La SEP y la lección del 11 de mayo

Por Marco A. Fernández Martínez y Roberto de la Rosa Vázquez*

En sólo cuatro días, una coalición improbable desarmó una medida presentada como un acuerdo unánime de las y los 32 secretarios estatales.

“Después del 15 de junio, las escuelas son una estancia forzada”. Con esa caracterización, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) defendió, el 11 de mayo, su decisión de acortar el calendario escolar en un mes y una semana. Esa misma tarde, se desdijo.

En sólo cuatro días, entre el anuncio del 7 de mayo y la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), una coalición improbable desarmó una medida presentada como un acuerdo unánime de las y los 32 secretarios estatales.

La corrección no obedeció a una revisión interna, sino a la convergencia entre el rechazo articulado por la sociedad civil y la activación inusual del federalismo educativo.

Se puede contrastar la excepcionalidad del caso con el patrón previo. Entre 2019 y 2026, la 4T eliminó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). Con ello, desmontó, sin un sustituto equivalente, el andamiaje de la evaluación de los aprendizajes. Además, canceló las Escuelas de Tiempo Completo y la priorización de subsidios, becas y transferencias no condicionadas respecto de los servicios educativos. Ninguna de esas decisiones fue revertida pese a que se han evidenciado sus consecuencias negativas.

Una decisión sin fundamentos

Conviene situar la decisión en el lugar que la ciudadanía le asigna a la educación entre sus prioridades. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del Inegi, de 2013 a 2023, identifica que la satisfacción con la educación pública obligatoria oscila entre 61.0 % en 2015 y un máximo de 71.3 % en 2021.

La misma ENCIG aporta un hallazgo crítico al examinar la jerarquía de los problemas percibidos como importantes por la población. La baja calidad de la educación pública se mantuvo en el séptimo u octavo lugar entre las prioridades de los encuestados. Por su parte, la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (ENCOAP) 2025, con una medición más fina, reporta que los ciudadanos otorgan una calificación promedio de 6 puntos sobre 10.

El 7 de mayo, el titular de la SEP anunció que el ciclo 2025-2026 cerraría el 5 de junio, en lugar del 15 de julio previsto. Estudiantes, maestros y familias fueron notificados con menos de un mes de anticipación. La medida se justificó por dos razones: la ola de calor en el país y la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Es preciso señalar que no se aportó evidencia ni sustento técnico para un recorte que afectaba a 23.4 millones de estudiantes y reducía de 45 a 17 los días lectivos. De pronto, pareciera que la autoridad descubrió que México tendría un evento internacional de gran envergadura y que se “registraban temperaturas” atípicamente superiores a las de años anteriores.

A ello se sumó que los ajustes planteados —adelantar dos semanas el próximo ciclo escolar para “reforzamiento de aprendizajes” y compensar el tiempo recortado— carecían de fundamento pedagógico. Por un lado, ignoraban que los maestros habían hecho su planeación didáctica con el horizonte original de terminar las clases el 15 de julio. Por el otro, desconocían que, sin un instrumento de evaluación de los aprendizajes en la Nueva Escuela Mexicana, es poco probable reforzar los aprendizajes truncos del ciclo anterior, máxime que, al cambio de ciclo, los estudiantes tendrán nuevos maestros e incluso, en múltiples casos, acudirán a escuelas distintas.

Pese a las inconsistencias, el secretario Mario Delgado presentó la decisión como un acuerdo unánime del CONAEDU, a petición de algunas madres y padres de familia, de las autoridades educativas y de algunos maestros, sin precisar nunca quiénes exactamente demandaron el cambio propuesto.

Datos y evidencia fueron presentados en oposición. Desde la iniciativa Aprender Parejo advertimos que la medida se imponía en un contexto de rezago educativo: sólo cinco de cada 10 estudiantes logran identificar información relevante en un texto y únicamente tres de cada 10 utilizan las matemáticas para resolver problemas. Al mismo tiempo, México Evalúa documentó que el cierre afectaría a 7.2 millones de hogares monoparentales, lo que representa el 23.5 % del total. De ellos, el 80 % son encabezados por mujeres que destinan el 64.8 % de su tiempo no remunerado al cuidado.

Los efectos previsibles en los cuidados

En octubre de 2025, al presentar el Sistema Nacional Progresivo de Cuidados (SNPC) durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que “el planteamiento para una mayor autonomía de las mujeres es que el Estado asuma una parte de los cuidados”, y agregó que el gobierno “va ampliando los cuidados o el sistema de cuidados para permitir que las mujeres puedan tener mayor autonomía económica”.

El adelanto del calendario operaba en sentido inverso a la formulación de la propia presidenta, pues:

1. aumentaba el tiempo de cuidados que dedican las familias en lugar de reducirlo;
2. concentraba la nueva carga sobre las mujeres en lugar de redistribuirla; y
3. retiraba al Estado de la prestación durante seis semanas en lugar de ampliarla.

El secretario reconoció la carga que recae sobre las mujeres, pero trasladó la responsabilidad a la falta de flexibilidad laboral de las empresas. Al hacerlo, omitía dos hechos. Primero, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 54.8 % de la población ocupada en México trabaja en la informalidad. Segundo, el propio gobierno se ha comprometido a asumir esa corresponsabilidad a través del SNPC, sin que hasta ahora haya podido honrar esta promesa de campaña.

Cómo surgió la unidad contra la medida

La medida activó varios flancos a la vez. El espectro abarcaba la economía familiar, la vida cotidiana, los derechos de la niñez, la equidad de género en los cuidados y la afectación en los aprendizajes. A diferencia de otros episodios en los que la crítica técnica a la educación no ha logrado tracción política, esta vez la amplitud de los frentes comprometidos volvió inviable descalificar el descontento social como conservadurismo, oposición partidista o campaña mediática.

El rechazo incluyó actores con agendas diferenciadas. La Unión Nacional de Padres de Familia, Mexicanos Primero, la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y México Evalúa emitieron posicionamientos en menos de 24 horas.

Mientras el secretario de Educación reafirmó que la salida para el 5 de junio era una decisión tomada, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la modificación como “propuesta”. Luego, la unanimidad atribuida al CONAEDU se vino abajo con los deslindes de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León, que mantuvieron su calendario, pidieron reconsiderar la medida o fijaron su cierre para una fecha posterior.

Aunque no se conoce a detalle lo sucedido en esta reunión, ya que se llevó a cabo a puerta cerrada, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores, recordó que la modificación contravenía la Ley General de Educación, que en su artículo 87 establece como obligatorio el ciclo escolar con una duración mínima de 185 días y máxima de 200, y que, de aceptarse el cambio, sólo se tendría un ciclo escolar de 158 días.

En lo técnico-pedagógico, la narrativa oficial sobre un supuesto tiempo muerto posterior al 15 de junio fue refutada al señalar que ese lapso concentra proyectos finales, la tercera evaluación trimestral de aprendizajes, la consolidación académica del ciclo escolar, festivales y graduaciones.

La caracterización del secretario federal de las escuelas como “estancia forzada” durante el último mes de clases confirmó la ausencia de un diagnóstico pedagógico que respaldara su propuesta.

La inviabilidad de la propuesta quedó finalmente expuesta en la sesión extraordinaria a puerta cerrada del CONAEDUcelebrada el 11 de mayo. El secretario sostuvo su defensa del recorte hasta el desenlace de la sesión, que se prolongó por más de cinco horas.

Las consecuencias del suceso

La cobertura de prensa funcionó como un espejo del ascenso del tema, no como su detonante. Al inicio, el tema se subestimó y sólo cobró importancia hasta el final. El 8 de mayo, 17 de 26 medios monitoreados llevaron la nota a primera plana, pero sólo uno de 26 le otorgó ocho columnas. La consolidación del tema llegó hasta el 12 de mayo, cuando 23 de 26 medios la situaron en primera plana y 11 la elevaron a ocho columnas.

Al final, el acuerdo del 11 de mayo conservó el calendario original, con cierre el 15 de julio, y limitó los ajustes a circunstancias extraordinarias locales, siempre que se cumplieran los planes de estudio.

Si bien este resultado controla el riesgo, no lo mitiga. La aplicación efectiva se traslada al ámbito estatal, donde la experiencia evidencia una brecha entre el discurso y la práctica. Por tanto, el seguimiento, por parte de cada entidad, de los días lectivos, de las suspensiones por el Mundial 2026 y de la acreditación de la tercera evaluación trimestral es una tarea obligatoria.

Alzar la voz para defender el derecho a una educación de calidad sí mueve decisiones —incluso cuando se presentan como definitivas—. Lo que preocupa es lo que el camino dejó expuesto. Un recorte que afectaba a 23.4 millones de estudiantes se anunció sin diagnóstico, sin consulta a las familias y al magisterio y sin reconocimiento de lo que ocurre en las aulas en las últimas semanas de clase.

La autoridad educativa tomó una decisión sobre una escuela que parece no conocer a fondo.

Revertir el episodio del desorden no equivale a corregirlo en su origen. Por ahora, la distancia entre quien decide y la realidad sobre la que opera se mantiene. La lección del 11 de mayo en defensa del derecho a la educación de calidad se multiplicará cuando la evidencia, como guía de las decisiones de política educativa, y la coordinación entre autoridades y comunidades escolares dejen de ser la excepción y se consoliden como una exigencia viva a favor de las oportunidades educativas y de los aprendizajes pertinentes de nuestros estudiantes.

La educación de calidad con equidad de oportunidades tendría que ser la política principal para la movilidad social, atender la pobreza y disminuir la desigualdad en nuestro país. Para que México crezca, requiere como base una educación de excelencia, pero todo ello se dificulta cuando se exhibe la ligereza con la que se toman decisiones fundamentales en la política educativa.

Hoy, por fortuna, se ha dado marcha atrás a una propuesta sin sentido. La lección tendría que servirle a la sociedad para exigir y defender de manera permanente el derecho de sus estudiantes a una educación de calidad, a sentar las bases para aprender parejo.

*Marco A. Fernández M. es líder de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad (IEEC) y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey y coordinador del programa de Educación y Anticorrupción en México Evalúa.
Roberto de la Rosa Vázquez es investigador de la IEEC e investigador asociado de México Evalúa.
Los autores agradecen las sugerencias de Karla Contreras.