Seguridad, la última oportunidad del presidente

“Si no terminamos de pacificar a México, por más que se haya hecho, no vamos a poder acreditar históricamente a nuestro gobierno”, afirmó López Obrador hace unos días. Interpreto estas palabras acaso como lo más parecido a un reconocimiento del verdadero tamaño del problema y quizá lo más aproximado a un anuncio de ajustes.

Pero también encuentro que el mensaje es consistente con una línea discursiva del Ejecutivo Federal que no dialoga con los métodos y la evidencia, y que tampoco se somete a la rendición de cuentas. Un discurso idéntico en ese sentido al de los presidentes Calderón y Peña, donde el gobierno federal no discute cómo hace las cosas, por qué y con qué resultados, a partir de evaluaciones válidas propias y externas.

El presidente ha dicho en incontables ocasiones que su gobierno va bien en seguridad, tal como lo suele hacer la gran mayoría de los gobiernos de todos los colores, por encima de lo que enseñe la evidencia. Y la historia registra que, con o sin mayorías en el Congreso del mismo color del partido en el gobierno, el Ejecutivo Federal no es compelido a justificar su política de seguridad.

He comprobado en carne propia la imposible fiscalización sobre las políticas de seguridad del gobierno federal, con base en la teoría, los métodos y la evidencia desde la Cámara de Diputados, el Senado de la República y el Congreso de la Ciudad de México. Las evaluaciones al respecto formuladas por la Auditoría Superior de la Federación son desde intrascendentes para la toma de decisiones, hasta completamente desconocidas por las entidades fiscalizadas.

A tres lustros de iniciada la peor crisis de violencias en el México contemporáneo, en la conversación pública es casi total la ausencia de la discusión sobre qué funciona y qué no funciona para reducirlas, con base en métodos idóneos. Es muy difícil encontrar a operadores del Estado tratando de contestar esto y el presidente no parece ser uno de ellos. “Yo tengo confianza de que vamos a seguir avanzando hasta pacificar al país”, dijo además López Obrador, sin explicar qué quiere decir con “seguir avanzando”. Y esta práctica de no rendir cuentas en seguridad está arraigada a tal punto, que tampoco la gente exige lo contrario aún en medio de las peores atrocidades, incluyendo la práctica del exterminio.

Si en estricto sentido no hay evaluación que valga, entonces no nos queda más que especular. Mi primera hipótesis es que se viene un verdadero “tsunami verde olivo”, asegurando el presidente el sometimiento a las fuerzas armadas en las decisiones y la operación en seguridad, por parte, al menos, de todas las personas al frente de los poderes ejecutivos estatales de su partido.

Quizá justo por la ventana de oportunidad que tiene ahora para eso, es que mandó a fecha posterior la discusión sobre la propuesta de reforma que integraría la Guardia Nacional a la SEDENA, esperando con ese tsunami construir el mejor escenario para la iniciativa.

No ve el presidente a la seguridad como un asunto de coordinación y colaboración, por eso es displicente con el Consejo Nacional de Seguridad Pública, órgano superior de Estado creado para ello. Pero no pongo en saco roto la posibilidad de que López Obrador haya entendido que su vía militar por sí misma no produce ni producirá la seguridad ciudadana, en cuyo caso recurriría justo a ese aparato para coordinar intervenciones integrales focalizadas, como lo recomienda desde hace mucho el conocimiento internacional aceptado.

Quiero pensar que aún es posible que el presidente mueva al menos un poco el timón, habiendo confirmado que el despliegue militar masivo, a la manera de fuerza de ocupación, en realidad no le ayuda en su expectativa de trascender en la historia.

Sin rendir cuentas y caminando por la vía militar, que es la suya y no de la Constitución, o bien girando el timón parcialmente para hacer algo también por la vía civil, como sea, tal vez lo que el presidente quiso decir es que sabe que está ante su última oportunidad.

@ErnestoLPV