La estrategia de seguridad de Sheinbaum: una tenue voluntad de cambio restringida por el verde olivo

A cuatro semanas del inicio de la presidencia de Claudia Sheinbaum la realidad agobiante de un México presa de la violencia se ha impuesto, con Sinaloa y Chiapas como sus epicentros más visibles. Desde su campaña, Sheinbaum se había mostrado ambigua sobre su propuesta de seguridad, recurriendo constantemente a la promesa de dar continuidad a la Guardia Nacional y reforzar las capacidades de inteligencia e investigación de los cuerpos de seguridad pública para controlar la violencia, en concordancia con la estrategia que aplicó como jefa de Gobierno en la capital del país.

Apenas este 8 de octubre, ella y su gabinete presentaron la Estrategia Nacional de Seguridad que, a grandes rasgos, plantea los objetivos de reducir la incidencia de delitos de alto impacto; terminar con las redes de actores generadores de violencia, y fortalecer las capacidades de proximidad y prevención de policías locales.

Para lograrlo, entre otras cosas, proponen crear una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, adscrita a la SSPC, así como un Sistema Nacional de Inteligencia, coordinado por la SSPC y corporaciones castrenses. La estrategia también promete que habrá más coordinación con gobiernos locales y una mayor focalización de las autoridades en zonas con los más altos índices de homicidios.

Esta nueva estrategia presenta varios aspectos que vale la pena reconocer. Para empezar, tiene un enfoque focalizado, que busca concentrar recursos y esfuerzos en las regiones que más sufren por la violencia, un enfoque mucho más realista que el del sexenio anterior que, con ambiguos criterios -que se tornaron más bien como decisiones arbitrarias-, escogió 100 municipios para desplegar a la Guardia Nacional.

De la nueva estrategia también es positivo que la focalización no se centre exclusivamente en homicidios, sino también en otros delitos de alto impacto, como la extorsión y el secuestro. A esto se suma la intención de hacer uso de la inteligencia para coordinar los esfuerzos de los distintos niveles de gobierno y contribuir a que se desarrollen investigaciones. En su presentación, la presidenta también mencionó que habría programas con los que trabajadores estatales se acercarían a las zonas más vulnerables para identificar y atender necesidades, especialmente de las personas más jóvenes. Promete pues, enfoque mucho más dirigido y una asignación más racional de los recursos que acompañe a los programas sociales de la administración anterior.

Pero la estrategia presenta también importantes problemas en su planteamiento. El más grande, sin duda, es el legado al que Claudia Sheinbaum no va a renunciar: la profundización del proceso de militarización de la seguridad pública, hoy consumado gracias a la Reforma de Guardia Nacional (GN) que, de una vez por todas, convirtió en militar la conducción y operación de la seguridad federal, garantizando, entre otras cosas, fuero militar para guardias nacionales, quienes ahora podrían quedar impunes al cometer violaciones a derechos humanos.

Esta presencia militar continúa planteando preguntas que no debemos olvidar: ¿la Guardia Nacional militar en verdad se someterá a las órdenes de un civil? ¿Cómo se fiscalizarán las acciones de los elementos militares de la GN, bajo mando militar, para que cumplan eficientemente tareas originalmente civiles, tanto policiales como de investigación? En MUCD hemos advertido que la permanencia de mandos y direcciones verdaderamente civiles hoy es un reto, por el nivel de poder y autonomía que ya se le ha garantizado a las Fuerzas Armadas.

Otra debilidad de la estrategia la encontramos en el Modelo Nacional Policial, que pretende ser más estandarizado pero, a la vez, no profundiza sobre el fortalecimiento de las policías estatales. El mero aumento de la influencia de la SSPC en la evaluación de las policías estatales no mejorará su desempeño si la estrategia no contempla aumentar los apoyos que les dé la federación. Al contrario, esto conducirá a que el gobierno siga presentando a las policías como incapaces, y utilice esta excusa para darle más poder y participación a la Guardia Nacional militar.

Respecto del tema de inteligencia, ejecutarla de forma coordinada y con cooperación entre mandos civiles y militares será difícil por el poder preponderante de las Fuerzas Armadas. Bajo la situación actual, la SEDENA estaría a cargo de todas las corporaciones que hacen labores de seguridad a nivel federal y podría ser selectiva sobre qué información decide o no transmitir, volviendo a esta estrategia, a grandes rasgos, inoperable.

Un último aspecto preocupante de la estrategia, revelado en un documento público que versa sobre las acciones para los primeros 100 días, es que hace un énfasis muy preocupante en las organizaciones criminales y los llamados “homicidios vinculados a la delincuencia organizada” (HVDO), una categoría que creó el nuevo gobierno. Aunque es cierto que la violencia asociada con estas redes existen, la categoría de HVDO no está definida, lo que fácilmente puede permitir que el gobierno tienda a clasificar homicidios bajo esta categoría y estigmatice a las víctimas, sugiriendo que “en algo estaban metidas” para no esclarecer los casos y bajo la excusa de ser un “problema entre los cárteles”, tal como ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón.

En suma, se puede ver como positivo que haya algunos cambios en la estrategia: apostar a lo focalizado, a la inteligencia y a la investigación para la construcción de paz. Sin embargo, el gobierno entrante arrastra un legado  absolutamente incompatible con ese objetivo: la militarización y el discurso ambiguo sobre el combate al crimen organizado. Es necesario que el gobierno detenga la militarización, fortalezca a las policías locales y se replantee objetivos específicos a corto y mediano plazo con base en la evidencia y la ayuda de la inteligencia con enfoque civil. De otra manera, la apuesta se reducirá a la misma  y vieja fórmula que dará los mismos resultados.

@MUCDOficial