Seguridad, la barrera política

Podemos declarar la seguridad perdida por tiempo indefinido, si la lucha no se encamina a desmontar la barrera política que impide modificar el paradigma hegemónico fracasado de política pública.

Hay dos hallazgos en la seguridad ciudadana que producen amplísimo consenso internacional: primero, la seguridad se construye desde lo local, con apoyo subsidiario de los gobiernos estatales y nacionales; segundo, la seguridad se construye de manera colectiva, bajo un principio de corresponsabilidad entre gobierno y gobernados.

Mi experiencia me ha confrontado desde hace tres décadas con proyectos prometedores y exitosos en seguridad ciudadana, dentro y fuera de México, y con iniciativas fracasadas. Mucho más lo segundo, pero jamás he dejado de confirmar que la seguridad ciudadana es posible en la práctica, incluso en entornos de exclusión extrema.

Por eso, vengo insistiendo que la barrera que impide reducir las violencias en México no es que la seguridad sea imposible –como escucho cada vez más por todos lados-; lo que ha sido imposible en la inmensa mayoría del país es construir los acuerdos políticos para priorizar los enfoques local y colectivo.

La barrera es fundamentalmente política; los liderazgos políticos no tienen los incentivos adecuados para usar los poderes a su alcance orientados a reducir las violencias en formatos colaborativos con la sociedad. Salvo excepciones ínfimas, las personas que ocupan las sillas en los poderes ejecutivos y legislativos no quieren, no saben o no pueden abrirse a la corresponsabilidad y la colaboración social, quizá principalmente porque eso supone someter sus decisiones al auténtico escrutinio público y la rendición de cuentas.

La barrera es política y debemos entenderlo así, en toda su profundidad. No es un problema del gobierno federal en turno, es un déficit estructural y sistémico en los tres órdenes de gobierno, donde la ausencia de contrapesos para la rendición de cuentas se reproduce a sí misma, de manera que, pase lo que pase, sean las masacres que sean, crezca cuanto crezca la violencia contra las mujeres, se multipliquen las veces que sean los grupos armados asociados a todo tipo de mercados ilegales, nada fractura el ciclo de repetición que clausura la rendición de cuentas.

Miren el ciclo: la violencia crece, no hay responsables, no hay consecuencias, no hay aprendizaje, no hay cambios; entonces la violencia crece, no hay responsables, no hay consecuencias, no hay aprendizaje, entonces la violencia crece y así al infinito.

Mírese con cuidado la dimensión sistémica, insisto, de la barrera: están rotos los incentivos políticos para la rendición de cuentas y están apagados los fusibles de contrapeso para que haya consecuencias ante la ausencia de resultados. Si la seguridad objetiva y subjetiva no llega, si las violencias no bajan, si la impunidad no disminuye, para todo efecto práctico, no pasa nada porque no hay quien se haga responsable de la falla.

No sobra repetir: sea del tamaño que sean las violencias e incluso con toda la atención puesta en los escándalos más visibles, aún con la interminable producción de diagnósticos cada vez más agudos, no hay manera de hacer responsable a nadie. Vaya, para acabar pronto, ni siquiera se ha construido en el imaginario colectivo un concepto de responsabilidad política ante el fracaso.

La gran promesa en formato de diseño institucional, formalmente creada para construir una política de Estado en la materia, se llama Sistema Nacional de Seguridad Pública -por cierto, en el extremo del absurdo, del que prácticamente nadie habla-. Lo pusieron en marcha hace un cuarto de siglo y no ha logrado siquiera su mandato más básico: crear un servicio profesional policial homologado. Si tienen dudas, miren esto.

Siempre lo repito. No se trata de negar el esfuerzo que operadores de las autoridades hacen aquí y allá, tratando auténticamente de construir mejoras; los hay siempre si se mira con cuidado; el problema es que la barrera política también impide que muchas rutas de mejora entren en formatos abiertos, colectivos y colaborativos que, primero, incorporen la opinión y demandas sociales, segundo, ganen credibilidad y, tercero, precisamente a través de la apropiación y la confianza social, alcancen la sostenibilidad. Es decir, la barrera política destruye incluso lo que se hace en el camino correcto, impidiendo su validación social y su consolidación institucional.

Ya podemos declarar la seguridad perdida por tiempo indefinido, si la lucha no se encamina a desmontar la barrera política. Cuando hemos conseguido avanzar en el camino correcto, la diferencia ha sido la construcción de coaliciones que reúnen liderazgos sociales y técnicos enfocados, por el tiempo que sea, en lograr cambios concretos, si es necesario, en contra y a pesar de la resistencia por parte de la autoridad.

La vía es alinear liderazgos diversos con agendas convergentes precisas, bajo enfoques locales y colaborativos, operando una estrategia política que ponga a las autoridades contra la pared y a la vez abra las oportunidades para que, tarde o temprano, se construya el trípode de liderazgos deseado a favor del cambio: políticos, sociales y técnicos.

No tengan duda, si las violencias siguen es porque a la autoridad no le cuesta mayor cosa que así sea; y si esto es así, la conclusión es una sola: están rotos los incentivos políticos para la rendición de cuentas y están apagados los fusibles de contrapeso para que haya consecuencias ante la ausencia de resultados.

Apagados los controles democráticos la pesadilla será solo cada vez peor.

@ErnestoLPV