentados, en muchas ocasiones, con la participación y aquiescencia del Estado.
Las constantes agresiones y/o ataques que se presentan por distintas personas particulares vinculados a las empresas extractivistas transnacionales e inclusive funcionarios y/o empleados públicos, en contra de mujeres rurales, campesinas e indígenas y ahora del área urbana van desde la difamación, hostigamiento, seguimientos, discursos de odio, intimidaciones, amenazas, violencia contra la mujer en sus distintas manifestaciones, discriminación, fragmentación del entramado comunitario, secuestros; robo de animales de patio, disparos al aire por las noches, hasta el planteamiento de denuncias penales sin fundamento legal ni probatorio que originan procesos penales que llevan al encarcelamiento arbitrario e ilegal y en el peor de los casos, hasta el asesinato.
Durante 2017 UDEFEGUA 8 documentó 493 ataques, incluyendo 13 asesinatos, en 2018 fueron 391 ataques, pero el número de asesinatos se duplicó, con 26 personas asesinadas. En 2019 terminó con 494 ataques (165 defensoras y 329 defensores); en el 2020 se registraron 1,055 ataques (355 defensoras y 700 defensores) incluyendo 15 asesinatos, y para el 2021 se registraron 1,002 agresiones (348 defensoras, 535 defensores y 119 organizaciones) incluyendo 11 asesinatos. De enero a junio de 2022 se han registrado 589 agresiones (263 defensoras, 285 defensores y 41 organizaciones).
Entre los tipos de agresiones con mayor incidencia se reportan 227 casos por netcenter (acosadores) en redes sociales; 170 por el crimen organizado y 52 por autoridades nacionales. En el período de gobierno de Alejandro Giammattei se han registrado 2,646 agresiones, siendo el mayor índice de ataques a defensores y defensoras de derechos humanos.
A casi 26 años de la firma de dichos Acuerdos de Paz, son muchas las regresiones que guatemaltec@s y la comunidad internacional hemos experimentado y observado. El sector justicia se ha visto cooptado por grupúsculos vinculados al crimen organizado, con intereses perversos para continuar violentando a quienes disienten de las políticas y decisiones contrarias a los derechos humanos que afectan a la ciudadanía.
La violencia y la pobreza han profundizado la inseguridad, la falta de seguridad jurídica y las pocas o nulas garantías de contar con procesos judiciales justos e imparciales, situaciones que se han extendido hacia el área urbana. Así es, porque las poblaciones indígenas han sido quienes han estado en constante lucha por la defensa de sus derechos, de sus territorios y han sido quienes históricamente han sido excluidos y con mayores dificultades para acceder a procesos de justicia imparciales con pertinencia cultural y de género.
Desde el 2019, mujeres defensoras de derechos humanos del área “urbana” han sido víctimas de criminalización por parte de sectores que, en su momento, fueron sometidos a juzgamiento y condena por la comisión de delitos graves (lesa humanidad, genocidio, corrupción, lavado de dinero, narcotráfico, trata de personas, entre otros).
Esto ha originado que entre los tipos de defensa de derechos humanos más agredida en 2022 9 se ubique en contra de operadores y operadoras de justicia. Se ha dado un repunte de ataques a mujeres en el área urbana. En específico se resalta la criminalización en contra de la exfiscal general Thelma Aldana, la exjueza Ericka Lorena Aifán y la exmagistrada Gloria Porras Escobar, quienes han tenido que salir al exilio; asimismo las fiscales y exfiscales de carrera de la FECI, 10 como Eva Siomara Sosa Pérez, Lilian Virginia Laparra Rivas, Amy Lissette Girón, Paola Escobar, Aliss Morán y la exmandataria de CICIG, 11 Leily Indira Santizo Rodas, quienes han sido criminalizadas y encarceladas por procesos penales iniciados en su contra, en donde el uso de la prisión preventiva ha sido ilegal y arbitrario. La criminalización de las abogadas defensoras Claudia González Orellana y mi persona, Flor de María Gálvez, quienes, por ejercer la defensa técnica de las colegas mencionadas, hemos sufrido ataques cibernéticos, hostigamiento, amenazas y violencia contra la mujer.
Entonces, a 26 años aproximadamente de haberse firmado los Acuerdos de Paz Firme y Duradera, me pregunto si realmente en mi país Guatemala, las mujeres y niñas, indígenas, campesinas, profesionistas, defensoras de derechos humanos realmente gozamos de esa paz que el Estado se comprometió a garantizar.
* Flor de María Gálvez Alvarez (@FlordeMariaGalv) es abogada feminista defensora de derechos humanos, exmandataria de CICIG, colabora en la defensa de mujeres criminalizadas y víctimas de violencia. Fue consultora y abogada de la CMDPDH.
2 Suscrito en la Ciudad de México el 31 de marzo de 1995.
3 Suscrito en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1996.
4 Instituto Nacional de Estadística.
6 Artículo 202 Bis del Código Penal Guatemalteco.
8 Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, puede consultarse en INFORME UDEFEGUA 2021.
9 Puede consultarse en INFORME UDEFEGUA 2022 . Presentado el 24 de agosto de 2022.
10 Fiscalía Especial Contra la Impunidad Ministerio Público de Guatemala.
11 Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).