Seguridad pública, vacunada vs rendición de cuentas

¿Qué haría usted si quiere lograr algo, pide más recursos para conseguirlo, los obtiene, y de todos modos no tiene éxito? Le quedarían dos opciones: seguir pidiendo más y más o revisar por qué falla a pesar de tener más recursos. La conducta racional desde luego no es incrementar el gasto para un esfuerzo que no tiene éxito. Los recursos en realidad deben estar supeditados a los resultados. No se diga en el caso de los recursos públicos cuyo ejercicio, al menos en una democracia, debe ser sometido a la rendición de cuentas.

En la realidad, las cosas no siempre funcionan así. No al menos en México. Se ha informado apenas que durante la última década (2006-2016) se duplicó el gasto público federal para la seguridad, mismo periodo en el que la inseguridad y la violencia han presentado los peores resultados. El Instituto Belisario Domínguez publicó el documento denominado Panorama del Gasto Federal en Seguridad, 2006-2016, cuadernillo número 47 de su serie Temas Estratégicos. Cito el documento a continuación de manera extensa.

“El gasto en seguridad pasó de aproximadamente 130 mil millones en 2006 (pesos constantes de 2016), a alrededor de 264 mil millones en 2016. Es decir, este gasto se duplicó en términos reales durante este periodo, lo cual representa un ritmo de crecimiento mayor al del gasto neto federal (que creció 58 %) y al de la economía en su conjunto (el PIB creció 23 % durante este periodo). En términos relativos, el gasto en seguridad pasó de representar en 2006 alrededor de 3.8 % del gasto neto y 0.8 % del PIB en 2006, a aproximadamente 4.9 % del gasto neto y 1.4 % del PIB en 2016.

“En todo caso, el mayor incremento del gasto en seguridad, por encima del crecimiento del gasto neto y de la economía en su conjunto, nos indica que las administraciones federales sí han contado con recursos, durante los últimos diez años, para impulsar mejoras a la seguridad y a la justicia en México. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas (SEDENA y SEMAR) duplicaron sus gastos en términos reales durante este periodo de estudio, el Poder Judicial de la Federación aumentó su gasto 1.6 veces, y al considerar el gasto conjunto de SSP/SEGOB, se tiene que éste creció 3.6 veces. Estos incrementos en el gasto ejercido contrastan, por así decirlo, con la situación de inseguridad que se ha vivido en México durante estos mismos años.

“El notable aumento de los gastos conjuntos de SSP/SEGOB se debió, principalmente, a recursos ejercidos por la Policía Federal y el Sistema Penitenciario Federal. El gasto ejercido por la Policía Federal se cuadruplicó en términos reales, y el gasto de la unidad de Prevención y Readaptación Social se multiplicó 8.8 veces entre 2006 y 2016. Dos aspectos que llaman la atención del análisis realizado son: el gasto acumulado de la Policía Federal en la “implementación de operativos” durante 2006-2016, el cual asciende a 242 mil millones (pesos constantes de 2016), y el aumento del gasto en la actividad de Administración del Sistema Federal Penitenciario, el cual creció 13.6 veces en términos reales. Quedan como preguntas abiertas, para investigaciones de evaluación de políticas públicas, indagar cuáles han sido los resultados obtenidos de este enorme esfuerzo de gasto de recursos públicos”.

Llegué a este tema en la década de los noventa y puedo decir que la fotografía que presenta este documento es desde luego relevante pero incompleta. Fue el entonces presidente Ernesto Zedillo quien arrancó el incremento sostenido del gasto público para la seguridad, tan pronto llegó al cargo en 1994. Un recuento de dos décadas enseñaría la desproporción del alza, tanto por la vía del gasto federal directo como a través de la creación de los múltiples subsidios aprobados por el Congreso de la Unión. Diversos ejercicios de investigación en desarrollo lo demostrarán en breve, son en realidad más de dos décadas de crecimiento presupuestal incontenible.

Allá en los noventa las autoridades decían que no daban resultados porque les faltaban los recursos necesarios. Hoy los poderes ejecutivos de los tres órdenes gobierno piensan igual: necesitan más para responder. Se llama modelo incremental y es el mismo que en las democracias avanzadas reventó hacia la década de los sesenta del siglo pasado, cuando la crisis de los derechos civiles provocó la intervención violenta desproporcionada de instituciones policiales que, ante la pérdida de su propia legitimidad, respondían justamente pidiendo más recursos. Inglaterra, Europa Central, Canadá y Estados Unidos le respondieron a la policía cambiando la estrategia, dejando de buscar cómo gastar más para mejor idear la ruta que respondiera cómo gastar mejor. Ese giro engendró los más avanzados modelos de rendición de cuentas, mismos que hoy en día continúan en plena sofisticación.

La discusión para México no es si hay o no auténtica rendición de cuentas sobre los recursos públicos ejercidos para la seguridad; solo quienes viven de tales recursos dicen que la hay. La discusión es si puede haberla. Mi hipótesis es que entre nosotros la seguridad pública está vacunada contra la rendición de cuentas debido a tres causas. La primera es política: las autoridades responsables de ella la entienden como un poder, no como un derecho, de tal suerte que corresponde a ellas y solo a ellas definir el problema y resolverlo, quedando cualquier formato de escrutinio al margen. La segunda causa es jurídica: el entramado normativo, en especial las categorías de reserva y confidencialidad, imponen restricciones al escrutinio que reproducen la imposible rendición de cuentas. Y la tercera causa es social: se trata del correlato perfecto para la primera causa. Desde la sociedad misma se renuncia a ejercer el derecho a saber, justamente por la misma lectura autoritaria que se hace desde el poder público. Es lo que hace muchos años en un ensayo llamé la convergencia autoritaria, donde “desde arriba” y “desde abajo” se niega la categoría de la seguridad como un derecho que, como tal, debe colocar al ciudadano en el centro, no a la autoridad.

Promoviendo un enfoque cualitativo sobre el cuantitativo, en 1994 propusimos “No más, sino mejor policía”. Entonces la idea fue disruptiva y negada. Hoy lo sigue siendo. Bajo estas condiciones, el Instituto Belisario Domínguez podría publicar en una década un nuevo cuadernillo que solo agregara cifras. Está vacunado el sistema.

@ErnestoLPV