Sin dinero no hay municipio

Es tiempo de elecciones: en 10 días las y los mexicanos elegiremos a quienes renovarán las 1,923 presidencias municipales. Si bien el foco mediático está mayoritariamente sobre las elecciones federales y las de gubernaturas, los comicios locales son muy importantes. Los gobiernos municipales deben garantizar la provisión de los servicios públicos básicos que requerimos las y los ciudadanos y por ello son más visibles para nosotros. Las personas que resulten electas para integrar estos gobiernos serán responsables por los siguientes tres años de hacerlo.

No sorprende entonces que la ciudadanía conozca más de las elecciones a la presidencia municipal o alcaldía que de cualquier otra. Un estudio de Parametría revela que el 44% de los encuestados saben que este 6 de junio se elegirán presidencias municipales o alcaldías. Una diferencia considerable frente al porcentaje que sabe que también se elegirán diputaciones federales (34%) y gubernaturas (24%).

Esto se explica en parte porque los gobiernos municipales son los más cercanos y visibles para las y los ciudadanos. Vemos su actuar y sus resultados de manera cotidiana. En nuestro camino a la escuela, al trabajo o al supermercado, interactuamos con muchos bienes y servicios públicos que son responsabilidad de los municipios. Al hacerlo, nos percatamos de su calidad y cómo ha cambiado en el tiempo.

Quizás vas en transporte público o quizás en carro o bicicleta, pero cualquiera que sea tu medio de transporte probablemente notarás si la calle esta bacheada, si los semáforos funcionan y si el alumbrado aluza. Semana a semana también sabrás si pasó el camión de la basura o si tuviste agua todos los días. Al salir a pasear al parque el fin de semana notarás si está limpio y si se siente seguro.

Si bien las decisiones de un diputado local o una diputada federal también pueden tener grandes impactos en nuestra vida, éstos pueden ser más difíciles de visualizar y de asociar con su labor. Por el contrario, si nos cortan el agua o si todos los días pasamos por el mismo bache, probablemente recordemos el nombre a el o la presidenta municipal (y no precisamente para felicitarlo).

Los municipios tienen el reto y la responsabilidad de garantizar que haya servicios públicos de calidad en nuestras comunidades. Por ello es tan importante que hagan bien su trabajo, y que nosotros vigilemos que así suceda. De ello depende que la población tenga garantizados derechos tan fundamentales como el derecho humano al agua. Tan sólo analizando las responsabilidades mínimas que deberían cumplir, podemos ver que muchos de los resultados de nuestros representantes locales impactan nuestra vida diaria de manera evidente.

Datos del INEGI nos muestran que dichos resultados son mediocres. La satisfacción de las y los ciudadanos con estos servicios es bastante baja, y no ha mejorado significativamente en los últimos años (ver Tabla 1). Si consideramos un 60% como una calificación aprobatoria, el promedio de los municipios del país estaría reprobado en la provisión de todos estos servicios con la excepción de la recolección de basura.

Tabla 1: Satisfacción con Servicios Públicos que son responsabilidad de los municipios

Y ¿por qué son tan malos los servicios públicos municipales? Una posible respuesta es la falta de planeación y diseño, la mala administración de activos y la sub-óptima ejecución de programas. En pocas palabras, la falta de capacidad institucional para hacer política pública1. Uno de los causantes de ésta es la escasez de recursos provistos para que los municipios hagan frente a estos retos.

Garantizar el acceso al agua potable y alcantarillado requiere inversión. Entre 2014 y 2018 se logró aumentar el porcentaje de población con acceso a agua potable del 92 al 94.5%. En ese mismo periodo, hubo una inversión pública en el sector del agua y saneamiento que ascendió a 370 mil millones de pesos.

A su vez, mejorar las capacidades de los cuerpos burocráticos para que puedan planear y administrar mejor requiere de programas con presupuesto. Esto parece sugerir que si queremos mejores servicios públicos, necesarios para garantizar nuestros derechos sociales y económicos, un paso necesario va a ser fortalecer las capacidades recaudatorias de los municipios.

Un análisis del IMCO nos dice que en promedio, sólo el 23% de los recursos de los que dispusieron los gobiernos municipales en 2018 proveían de ingresos propios. El origen de la mayor parte de los recursos (73%) fue transferencias federales y estatales. Esta brecha ha crecido significativamente en los últimos 25 años, ya que las transferencias han crecido a una tasa casi 4 veces la de los ingresos propios.

Una posible solución a este reto es que los municipios mejoren la eficiencia en el cobro del predial. El impuesto predial representó el 53% de los ingresos de los municipios entre 2006 y 2019, nos muestra una publicación de Ethos. Sin embargo, en la mayoría de las entidades federativas este impuesto municipal está lejos de alcanzar su potencial recaudatorio. Una investigación del CIEP nos muestra que si todos los estados recaudaran el impuesto predial con la eficiencia de la CDMX (.57% de su PIB), los recursos disponibles para beneficiar a la población aumentarían en un 330%.

Además, el predial tiene una gran ventaja: es un impuesto progresivo. Esto quiere decir que paga más quien más tiene, pues el cobro aumenta con el valor de la propiedad. Aún más, es un impuesto redistributivo, ya que se les cobra sólo a los propietarios (60% de la población) y se utiliza para proveer servicios públicos que nos benefician a todos y todas.

Si queremos mejorar la provisión de los servicios públicos más básicos debemos fortalecer las finanzas municipales para incrementar su capacidad de diseñar e implementar políticas públicas. Una de las mejores herramientas a nuestra disposición para hacerlo es el impuesto predial. Mejorando el cobro de este impuesto podemos lograr que los municipios tengan recursos suficientes para ofrecer servicios de calidad y al mismo tiempo caminar en la dirección de una política fiscal progresiva con efectos igualadores. Pensemos en ello este 6 de junio, el municipio libre necesita dinero.

 

 

1 Ver por ejemplo Judith Domínguez (2010) para el caso del agua y saneamiento en Veracruz. También Enrique Cabrero (2003), Mauricio Merino (2006) entre otros.