Sentencia Coahuila sobre aborto: cinco años de impacto

Este 7 de septiembre se cumplen cinco años de la sentencia de Coahuila, que marcó un antes y un después en la lucha por los derechos reproductivos en México. El reconocimiento constitucional del derecho a decidir de las mujeres y personas con capacidad de gestar abrió nuevas puertas para crear estrategias que liberalizaran las leyes en materia de aborto.

La resolución no solo despejó cualquier duda sobre el derecho a decidir, sino también respecto a la legalidad del aborto en el país. Hasta ese momento, las sentencias de la Corte habían reforzado la idea de que los congresos locales podían regular el tema; a partir de Coahuila quedó claro que castigar el aborto en todos los casos va en contra de la Constitución, y que el Estado está obligado a prestar servicios de salud reproductiva, incluida la interrupción del embarazo.

El máximo tribunal de justicia señaló que no hay justificación para mantener el aborto en los códigos penales y que, en todo caso, la vía penal debería ser el último recurso. Destacó que usar el derecho penal para regularlo impone una carga desproporcionada sobre las personas gestantes, pues las obliga a continuar con embarazos no deseados y a cumplir con una supuesta función reproductiva que vulnera sus derechos a la salud, a la autonomía y a la igualdad.

El caso Coahuila reforzó, además, el derecho a decidir al reconocerlo dentro del artículo 4º constitucional como parte de la autonomía reproductiva y del ejercicio de los derechos humanos. Ahora se entiende como algo más amplio que incluye la posibilidad de interrumpir un embarazo, el acceso a anticonceptivos, a información basada en evidencia científica y a educación sexual, así como a atención adecuada durante el embarazo y el parto cuando se desea continuar.

Esta decisión modificó el panorama para las entidades que mantenían una criminalización absoluta, pues sus argumentos dieron a los congresos claridad sobre la base constitucional para reformar las leyes. A partir de esta sentencia, quedó claro que los estados que continúan castigando el aborto en todos los casos y no avanzan en su despenalización violan la Constitución y actúan en contra de los derechos humanos.

De Coahuila a una estrategia nacional

Cuando se emitió la sentencia, solo cuatro entidades habían despenalizado el aborto voluntario: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Después de la resolución, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo también lo hicieron en los meses siguientes. Sin embargo, tanto la criminalización por aborto como la permanencia del delito en la mayoría de los códigos penales persistían en gran parte del país.

Por ello, a principios de 2022, junto con organizaciones locales, impulsamos una estrategia para avanzar en la despenalización a escala nacional. En las 21 entidades donde todavía existía la criminalización absoluta presentamos demandas de amparo, basadas en los criterios establecidos por la sentencia de Coahuila, con el objetivo de eliminar de los códigos penales el delito de aborto consentido y voluntario, y también contra el Código Penal Federal.

En Puebla se tuvo el primer resultado positivo: un juez federal confirmó que la criminalización absoluta del aborto era contraria a la Constitución. La resolución sentó un precedente importante, pues no solo fue la primera vez que un tribunal federal resolvió un amparo que formaba parte de la estrategia de GIRE, sino que lo hizo con base en la argumentación del caso de Coahuila.

Más adelante, los casos de Aguascalientes y del Código Penal Federal fueron los primeros en llegar a la Suprema Corte. Ambas resoluciones reafirmaron la obligación del Estado de proporcionar servicios de aborto en instituciones públicas de salud y destacaron la importancia de no criminalizar a quienes auxilian en el proceso.

A partir de estos precedentes, otras sentencias se resolvieron de manera similar. Se ordenó a los congresos locales de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, Yucatán, San Luis Potosí, Morelos y Durango que eliminaran de sus códigos penales los artículos que criminalizaban de manera absoluta el aborto voluntario. Que la mayoría de esas decisiones proviniera de tribunales colegiados y de distrito mostró que los criterios de la Suprema Corte permearon en todos los niveles del sistema judicial. 

Por otro lado, las sentencias de Aguascalientes y del Código Penal Federal abrieron una nueva vía para la despenalización del aborto: la judicial. La estrategia impulsada por GIRE ha permitido que, a través de resoluciones judiciales, cada vez más entidades se pinten de verde y que dichas resoluciones sean un llamado a los Congresos para que eliminen por completo el aborto voluntario de sus códigos penales.

Al enfatizar la importancia de no criminalizar a las mujeres, personas con capacidad de gestar y a quienes auxilien en el ejercicio del derecho a decidir, han dado un paso clave hacia la eliminación de las barreras legales y los estigmas en torno al aborto.

Cinco años después

En la actualidad, el aborto voluntario está despenalizado de manera parcial en 24 de las 32 entidades. Aunque la mayor parte del país se ha pintado de verde, el aborto continúa dentro del ámbito penal, lo cual restringe la autonomía reproductiva, genera confusión sobre cuándo es posible acceder al servicio y contribuye al miedo, la criminalización y la negación de la atención.

El gran pendiente sigue siendo eliminar por completo el delito de aborto voluntario. En este sentido, y de acuerdo con lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, la regulación sanitaria, aunada a la despenalización total, cumple una función crucial para garantizar el acceso a los servicios de salud y promover la eliminación del estigma asociado a esta práctica.

Si bien persisten retos, desde GIRE celebramos la sentencia de Coahuila por los avances que ha permitido impulsar en políticas públicas, capacitación del personal de salud y acceso a servicios, todos ellos necesarios para hacer efectivo el derecho a decidir.♦ 

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