Ser policía: para exigir la vida a cambio, dignificar no es negociable

Por Natalia Rivera Hoyos*

Para todos los sectores de Nuevo León, la seguridad pública es uno de los activos más valiosos del estado. La han respaldado y nutrido como un activo colectivo: hace 15 años, durante el proceso de conformación de la policía estatal, dignificar a las y los policías con mejores salarios y otras prestaciones fue uno de los compromisos centrales de la llamada Alianza por la Seguridad, en la que participaron ciudadanos y grupos empresariales del estado.

Desde la creación de Fuerza Civil, entonces, tanto el Gobierno del Estado como la ciudadanía y el empresariado colocaron en el corazón de la estrategia de seguridad reclutar y formar a policías que pudieran asumir un compromiso de largo plazo con un trabajo riesgoso y demandante.

Para vencer al crimen, sobre todo se le compite

Este encuadre no es cosa menor. En Nuevo León, a diferencia de algunos estados del centro del país, ser policía no implica formar parte de los niveles más bajos de la cadena laboral. Si una persona decide ser policía aquí, no lo hace como última opción. Si ingresa a la academia policial, no lo hace a falta de otras oportunidades o como eslabón de una cadena de favores o reciprocidades.

Como parte del contrato social que Nuevo León ofrece a sus policías estatales se estipula el reconocimiento a quienes arriesgan sus vidas por la seguridad del estado. Tal reconocimiento puede tomar formas diferentes: salario, apoyo para la vivienda, seguro de vida especial, bono de riesgo, bonos de despensa, cursos especializados, sistema policial de carrera. Es decir: en ese contrato social, ofrecer condiciones dignas de trabajo es lo mínimo necesario para pedir la vida a cambio.

Este requisito no negociable al diseñar la fuerza pública estatal expresa un principio del mundo de los negocios aplicado a un problema público: para vencer al crimen no sólo se le combate, sobre todo se le compite. Si Nuevo León quería evitar una reedición de la tragedia que vivió entre 2010 y 2012, con un panorama plagado de corrupción policial en los municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, era prioridad asegurar la calidad, permanencia y viabilidad de sus policías. Y para ello, ofrecer condiciones y prestaciones atractivas era un componente central. 

El potencial de la corrupción no nos debe detener de dignificar

A pesar de ello, destinar recursos públicos a mejorar las condiciones de la policía en un país con experiencias como las nuestras puede generar algunas incomodidades. Apoyar organizaciones con historias asociadas a la represión, la corrupción y la arbitrariedad no siempre es una decisión que emana del consenso. Sabemos que las policías pueden distorsionar el espíritu de su contrato social: se pueden corromper, pueden delinquir, pueden incluso convertirse en verdugos de la sociedad.

Hélène L’Heuillet dice que un policía es, por definición, un ser que transita constantemente por una zona gris. Es una figura problemática, que opera en el espacio de lo indeterminado, en el que muchas veces no queda claro si lo que hace o por donde se mueve es blanco o negro, correcto o incorrecto.

Es decir: el riesgo de la desviación, o al menos de la duda y la desconfianza, es parte inmanente de la concepción de la policía. ¿Pero eso justifica que no se invierta en mejorar sus condiciones laborales? No. ¿Solo por ello la sociedad debe castigar sus prestaciones y el reconocimiento del riesgo que implica su labor? Tampoco. La respuesta ante la posibilidad del desvío no es ignorar la dignificación, sino implementar los controles legales y administrativos que permitan registrar las faltas, investigarlas, sancionarlas y corregirlas.

Una inversión con resultados a largo plazo

Asumir mejorar las condiciones del trabajo policial tiene consecuencias reales y sistémicas, aunque cosechar el fruto de esa inversión toma tiempo medido en años y décadas. No podemos asumir una causalidad directa, pero hay tendencias positivas de las que nos podemos enorgullecer: en la última edición de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), Nuevo León registró el primer lugar nacional tanto en confianza como en percepción de desempeño de la policía estatal. Según la misma fuente del INEGI, Nuevo León ocupa el último lugar en percepción de corrupción de la corporación policial local.

Por ello, un aprendizaje que podemos abstraer del caso de Nuevo León es que la idea de que lo público, por definición, debe ser barato, es un riesgo demasiado caro para la seguridad pública. Quince años después de una de nuestras peores crisis, queda claro que la paz no se compra en remate: sostener una policía profesional exige invertir como sociedad en ella, y corresponder a la altura de los riesgos que les pedimos enfrentar.♦

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*Natalia Rivera Hoyos dirige el área de seguridad y justicia de Consejo Nuevo León. Es politóloga por El Colegio de México y maestra en Sociología por la Universidad de São Paulo, en Brasil.