Sheinbaum, el “Gran Turco” y una sucesión trucada: ¿cómo salir de la encrucijada de impunidad?

El presente artículo examina el dilema estructural que enfrenta el régimen presidencial mexicano en el contexto de la creciente injerencia del crimen organizado en la política nacional, así como de las presiones diplomáticas de Estados Unidos para que el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum rompa con el pacto de impunidad heredado.

A saber, la coyuntura anticipa una disyuntiva ante la que la titular del ejecutivo tendrá que definir su postura con respecto no sólo a la política de seguridad de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, sino con aquello que la condiciona estructuralmente, esto es, la “fortaleza de lealtades” ¹ del régimen presidencial mexicano. Esta complicidad, en tanto garantía institucional de impunidad, se encuentra sancionada desde la cúpula presidencial y ha sido empleada para perpetrar la corrupción en todos los niveles de gobierno, ya no sólo entre la administración saliente y los nuevos allegados al régimen, sino, cada vez más en aumento, con el crimen organizado.

El modelo del “Gran Turco”

Uno de los principales impasses al momento de dimensionar la corrupción y la impunidad en México es la insuficiencia estructural de los planteamientos teóricos que intentan ilustrarlas. Todo intento riguroso que busque darles explicación debe partir de su causa primera: la naturaleza presidencial del régimen político mexicano. La presidencia, como pivote del régimen, detenta la máxima capacidad de cobertura institucional y simbólica, pues de su estabilidad depende el equilibrio del conjunto. No es sólo la cúspide, sino el eje alrededor del cual giran el resto de los actores e instituciones.

Una vez determinada la condición política del régimen mexicano, es posible proceder a determinar las causas de su ascenso y descenso, las cuales son contrarias entre sí, ² así como la síntesis práctica que se desprende de ambas: los modos de preservación de la forma política en cuestión.

Existen dos formas de monarquía: ³ la realeza y la tiranía, siendo la primera menos propensa a desaparecer por causas externas, hecho que explica su larga duración. Ésta se conserva limitando las atribuciones del monarca, de modo que su carácter sea “menos despótico y más igual” ⁴ al resto. En contraste, la tiranía sobrevive imitando, en la medida de lo posible, a su forma recta.

En el caso mexicano, tratándose de una presidencia republicana –en tanto es uno el que preside la máxima magistratura, mientras que su gobierno se encuentra circunscrito a los principios constitucionales de tipo republicano–, ⁵  su conservación obedece a alguna de las dos formas descritas, real o tiránica, dependiendo de si el manejo del poder político apunta o no a ser constitucional y en beneficio de los gobernados.

Además, se trata de una magistratura que, para darle continuidad al carácter republicano del régimen, esto es, según el principio de gobierno por turnos, no permite la reelección. Simultáneamente, logra combinar este precepto con la vieja institución monárquica del mayorazgo, en la que la educación del carácter y la titularidad sobre la nación y sus bienes son delegados del mandatario en turno a su sucesor.

Esto explica el recelo, el cuidado y la dificultad que históricamente ha habido al momento de establecer las reglas, escritas y no escritas, de la sucesión presidencial, ya que son éstas las que determinan el ascenso al vértice más alto de la pirámide de poder, así como la futura conservación, no sólo de la institución presidencial, sino de la integridad del mandatario saliente.

Como bien lo ha señalado Patricio Marcos, estas reglas –que desde hace dos siglos se debaten entre la subjetividad y la institucionalidad– ⁶ han tenido como objetivo salvaguardar la continuidad de la presidencia según el modelo del “Gran Turco” ⁷ (Ver gráfico 1), cuyas principales características son: mando vertical de uno; delegación del poder de arriba a abajo; transmisión personal del poder con un único elector; fortaleza de lealtades o complicidades; difícil o casi imposible de conquistar; fácil de conservar. ⁸

Al respecto, Marcos menciona cuatro reglas de sucesión bajo este modelo que han existido desde el México independiente a la fecha:

1. La usurpación del poder por la fuerza sin matar al presidente depuesto (1821-1913).

2. La usurpación del poder por la fuerza matando al presidente depuesto (1913-1928).

3. La herencia personal y el continuismo del presidente (1928-1934).

4. La herencia republicana, dividida en dos:

a) La herencia institucional acorde con el mayorazgo o primogenitura (1934-1970).

b) “La herencia personal del presidente saliente en favor del entrante (1970-2000); o en su defecto, de apoyo personal del antecesor al sucesor (2000-2018) cuando éste se autoelige como candidato de su partido”. ⁹

Nueva regla de sucesión: pacto de impunidad con criminales

A partir de 2018 la sucesión presidencial se ha fundamentado sobre una quinta regla: el pacto de impunidad con criminales. Dicho pacto se caracteriza por un doble movimiento sincrónico de conservación del poder: para asegurar su acceso a la presidencia, así como la lealtad del partido y, por lo tanto, la gobernabilidad del país, el candidato electo pacta la impunidad del mandatario saliente, a la par que asegura su triunfo con apoyo y financiamiento de grupos criminales.

Esta cadena de lealtades transexenal explica por qué la corrupción no se debe, en última instancia, a la ausencia de castigo judicial, sino a una estructura de lealtades que favorece el ocultamiento y la impunidad de los infractores –principalmente el conocimiento anticipado de que no habrá consecuencias–, y en la cual se encuentra fundamentada la conservación del mismo régimen, no obstante que actualmente ha involucionado en su forma más perversa.

De modo que si bien este pacto se remonta a la institucionalización de la sucesión presidencial –que aseguró un traspaso ordenado de la máxima magistratura y el escalonamiento de la lealtad al presidente sobre el resto de los integrantes de la pirámide– su establecimiento y reforzamiento a partir de alianzas con grupos criminales cuyo poder y presencia garantizan la conservación del régimen trastocado en tiránico, es una modalidad reciente.

Es importante resaltar que, a diferencia del viejo pacto de impunidad, cuyo momento más crítico se dio en el sexenio de Enrique Peña Nieto, este otro tiene como distintivo:

• La complicidad clave que sostiene las lealtades se desplaza de la dupla presidente saliente-entrante hacia la relación entre presidente entrante y grupos criminales, pactando impunidad selectiva según deudas y compromisos de campaña, incluso antes que con el antecesor.
• La violencia se usa como instrumento coercitivo para aplacar a disidentes internos y externos que obstaculizan la cadena de impunidad, tratándolos como enemigos a eliminar.
• Se establecen negociaciones quid pro quo con grupos criminales, otorgando ventajas geoestratégicas  a cambio de una paz simulada en territorios clave.
• La pérdida de neutralidad del gobierno y fuerzas armadas, que surge de políticas de no interferencia o complicidad con criminales, definiendo un equilibrio de poder que favorece a las organizaciones en cuestión. Prevalece la justicia selectiva, o mejor dicho, la venganza política contra enemigos que limitan el acceso al poder y la impunidad que otorga.
• La venganza es justificada falazmente en nombre de la justicia, pues está motivada “por quien se la toma con el fin de satisfacerse”, mientras que el castigo judicial –el cual se pierde– lo está por quien lo padece, es decir, precisa una forma de justicia correctiva, no solo para la víctima, sino también para el victimario. ¹⁰
• Ante la incertidumbre electoral, los grupos criminales anticipan su apoyo y financiamiento a candidatos afines en coordinación con la dirigencia nacional del partido oficial.
• Aumento de la violencia en procesos electorales y transiciones políticas. La intervención del crimen organizado aumenta la violencia electoral, ya sea para apoyar a sus candidatos o para eliminar a quienes amenacen el pacto de impunidad.
• Cese de capturas de líderes del crimen organizado, particularmente del narcotráfico.
• La impunidad se profundiza a partir de economías paraestatales y esquemas de lavado de dinero coordinados entre políticos, empresarios y miembros del crimen organizado.
• “Gobernabilidad” de doble filo. Los pactos con grupos criminales mitigan conflictos entre ellos, permiten mayor despliegue militar y control sobre programas sociales y elecciones. Sin embargo, son inestables y propagan la corrupción del régimen hacia todo el tejido social. Esta aparente gobernabilidad solo dura mientras dichos grupos dominan, y conlleva el costo inevitable del repliegue estatal, cuyo arbitraje se vuelve excepcional, intermitente y limitado a intervenciones armadas o electorales.

Romper con el legado de los López: Andrés, Andy y Adán

Llegado este punto, es comprensible que en el modelo del Gran Turco, esto es, el presidencial mexicano, la solución estructural a la corrupción se encuentre en la ruptura del pacto de impunidad desde la cúspide de la pirámide hacia el resto de los escalafones, ya que es de arriba hacia abajo el sentido en que en este régimen se da la delegación del poder y, por lo tanto, el único modo en que puede reorganizarse la fortaleza de lealtades.

En efecto, el dilema de inicio para la presidenta Claudia Sheinbaum es claro: continuar el pacto de impunidad heredado, marcado esta vez por una complicidad con el crimen organizado aún más nociva y de mayor impacto social; o, haciendo uso de las facultades presidenciales, ¹¹ desplazar a viejos aliados obradoristas y rodearse de colaboradores de confianza para construir un nuevo proyecto de nación, auténtico e incondicionado, especialmente en materia de seguridad.

La presidenta debe tener presente que el régimen de lealtades piramidal que encabeza le otorga la capacidad de designar a quien será su sucesor e, ipso facto, al resto de secretarios federales, gobernadores, ¹² presidentes municipales y, con la última reforma judicial, a ministros, magistrados y jueces desde el seno del partido de Estado. ¹³ El reto se encuentra, entonces, en una confrontación inevitable con dos piezas clave enquistadas desde el régimen anterior: Adán Augusto López Hernández y Andrés Manuel López Beltrán –hijo de su predecesor y actual Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena–, por la autoridad partidaria. ¹⁴

Tras la salida a la luz del caso de corrupción La Barredora, la ruptura de la presidenta con Adán Augusto parece inminente, lo cual incluye, desde luego, a otros congresistas y gobernadores –también bajo sospecha de colusión con el crimen organizado– que conforman el bastión lopezobradorista, entre ellos, Ricardo Monreal, Rubén Rocha Moya, Alfonso Durazo Montaño, Marina del Pilar Ávila y Américo Villareal Anaya. El caso de López Hernández resulta más crítico en tanto conduce a toda una red de corrupción que toca las entrañas mismas de los megaproyectos de su paisano, López Obrador. A saber, presupone una ruptura de mayor calado entre la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, y su antecesor; ruptura que puede terminar por trastocar la fortaleza de lealtades en su totalidad, dividiendo al partido oficial y minando la gobernabilidad durante el resto del sexenio.

Por otro lado, el nombramiento de López Beltrán representa un movimiento estratégico para impedir que la presidenta coloque a un aliado en la Secretaría de Organización, un puesto clave, al igual que la presidencia del partido, para gestionar estratégicamente la incorporación de nuevos militantes y renovar cargos públicos mediante la selección de candidaturas alejadas del obradorismo.

En definitiva, este dilema adquiere aún mayor relevancia ante la insistencia de Washington de investigar y, en su caso, procesar a políticos con presuntos vínculos con el narcotráfico. Desde luego, para lograrse, esta movida sin precedentes en contra de la corrupción requerirá un esfuerzo mayúsculo y una precisión quirúrgica para marcar, con prudencia y firmeza, los que serán los pasos decisivos de cara a una verdadera renovación del Estado mexicano y un gobierno que logre alejarse del talante tiránico heredado, proezas que empiezan por limpiar, de arriba hacia abajo, el resabio de corrupción que ha dejado la impunidad sobre el país desde hace ya varios sexenios.

* Mauricio Aguilar Madrueño es maestro en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM.

 

¹ Patricio Marcos, Grandeza y decadencia del poder presidencial en México (México: Bonilla Artigas Editores – Université de Montréal, 2015), p. 38.

² Aristóteles, Política, trad. M. García Valdés (Madrid: Gredos, 1988), V, 1, 1301a 20-25; y V, 10, 1313a15 y ss. Trad. 1984

³ De acuerdo con su etimología griega, la palabra monarquía quiere decir mando o principio de uno. A saber, el adjetivo mónos se refiere a la unicidad del mando (arkhein).

⁴ Ibid., V, 11, 1313a1 y ss.

⁵ Marcos, Grandeza, p. 24. En su obra Si el género humano se halla en progreso constante hacia mejor, Kant dice de la república que es el gobierno más acorde con la naturaleza humana, ya que se fundamenta sobre un uso ilustrado de sus facultades intelectuales, que le permiten proveerse de una forma de gobierno en donde los mismos que deliberan y disponen las leyes se encuentran sujetos a ellas, es decir, un régimen cuya igualdad se mide en función no sólo de ser juzgado por la ley, sino de participar libremente de la deliberación legislativa. De ahí que, según lo observado por Aristóteles, la corrupción de la república se da ahí donde el espíritu de legalidad es trastocado por decretos con los que los demagogos hacen pasar, no sin falsedad y engaño, por voluntad de la asamblea popular.

⁶ Ibid., p. 46.

⁷ Maquiavelo, a quien Patricio Marcos retoma para analizar dicho modelo a la luz del caso mexicano, se refiere con este sobrenombre a Solimán I “El Magnífico”, ex sultán del Imperio Otomano. Es en el  capítulo IV de El Príncipe en donde el florentino compara el régimen otomano con el del reino de Francia de la época.

⁸ Ibid., p. 35.

⁹ Ibid., p. 45 y 46. Esta última incluye, desde luego, el apoyo de Vicente Fox en favor de Felipe Calderón al pronunciarse abiertamente en contra de López Obrador. Igualmente, existen casos, como el de Echeverría-López Portillo, en donde el presidente saliente procura, a partir de todos los medios a su alcance, sabotear a su sucesor.

¹⁰ Aristóteles, Retórica, trad. Alberto Bernabé (Madrid: Alianza Editorial, 2020), 1370a y ss. El uso constante del término “venganza” en el discurso de López Obrador a lo largo de su sexenio refleja un mecanismo psicológico de defensa proyectado al escenario político. Por otro lado, su popularidad como candidato se apoyó en la retórica de ruptura con el pasado, lugar común que alcanzó el éxito electoral al entrelazarse con la promesa de campaña de enjuiciar a expresidentes.

¹¹ No sería la primera vez que esto sucede en la historia moderna de México. El paradigma de esta hazaña se encuentra en el término que Lázaro Cárdenas le da al “Maximato”, anteponiendo las facultades institucionales del presidente a las subjetivas de su antecesor mediato.

¹² Los cuales, a su vez, replican la fortaleza de lealtades hacia abajo, y así sucesivamente.

¹³ Lamentablemente, la presidenta ha continuado haciendo mal uso de dicha facultad, por ejemplo, recompensando a morenistas y a opositores, principalmente priístas, que facilitaron el traspaso de puestos políticos clave en las elecciones de 2021, con consulados en Estados Unidos.

¹⁴ La confrontación con López Beltrán pone también en entredicho la responsabilidad de la presidenta de salvaguardar el principio republicano que permite una rotación legítima de la primera magistratura: la institución del gobierno por turnos; opuesta al carácter nepotista y dinástico que supone la intromisión del hijo de su antecesor en el régimen.