blogeditor · 2 de junio de 2017
Como ya mencionaba en la entrada anterior de este blog, el problema del robo de combustibles está suficientemente diagnosticado (este otro blog nos ofrece mucho detalle del tema) y prácticamente todos los involucrados entienden claramente por dónde está el problema. La gran interrogante que nos acongoja es por qué no se ha hecho nada de forma medianamente exitosa para reducir este delito. No sugiero que se resuelva todo el tema del MIC (Mercado Ilícito de Combustibles) en un par de años, pero sí por lo menos detener el crecimiento desmedido de este delito que impacta directamente en los ingresos de una industria estratégica del país.
En México se pierden, según datos recientes de Hacienda unos 20 mil millones de pesos al año en robo de combustible. No es una cifra menor, no es como que podamos darnos el lujo de esperar a que el Santo Niño Huachicolero nos haga el milagrito. En este caso la omisión del Estado tiene consecuencias más costosas que dejar morir a la vaquita marina, o que nos asalten en cada esquina de la Ciudad de México, ya que tiene efectos directos contra recursos no renovables e instalaciones estratégicas del país. Seguir ignorando este fenómeno es rendirse al imperio de la mafia y aceptar la derrota de la justicia. Ni más ni menos.
A nivel internacional, hay al menos dos ejemplos que pueden ser de utilidad para ayudar al caso mexicano: Colombia y Nigeria. Ambos países cuentan con importantes empresas petroleras, que son o han sido parte del estado, y que sufren constantes ataques y robo de combustible de muy diversas formas. Mientras en Colombia se lucha principalmente contra los grupos guerrilleros, en Nigeria se trata de grupos delictivos y piratas –principalmente en el mar o cerca de la costa– quienes atracan embarcaciones para robarles el combustible. Ambos países han puesto en marcha diferentes medidas para reducir este problema con relativo éxito (en el caso de Nigeria es menos claro).
Por su parte, Pemex ha gastado millones de pesos en consultorías y asesorías extranjeras y nacionales para conocer e identificar el tema del MIC, con resultados poco alentadores; sin embargo, esos cientos de documentos reposan pacientemente en algún cajón de algún funcionario sin llevarse a la acción, ya que probablemente no encontraron “las condiciones políticas y burocráticas adecuadas” para llevarse a cabo. Así las cosas…
Las opciones son muchas y variadas, ahora sí dedicaré más espacio a las propuestas y menos a las quejas.
1. Desarrollar Unidades de Análisis y Monitoreo para atender el tema del robo de combustible: En Colombia se identificó la necesidad de contar con área específica de Ecopetrol que se encargue de monitorear y analizar este tema. Después de sufrir por años ataques a sus instalaciones por parte de los grupos guerrilleros, llegando hasta 150 atentados en 2013 y perdiendo unos 8 mil barriles diarios, tras una reforma muy similar a la de Pemex, se formó la Gerencia de Control de Pérdidas de Hidrocarburos con el fin de reducir las pérdidas por el MIC. Esta Gerencia se encarga de 1) definir estrategias de control de pérdidas de combustible, 2) liderar el diseño de programas preventivos, 3) participar en el desarrollo de estas políticas, y 4) celebrar convenios con las autoridades competentes, entre otras. Y también se coordina con el Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos, que es parte integral de la Policía Nacional de Colombia.
2. Formar un Grupo de Operaciones Especiales de Hidrocarburos (GOES-H): Dado que no toda la responsabilidad de la seguridad de instalaciones recae exclusivamente en Ecopetrol, fue necesario crear el mecanismo de coordinación efectivo con las agencias de seguridad en Colombia que diera atención directa a estos delitos. Este grupo depende de la Policía Nacional con atribuciones de funciones de inteligencia, investigación, judicialización (muy importante) y vigilancia de los ductos y los medios de transporte de la empresa. Ambas Unidades se coordinan para solicitar los operativos militares y esta coordinación resulta clave para la vinculación de la empresa con las instancias de seguridad y el éxito de los operativos. Esta división hace lo que un Ministerio Público debería hacer: investiga, es policía judicial y organiza los operativos especiales. Es decir, es un Cisen más Policía Federal y PGR en una sola Unidad que depende de un solo mando y se coordina con la empresa. ¿Qué más se necesita?
3. Otra acción que llevaron a cabo fue la descentralización de las operaciones de Ecopetrol en unidades regionales con mayor autonomía y flexibilidad de atención. Uno de los problemas frecuentes eran los conflictos sociales y con comunidades locales, por lo que la división en tres regiones permitió un acercamiento directo con éstas y se agilizaron las operaciones. La regionalización permitió atender de forma más inmediata, favoreciendo la creación de varios equipos multidisciplinarios en las distintas regiones con mayor facilidad para movilizarse y reaccionar ante cualquier eventualidad.
4. Modernizar y actualizar los sistemas de monitoreo: Desde hace años que Pemex sabe que debe actualizar, modernizar y desarrollar nuevos sistemas de monitoreo tanto de sus instalaciones, ductos, pipas, TARs y personal. Para ello hay que invertir en la tecnología adecuada que permita monitorear, entre otras cosas, la presión de los ductos, contar con EGO´s o –pelotitas que viajan con el combustible y que pueden tapar hoyos cuando se detectan en los ductos–. Actualizar y reactivar el monitoreo de GPS de todas sus pipas, monitorear sus instalaciones y tener un mejor control del personal, algunos de los cuales incluso deberían pasar por pruebas de confianza. Esto le permitirá tener un mejor control de la logística y operación, así como detectar con oportunidad cualquier ataque a las instalaciones. A pesar de que los directivos de Pemex bien saben que debieron iniciar esta modernización hace varios años, sigue siendo una promesa incumplida.
5. Fortalecer unidades de inteligencia financiera: En pocas palabras esto implica tener un control de las ventas de Pemex y de cooperación internacional en este delito (ya que incluso se han detectado flujos internacionales del MIC). Así como mantener un grupo de cooperación internacional para la atención y alerta de este tipo de delitos de forma hemisférica. Es clave tener un control puntual de las ventas, de los compradores, de las salidas y entradas del sistema financiero alrededor de este mercado. La Unidad de inteligencia financiera de Hacienda debiera dedicar recursos a este tema ya.
6. Especialización de Ministerios Públicos: Una de las quejas más recurrentes de algunos funcionarios de Pemex es que las procuradurías del país no están técnicamente capacitadas para investigar y construir casos relacionados con el robo de combustibles. Además de que se les da poca atención, no se investiga más allá de los delitos que sean sorprendidos en flagrancia y en la mayoría de los casos los detenidos salen al poco tiempo, para regresar a sus actividades ilegales. Buena parte de la responsabilidad de que este delito se incrementara a tal nivel es el simple hecho de que a la autoridad de procuración de justicia le importa poco atender, investigar y perseguir estos delitos. Hacen falta Ministerios Públicos especializados en la materia, con las capacidades técnicas y humanas necesarias.
En fin, las posibles soluciones al tema del MIC son muchas y muy variadas, desde simple inversión en tecnología de punta hasta la generación de cuerpos policiales especializados en estos delitos. Sin embargo, aún falta identificar puntualmente y entender el papel del sindicato y otros funcionarios en su coordinación y cooperación con los grupos criminales. Para ello, es necesario desarrollar un conjunto de propuestas encaminadas a reducir la corrupción dentro de la institución y formar un cierto estándar de ética laboral.
De no resolverse en el corto plazo los enormes niveles de inseguridad actuales a la infraestructura energética del país inevitablemente se envía una mala señal a los actuales y potenciales inversionistas extranjeros y nacionales para participar en un país que no presta la suficiente atención al cuidado de sus recursos. Si este tema no cuenta con la protección adecuada del Estado, qué se puede esperar para el resto de nosotros los mortales…
No mucho.