Si no es negocio no hay gobierno

Hace algunos días el Secretario de Finanzas del Distrito Federal, Edgar Amador, al ser cuestionado sobre el tercer piso a Santa Fe, contestó que “si no es negocio, no habrá viaducto”. La respuesta tiene su lógica: los actores privados van a financiar una infraestructura para autos y son ellos los que tendrían que decidir si esa inversión vale o no la pena. Nadie podría estar en desacuerdo con esto; en los medios la declaración no era nota por el fondo de la misma, sino por contestar a quienes cuestionaron la decisión.

La lógica privada parece invadir la esfera pública. Del desastre en el caso de IAVE a la reforma energética, el Estado se nos presenta como un actor privado que toma decisiones públicas y que tiene consecuencias privadas. Cada vez son más las decisiones que se toman desde alguno de los órganos del Estado que siguen el mismo patrón: asumidos como agentes privados optan por aquello que les reporta mayor beneficio y así evalúan la calidad de la legislación o políticas públicas como si no se tratase de una anomalía.

[contextly_sidebar id=”amZBmEoOwklnzFVSuzl6sORwd5kwefol”]Se trata de una rareza. El Estado no puede comportarse como un privado; esto es porque no defiende un interés particular sino el interés general. De manera formal esto se encuentra expresado en el artículo 39 constitucional, en éste se deposita la soberanía en el pueblo y se explica la naturaleza del poder público y las instituciones, “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este”. De esta forma se podría inferir que las decisiones de las instituciones que conforman los órganos del Estado sólo pueden atender el interés general.

¿En qué pensaba el gobierno de la ciudad al decidir sobre un viaducto elevado? ¿En qué el gobierno federal al decidir cambiar tarjetas de autopistas de peaje? ¿En qué los legisladores al aprobar la reforma energética? La respuesta común es que se piensan a sí mismos como individuos que defienden sus propios intereses, de tal modo que la acción, omisión o negligencia de esos servidores públicos perjudica al Estado y a los terceros que representa. De allí la importancia de reivindicar lo público y su importancia (formal y material); así incluso los privados que desempeñan funciones públicas deberían de estar sujetos a un régimen de ésta naturaleza y no a uno privado.

La lógica del Estado privatizado es transversal a todas las fuerzas políticas. Después de varias décadas del modelo neoliberal mexicano, el Estado poco a poco declinó su función como espacio de lo público para convertirse en un agente de intereses particulares que pueden beneficiar o no el interés general. Desde ahí la izquierda pudiese construir una mejor y más duradera agenda, sacudiéndose la receta neoliberal que indica que mayor igualdad es menor libertad. En este sentido se puede decir que “la oposición entre libertad e igualdad en la que el argumento neoliberal descansa es errada. Porque si la igualdad es el régimen de la libertad, el argumento colapsa. En efecto, si dentro de márgenes bastante amplios no hay oposición entre ambas, si la igualdad es una exigencia interna de la libertad, entonces habrá que decir que si no hay igualdad no hay libertad: cuando no es igual para todos, la libertad no es libertad, es privilegio” (El otro modelo, Debate, 2013).

Para nosotros, este Estado no es negocio.

@antoniomarvel