Los sentimientos ante el sistema de Justicia

¿Cómo está siendo percibida la justicia en México, tanto dentro como fuera de los tribunales locales? Esta y otras preguntas fueron punto de partida para realizar una investigación cualitativa en mayo de 2025, como parte del Observatorio sobre el Sistema de Justicia de la Universidad Iberoamericana (@IBEROmx).

El estudio, realizado por Altazor Intelligence, implicó la participación de dos perfiles clave para explorar, desde sus experiencias reales, directas, cómo está funcionando -o no- el Poder Judicial a nivel local. Por un lado, buscamos conversar a fondo con abogadas y abogados litigantes en materias Civil, Familiar y Penal; por el otro, también charlamos con mujeres y hombres que actualmente se encuentran enfrentando procesos legales, y que han vivido de primera mano el recorrido por los juzgados.

A través de grupos focales conducidos por especialistas en percepción social y participación ciudadana, nuestra investigación ofrece un retrato matizado y profundo de las tensiones, obstáculos y expectativas que moldean el día a día en los “pequeños” tribunales. Más que cifras, este texto busca retomar voces de quienes, como ellos, están revelando fisuras -pero también posibilidades- para el acceso efectivo y dignificante a los derechos y la Justicia en sentido amplio. 

Elegir jueces, perder la fe: lo que la Reforma Judicial no está considerando sobre el pueblo mexicano

“Gané, eso dice en papel. Pero nadie pagó; nadie cumplió. Y nadie, nadie, hizo nada”. Esto es lo que cuenta una mujer con un juicio ganado, pero la fe quebrada. El Estado le dio la razón, aunque le costará muchos años (más incluso de los tiempos que tienen marcados como máximo para dar sentencia) a través de su sistema de justicia a ras de piso. No obstante, paradójicamente, ese mismo sistema se ha encargado de arrebatarle también las esperanzas de ver materializado el resultado ante tribunal.

Así es como se vive la justicia en México desde la perspectiva de la ciudadanía común: como una contradicción membretada y sellada. El 01 de junio a las y los mexicanos se nos dijo que haríamos historia, que sería el pueblo quien por vez primera “elegiría” a sus jueces, magistrados y ministros. Es decir, que ahora sí la justicia sería nuestra. Pero ¿realmente lo fue?

Con una participación que apenas rozó el 13 % de la Lista Nominal, lo que podría considerarse el proceso de elección judicial más ambicioso en nuestro país terminó con cierto dejo a trámite burocrático. Muchas personas ni siquiera entendieron a quién estaban votando, entre otras cosas porque se observó que varios llevaron “acordeones”, partidistas o no. Otros muchos ni siquiera se presentaron. Lo que observamos desde un inicio de las campañas y al ir pasando los días es que crecía el descontento y desinterés de los ciudadanos hacia estas elecciones, sus resultados y el impacto que podrían tener, es decir, se perdió la promesa de tener un rol dentro del sistema de justicia.

Más allá de centrarnos a describir lo acontecido en este ejercicio, creemos que el trasfondo es acaso más acuciante y doloroso para una forma de gobierno que se asume democrático: el hecho de que buena parte de quienes más necesitan acceder a la Justicia, no creen que valga la pena buscarla… ni en un tribunal local y probablemente aún menos mediante las urnas, a juzgar por el bajo nivel de involucramiento ciudadano.

Desde Altazor Intelligence −y como parte del Observatorio IBERO del Poder Judicial a lo largo del actual proceso de reforma−, hemos tenido la oportunidad de escuchar directamente el sentir y opiniones de las y los ciudadanos. Esto es: su percepción, valoración, miedos y esperanzas, en relación con la Justicia como idea o noción compartida, así como en torno a sus experiencias directas como usuarios y/o personas litigantes en el sistema de justicia mexicano.

Un ejercicio de escucha “a ras de piso”

Primero, es importante mencionar que quisimos entrar en contacto estrecho con las representaciones, y las historias de vida cotidianas, de las y los ciudadanos; no salimos a investigar los casos más mediáticos, los procesos judiciales en boca de todos, o los fallos que roban las primeras planas a nivel nacional e internacional.

Es por esto que salimos a escuchar cómo se vive, cómo se sufre y cómo se relata la búsqueda de justicia en lo más cotidiano: desde litigios por divorcio y pensiones alimenticias, hasta indemnizaciones laborales por accidente, acusaciones de robo u homicidio por parte de vecinos, o querellas asociadas con la propiedad de un terreno sin testar. Quisimos entender mejor ese tipo de contactos, quizá más “puros” con el sistema de Justicia en el día a día; aquellos de cuyos nuevos actores acaban de ser sometidos a votación el pasado 01 de junio. Desde luego, una comprensión inicial de este estilo no podría considerarse tal sin integrar también la visión de otro actor muy cercano a las “personas usuarias” del sistema: las y los abogados −tanto privados como en filas de la Defensoría Pública− y quienes se auto perciben a la vez parte y “víctimas” de dicho sistema también.

La justicia, nos dijeron los profesionales de la abogacía, no es un derecho y mucho menos se otorga de manera imparcial. Es más bien una especie de “carrera de obstáculos”. Una suerte de maratón, donde quien está en mejores condiciones de llegar a la meta (ganar incluso) es quien tiene mayor paciencia, influencias, y sobre todo más recursos; mejor aun cuando son todas las anteriores. La justicia se compra, nos decían; se ruega y, encima, se puede “truquear”. Es algo que las y los “usuarios” se ven forzados a estudiar incluso, ya que muchas personas que  actualmente enfrentan procesos legales sienten o sintieron la total necesidad de “aprender a analizar su caso”, fuera con sus propios medios en lo personal y/o familiar, o con ayuda de amistades versadas en la profesión de la abogacía. Hablamos de personas que no están estudiando Derecho para luego ejercer profesionalmente la disciplina, sino para poder defenderse a sí mismas y entender qué es lo que está pasando durante el proceso (porque, en efecto, tanto abogados como “usuarios” declaran que no es una práctica común el dejar claro la naturaleza, etapas y temporalidad real de los procesos legales). Esto demuestra que además de buscar comprender términos, existe una desconfianza que atraviesa todos los actores del proceso judicial, “hasta que me puse a estudiar y llevar yo misma los documentos fue que avanzó el caso”.

Del otro lado de esta “moneda al aire”, tenemos a las y los abogados. Profesionales que nosotros hallamos agotados; divididos entre infinidad de oficios, audiencias y clientes que han aprendido a desconfiar de su labor por defecto. Son perfiles profesionistas que no obstante comprueban una y otra vez cómo su vocación colisiona o está en contradicción continua con ese sistema que, a decir suyo, premia abiertamente la simulación, la “mordida”, el “impulso procesal” −un eufemismo para referir una práctica por demás lesiva: el soborno como aquel elemento que verdaderamente puede “mover los engranajes”. No dejamos de notar cierto grado de cinismo, por supuesto, pero no estaba exento de resignación y también pesar, entre las y los abogados con los que realizamos esta exploración cualitativa, quienes se declaraban en contra de estas prácticas que incluso son lo opuesto a los valores de la profesión pero que reconocen que si se quiere rapidez y colocar el expediente por encima de los otros se debe “entrar en el juego”.

Algunas implicaciones desde la coyuntura actual

Volviendo al pasado 01 de junio… El oficialismo aseveró que esta elección sería un hito; que por primera vez en la historia podríamos designar a quienes habrán de encargarse de la impartición de justicia en México. Pero ¿de qué sirve ponerle nombre a alguien que se siga percibiendo inaccesible? ¿Es democrático un ejercicio electoral donde se dependa de “acordeones” de votación que favorecen a cierta facción política? ¿Qué hay de quienes no tenían ni tienen tiempo y otro tipo de recursos a su alcance para “ponerse a analizar” decenas y decenas de perfiles, trayectorias, méritos? ¿Por qué votar a los jueces y otros actores del Judicial, si nadie se ha puesto a explicarle a la ciudadanía común qué es lo que éstos hacen, cuánto duran en su puesto, a qué deben responder y por qué?

Esta discusión también cruzó fronteras. La Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, emitió un informe propio reconociendo el proceso mexicano como un modelo con potencial de replicarse en la región por su intención participativa −aunque también desaconsejando su adopción por parte de otros Estados miembros. El gobierno mexicano, por su parte, respondió desde la descalificación a este organismo continental, acusándole de supuesta injerencia.

Sea como fuere, nosotros preferimos remarcar nuevamente a la alta abstención como un posible síntoma del desencanto y desinformación generalizados que encontramos durante nuestra exploración inicial y también desde una lejanía para la gran parte de ciudadanos que en calidad de votantes consideran que la corrupción que se sabe existente no dejará de existir a partir de este ejercicio.

Con la entrada de los nuevos jueces y magistrados electos, también se agravan las dudas, preocupaciones y temores. Se prevé una segunda pandemia en términos de lo que esto pudiera ocasionar, como lo fue en aquel 2020 que los juzgados quedaron paralizados por meses. Las y los abogados pronostican que habrá una demora importante en el avance y resolución de los juicios, ya que se enfrentarán a un personal que carece de experiencia y que tiene que ponerse al día con la infinidad de casos actuales sumados a los que entran cada día, en un país como el nuestro con un alto nivel de incidencia delictiva.

Adicionalmente, los profesionales de la abogacía denuncian como error y retroceso el que los jueces “se vuelvan políticos”, ya que claramente ese no es su rol; o comprobar cómo lanzaron promesas de campaña tradicionales, como si estuviéramos escuchando a candidatos a cualquier cargo político, y dejando entrever que no serán imparciales en el futuro. “Me parece que incluso ellos (los candidatos) están confundidos, necesitábamos una reforma, pero no ésta”.

Y es que la justicia, según las y los usuarios con los que estuvimos en contacto, no se refleja en sentencias ni en reformas que les resultan racional y emocionalmente “lejanas”. Se reconoce, acaso, en la humanidad de aquel funcionario que “no humilla”; en el abogado que sí se presenta a tiempo a sus audiencias, les asesora con transparencia y se toma el tiempo de explicar todas las “paradas” a lo largo de su trayecto / proceso.

Más que un ideal, la justicia es referida como una actitud o formas de trato empático. Resulta por demás notorio el que los sentimientos compartidos entre muchas de las personas hoy día pugnando por hallar una salida de este limbo en que han visto convertirse sus respectivos procesos legales, estén asociados casi con lo místico-religioso. “Si Dios quiere, esto irá avanzando”; “Si te toca, aunque te quites. Si no te toca, aunque te pongas”; “Rezamos mucho para que se ilumine la abogada de mi hermano”; “Ojalá ya terminara todo esto”. Es decir, que a ojos de la ciudadanía común, la justicia se parece mucho más a tener un golpe de suerte, tirar un volado, o andar a ciegas esperando no perderse, que a un sistema bien establecido de reglas que fuesen equidistantes para todos; además claras y con operadores cercanos y empáticos –“Deberían ser más humanos”, nos refirieron de manera unánime las y los participantes del estudio cualitativo.

Justicia, quo vadis?

Es por todo lo anterior que consideramos que las soluciones tampoco pueden ser solamente técnico-jurídicas, sino culturales, de índole narrativa y hasta emocional. Desde el Observatorio IBERO del Poder Judicial proponemos que se siga realizando mucha más “pedagogía pública del Derecho”. No para las y los abogados [solamente], sino para la gente a ras de piso. Por ejemplo, mediante cápsulas, campañas, lenguaje más claro, e historias reales como las que pudimos empezar a conocer. Antes de exigir respeto y defensa de las normas y las figuras o actores que las operan, primero debemos hacerlas comprensibles.

El futuro de la Justicia en México no se juega solo en los tribunales locales, sino también desde la capacidad de construir confianza entre ciudadanos e instituciones y sus funcionarios. De otro modo, si no se logra esto, lo que estaremos eligiendo no serán jueces [árbitros, objetividad], sino operadores políticos [clientelismo, intereses de partido]. Y el sistema judicial se mantendrá como un cascarón irónicamente desprovisto de justicia.

Tras largas décadas hacia una vida pública más democrática en México, tal cosa ya no debería ser aceptable. Quizá no haya cosa más injusta que allanar todas las particularidades, voces o perspectivas que reflejan diversidad -tras una ilusión de volver todo más “parejo”, y porque seguir avanzando hacia una consolidación de la justicia como bien común también depende de otro elemento central: la memoria proyectada hacia un porvenir donde sí quepamos todas y todos.

* Carlos Rosales Abundiz (@RA_Karlos) es psicólogo social de mente inquieta, versátil, y con una curiosidad permanente hacia el mundo de todos los días. Además de la investigación de mercados y opinión pública, también ha sido docente a nivel Diplomado, Especialidad y Maestría; ha participado en debates públicos y mesas de trabajo gobierno–sociedad civil, e impartido talleres, cursos y webinars sobre temas como: política de drogas en México, igualdad sustantiva de género, diversidad e inclusión social, o factores psicosociales de riesgo en el ámbito laboral. Lizbeth Reyes (@LiziRey) es Senior Manager en @Altazor_Intell. Socióloga por la UAM Xochimilco. Con experiencia en el área de investigación de mercados y opinión pública, enfocándose mayormente en las categorías de educación, belleza, retail y audiencias. Amante de la música en todos sus géneros, las tradiciones y la cultura y con una pasión por el cuidado del medio ambiente. Yolanda Barrita (@Yolanda_Barrita) es socia fundadora y Chief Strategy Officer en Altazor Intelligence (@Altazor_Intell).

 

Nota metodológica:

Se llevaron a cabo dos grupos focales (Focus Groups) en mayo de 2025, con los siguientes perfiles:

• Grupo 1: Abogados litigantes, especializados en las materias: civil, familiar y penal, con experiencia activa en juzgados locales.
• Grupo 2: Mujeres y hombres con casos legales abiertos en cualquiera de las materias arriba mencionadas, y quienes nos compartieron su experiencia propia, como usuarios del sistema judicial.

Los grupos focales fueron moderados por investigadores cualitativos con amplia experiencia en participación ciudadana y percepción social sobre la justicia en México. Previo consentimiento de los participantes, estas sesiones fueron grabadas, transcritas y analizadas mediante codificación temática, preservando el anonimato de los testimonios. Los hallazgos referidos en este artículo no buscan ser estadísticamente representativos, sino ofrecer insumos contextuales ricos en significados y matices alrededor de las percepciones y vivencias reales de quienes interactúan cotidianamente con el sistema judicial, en los tribunales locales.