¿Y si la seguridad no hubiera sido tratada como una labor apestada?

La primera vez que tomé conciencia de la interrogante con la que se titula este artículo fue leyendo un libro de Argentina; sucedió hace tanto tiempo, que no recuerdo cuál fue. Pero esas líneas me sacudieron entonces y se quedaron conmigo. Quienes habían escrito ese texto enfocado en el análisis de la tortura policial, en algún pasaje relatan muy brevemente que uno de los desafíos principales para la investigación había sido que todo lo relacionado con la función policial era percibido, dentro y fuera de la academia, como un asunto propio de la fontanería profunda especializada en cañerías.

Esa lectura me recolocó de inmediato porque yo, entonces con muy pocos años investigando la seguridad pública y apenas comenzando a enfocarme en la función policial, solo atisbaba algunas formas cotidianas de resistencia que no alcanzaba a descifrar. Leí aquello y “me dolió la cabeza de tan fuerte como me cayó el veinte” (expresión inolvidable que oí hace mucho también).

Luego de aquella lectura comencé a identificar las múltiples trincheras de resistencia, tanto hacia la seguridad pública como respecto a la materia policial. Primero conversé con las tres personas que conocía dedicadas a lo segundo; una de ellas lo tenía bastante claro, habiendo comenzado en la materia varios años antes, mientras que a las otras dos les parecía irrelevante.

Me puse lentes para detectar resistencias y creo que funcionaron, si bien mucho más para especializarme en la frustración que para otra cosa. Eran mediados de los años 1990 y hervía el foro sobre la reforma democrática del Estado en un montón de ángulos, especialmente asociado con la democracia procedimental.

¿Es posible construir la reforma democrática del aparato de seguridad?

Muy pronto entendí que esa reforma, desde la perspectiva generalmente aceptada por la clase política, la academia especializada, la sociedad civil y los medios de comunicación, parecía interponer una pared de cristal por donde mis temas no pasaban. Y fue cuando me topé con la narrativa de la simulación que, con matices, he encontrado por casi cuatro décadas.

Con excepciones contadas, una parte del grupo nucleado en torno a Gilberto Rincón Gallardo en la campaña por la presidencia de 2000, pocos personajes de varios partidos políticos y un puñado de personas electas en poderes ejecutivos y legislativos y de operadores policiales, la experiencia regular consiste en un doble rasero que a la vez dice sí y no a nuestra propuesta de construir la reforma democrática del aparato de seguridad. En el plano discurso político y legal (relativamente) sí, en la práctica no.

Aquí toca detenerme en la experiencia de haber nombrado Instituto para la Seguridad y la Democracia el centro de pensamiento que fundamos en 2003. Conocido como Insyde, justamente fue su nombre lo que reiteradamente me recordaba el sustrato de todo esto: ¿qué tienen que ver la democracia y la seguridad?, me preguntaban en un lado y otro, desde el Estado y desde todo tipo de actores independientes. Y, ¿de qué carambas hablan cuando dicen que la policía tiene un rol clave en la consolidación democrática?, era otra de las preguntas.

No saben, no quieren, no pueden consolidar la reforma democrática de la seguridad

Déjenme dar un pasito más atrás: en 2000 publiqué en compilación coordinada por John Bailey y Jorge Chabat el ensayo Policía en México: Función política y reforma. En esa reflexión entendí que la policía, en el origen del Estado moderno occidental, nació en la práctica más como instrumento político de control y menos como herramienta de protección ciudadana. Con los años, la investigación me ha dejado en claro que, la historia de las llamadas democracias traza una ruta que incluye o no procesos de gestión pública de la seguridad y de la función policial que las acercan al respeto a la atención ciudadana prioritaria, el respeto a la ley, a los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión externa. México, como la inmensa mayoría de los países, está lejos de ello.

América Latina y el Caribe no saben, no quieren, no pueden consolidar la reforma democrática de la seguridad en general y de la policía en particular, regularizando esos principios, porque no han construido una cultura política que considere aquello parte de la reforma democrática del Estado. Detrás de ello emerge la discusión de raíz: cómo entendemos el ejercicio del poder público (tema para otro espacio). En todo caso, hace tiempo entendí que, en tanto la seguridad sea un tema “apestado”, consolidar el Estado de derecho no es una aspiración viable en nuestro vecindario.

Pero la historia cobra facturas. Si una de las roturas mayores que impidió la consolidación democrática en la región es la inseguridad, el reacomodo político en ruta, con Estados Unidos embistiendo enfocado en ampliar la coerción por encima de la ley, sin reparo alguno, al punto de ejecutar personas a cielo abierto, entonces ya podemos anticipar que lo que no pudo ser, acaso ya no fue. La reforma democrática del Estado no dio paso a la reforma democrática de la seguridad y ahora, a nombre de esta, acaso ni democracia ni seguridad, más bien todo lo contrario. A poner atención a lo que viene.

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