Ser Pyme, un comodín en las compras de gobierno

Existen muchas formas mediante las cuales las empresas sacan provecho de las compras de gobierno, como dar un soborno para asegurar un contrato, coludirse para fijar los precios y ganar una licitación, o fingir ser Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMes) para acceder a contratos exclusivos.

En México ser una MiPyMes puede verse como un comodín, pues te da acceso a todas las compras de gobierno, tanto las que son exclusivas para MiPyMes y como las que no lo son. El problema se origina cuando las grandes empresas proporcionan información falsa para acceder a estos beneficios, pues se origina una competencia desleal que perjudica a las MiPyMes.

En muchos países del mundo es común que una parte de las compras de gobierno se reserven para las MiPyMes, pues es una manera de contribuir a que permanezcan en el mercado y, por lo tanto, generen empleos y una derrama económica.

En Estados Unidos, por ejemplo, casi todos los contratos menores a 150 mil dólares se otorgan a MiPyMes a través de un proceso competitivo (aunque en ocasiones pueden darse mediante adjudicación directa). Incluso, el gobierno trata de adjudicar al menos el 3% del monto total de los contratos federales a empresas dentro de ciertas categorías socioeconómicas, como MiPyMes propiedad de mujeres o de veteranos con discapacidad.

En nuestro país, este tipo de medidas son fundamentales porque 99.8% de las empresas son Mipymes. Además, reservar procesos de contratación para Mipymes nunca había sido tan importante como en el contexto de la pandemia causada por el COVID-19, pues el cumplimiento de las medidas sanitarias ha originado el cierre de empresas, particularmente Pymes. De acuerdo con el Estudio sobre Demografía en los Negocios (EDN) 2020, de los 4.9 millones de MiPyMEs, solo sobrevivió el 79%, es decir, más de 1 millón MiPyMes cerraron definitivamente en el 2020.

Dado lo anterior, y de acuerdo con el portal de la Secretaría de Economía, “las dependencias y entidades federales tienen el compromiso de promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas empresas”.

Es así como en el 2020, según la base de datos de Compranet, el 78% de los contratos otorgados a través de esta plataforma fueron ganados por una Mipyme. aunque considerando el importe total de los contratos, solo el 44% de las compras representó un ingreso para estas, lo que nos dice que las MiPyMes ganan más contratos, pero de menor valor.

A pesar de que estas cifras pueden parecer alentadoras, hay dos datos nos llevan en la dirección opuesta. El primero de ellos es que solo 0.30% de las MiPyMes participan en los procesos de compras públicas a través de Compranet (14,324 empresas).

Por otro lado, algunas de las empresas se registran en Compranet como MiPyMes, no lo son. De acuerdo con la Estratificación de las MiPyMes, para que una empresa sea catalogada como micro, pequeña y mediana, debe tener un monto máximo de ventas anuales de 4.6, 100 y 250 millones de pesos, respectivamente.

Sin embargo, según la información de Compranet para el 2020, 76 empresas rebasaron por mucho estos umbrales, aún cuando declararon ser una MiPyMes. Por ejemplo, AMGEN MEXICO SA de CV se declaró en Compranet como una microempresa y el año pasado ganó 45 contratos por un valor total de 2,131 mdp. De esos 45 contratos, uno era exclusivo para MiPyMes y le fue adjudicado por vía directa. Con ello la empresa incrementó sus ingresos anuales en 22.6 mdp.

Recordemos también que una Mipyme se caracteriza por tener hasta 10 trabajadores, lo que vuelve poco creíble que esta plantilla de personal pueda cumplir satisfactoriamente con esa cantidad de contratos.

Casos como este nos dejan ver que es necesario un mayor escrutino de las organizaciones de la sociedad civil sobre las comprar públicas, así como un mayor interés del gobierno por investigar y sancionar este tipo de actos conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Ambas condiciones son necesarias para asegurar que los beneficios no se concentren en unos cuantos y que los recursos sean gastados eficientemente.

* Dalia Toledo es directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas (@ethoslabmx).