Cuando ser joven se convierte en una condena

En todas las décadas, en distintos contextos latinoamericanos, las juventudes han representado el futuro, pero también el peligro de aires de cambios a los regímenes establecidos. 

Los jóvenes en nuestro continente pasaron de ser el “cimarrón” que buscaba la libertad en la época colonial, el estudiante rebelde en los años 60 y 70 en México, Argentina y Chile; al guerrillero revolucionario en El Salvador, Guatemala y Colombia.

Para finales del siglo XX la visión de ser joven vivió una transformación y pasaron de “subversivos” a ser perfilados como criminales: pandilleros, sicarios y narcotraficantes.

Este fenómeno se manifiesta entre los jóvenes más desfavorecidos que habitan los territorios empobrecidos, racializados y sujetos de procesos persistentes de estigmatización, vigilancia y control. Mientras, los espacios que ellos habitan pasan a verse como “problemas de orden público”, en lugar de derivar a ausencias de políticas estatales.

Es más fácil gestionar la desigualdad estructural mediante prácticas de “seguridad”, penalización y control territorial, en lugar de la ampliación efectiva de los derechos: el acceso a educación, agua, salud, trabajo, alimentos, la vivienda, para ascender a una vida digna.

Por ejemplo, en El Salvador, como en el resto de países de Centroamérica, la orientación de políticas públicas de seguridad se manifiesta especialmente con los jóvenes de barrios periféricos, expuestos de manera desproporcionada a prácticas de criminalización, represión policial y judicialización selectiva, reforzadas por dispositivos institucionales, mediáticos y políticos.

La producción mediática ha sido particularmente utilizada para la exposición constante de los cuerpos de jóvenes encadenados en cuclillas y rapados de las cabezas. Las cuales cumplen un rol central, pues configuran la imagen que nos venden del “joven peligroso” como un signo anticipatorio de amenaza que legitima la intervención por la fuerza del Estado.

La construcción del “joven peligroso” se convierte en un dispositivo de clasificación social que distingue entre vidas protegibles y vidas descartables, funcionando como soporte simbólico de prácticas de exclusión y excepcionalidad.

En Centroamérica lo conocemos bien, los estados de “excepción” —ya sea formales y de facto— producen condiciones diferenciadas de exposición a la violencia sobre determinadas juventudes. Ello da lugar a dinámicas de juvenicidio, es decir, el asesinato o encarcelamiento sistemático de la población joven, que opera como procesos de desgaste prolongado de la vida social.

Cuando la vida se vuelve descartable

El Salvador ocupa la primera posición de las naciones que tienen mayor cantidad de población joven en las cárceles de América Latina y el Caribe. Le siguen Brasil y Trinidad y Tobago. Esto se incrementó a partir de marzo de 2022 con el régimen de excepción, que permitió la captura de decenas de miles de jóvenes.

Para abril de 2026, los adolescentes salvadoreños de 12 a 18 años pueden recibir cadena perpetua por pertenencia a las pandillas o que hayan cometido delitos graves.

Según el informe “El Salvador Country Focus Report”, publicado en noviembre de 2025, más de 88,000 personas han sido detenidas desde el inicio del estado de excepción (la cifra oficial asciende a más de 90,200). La mayoría sin orden judicial ni acceso inmediato a abogados, lo que ha generado denuncias de detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso.

Mientras, el informe El silencio no es opción del Cristosal, una organización de lucha por los derechos humanos en Centroamérica, denuncia que desde la instauración del régimen de excepción, 261 personas adultas y cuatro niñas y niños han fallecido entre marzo de 2022 y abril de 2024. Del total de esas víctimas mortales reportadas, 244 son hombres (93 %) y 17 mujeres (7 %).

Hasta el 20 de marzo de 2026, se estima que al menos 537 personas han muerto en las cárceles de El Salvador bajo el régimen de excepción, según la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Esta cifra incluye detenidos que no tenían perfil de pandillero.

La situación ha sido criticada por la falta de información oficial y la violación de derechos humanos, lo que ha conducido a las organizaciones a presentar denuncias contra el gobierno salvadoreño por delitos de lesa humanidad ante organismos internacionales.

Pero, a pesar de que múltiples estudios han demostrado que la “mano dura” es atractiva como idea, porque parece ser una varita mágica para reducir la violencia y contrastar las organizaciones criminales, a mediano y largo plazo pueden generar mayor desigualdad, nuevas reconfiguraciones de grupos criminales y olas de violencia.

El auge de las megacárceles en América Latina

Tres años después de que El Salvador inaugurara el CECOT, la megacárcel se ha convertido en un “destino turístico” de grupos de periodistas de medios internacionales, influencers y políticos.

Desde el actual presidente de Chile, José Antonio Kast; la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich; el delegado de la Cámara de Representantes del Partido Republicano, Matt Gaetz, y la anterior secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, hasta youtubers como Luis Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, se les ha mostrado cuáles son los castigos ejemplarizantes contra la juventud.

Desde entonces, muchos líderes han adoptado la retórica y el modelo penitenciario de Bukele, al menos diez gobiernos han anunciado alrededor de 16 proyectos de megacárceles. Algunas ya están operativas, mientras que otras siguen en construcción o permanecen como propuestas políticas. 

El CECOT, inaugurado en 2023, introdujo un nuevo símbolo de seguridad enfocado en la “mano superdura”, una estrategia conocida en la región por los impactos en la vida de los más desfavorecidos.

Pero, ojo, replicar los resultados de El Salvador puede ser mucho más complejo en otros países que poseen diferentes formas de organización y resistencia de las comunidades. Como es el caso de Bolivia, donde existe una fuerte organización de las comunidades indígenas, campesinas y obreras que resisten los embates relacionados con los derechos de la tierra, el trabajo, la educación y el medio ambiente, entre otros.

A pesar de ello, el CECOT desencadenó una ola regional de construcción de estos centros. En Ecuador encontramos “El Encuentro”, una prisión de máxima seguridad inaugurada en 2025 en Santa Elena por el presidente Daniel Novoa. Paraguay inauguró “Minga Guazú” en 2024, diseñada para albergar a más de 1,300 reclusos. Argentina por su parte construyó “El Infierno”, que se espera será inaugurada en 2027 cerca de la ciudad del Rosario.

Otras propuestas de megacárceles en la región se encuentran en etapas más tempranas. Proyectos en Panamá, Guatemala y Colombia avanzan, al tiempo que las propuestas en Honduras y Perú se encuentran en espera de la luz verde para iniciar su construcción.

Resistencia colectiva bajo estados de excepción

Desgraciadamente, bajo está lógica punitivista muchas personas pueden ser señaladas al ser parte de voces disidentes e incómodas a los regímenes promegacarcelarios, negándoles a quienes son capturados procesos judiciales y el derecho a la defensa.

No hay solución mágica para la violencia. Se requiere una intervención holística que vaya más allá del enfoque policial, no solo en temas de seguridad, sino también en la causa raíz: la desigualdad, pobreza, falta de oportunidades, robo de tierras que generan desplazamientos forzados. Si buscamos una salida a largo plazo, son las condiciones de la calidad de vida las que deben ser tratadas.

Frente a este escenario, en muchos países algunos sectores de la población realizan prácticas de resistencia colectiva orientadas a sostener la vida, aun bajo condiciones de represión del Estado.

Por ejemplo, los mapuches en Argentina se organizan para realizar apoyo comunitario, redes de protección de la infancia y espacios autogestionados de cuidados. Y en El Salvador existe el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción en El Salvador (MOVIR), una organización compuesta por familiares de personas que se encuentran detenidas de forma arbitraria.

En Honduras encontramos la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), una organización que representa a los pueblos garífunas. Esta tiene como misión defender los derechos culturales y territoriales de estas comunidades, luchando contra el racismo estructural, el despojo territorial y la violencia.

Estas prácticas no eliminan las lógicas de castigo que las producen, pero buscan limitar sus efectos más destructivos y sostener formas de recomposición social y comunitaria en contextos de marginalización persistente.♦ 

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