Redacción Animal Político · 18 de abril de 2024
De acuerdo con el último reporte de Laboratorio Electoral, en lo que va del actual proceso electoral han sido asesinadas 51 personas candidatas o aspirantes a un puesto popular. A esto hay que sumar los más de 80 asesinatos y cientos de otros delitos que se registran diariamente en todo el territorio nacional. Lo cual apunta que este será una de las elecciones más violentas de la historia de México. Situación que pone en riesgo a la democracia y la seguridad de las y los ciudadanos.
La democracia supone una serie de precondiciones para que pueda llevarse a cabo y consolidarse no solo como una forma de gobierno (democracia procedimental), sino también como una forma de convivencia social (democracia sustantiva). Estas precondiciones consisten en la garantía de un conjunto de libertades y derechos políticos, económicos y sociales que el Estado está obligado a brindar. Sin embargo, la falta de seguridad y un ambiente de violencia hacen imposible que algún derecho o libertad pueda concretarse. En otras palabras, sin seguridad no hay democracia.
Existen varias razones que sustenta dicha aseveración y también una serie de posibles consecuencias que a la larga podrían significar un irreversible retroceso democrático para nuestro país. Algunas de ellas son las siguientes:
Razón: la democracia es incompatible con la violencia ya que uno de sus principios democráticos básicos es la competencia, acceso y transferencia pacífica del poder político por medio de elecciones periódicas, libres y competitivas.
Consecuencia: los atentados y agresiones a las personas que aspiran a un cargo público y a la ciudadanía en general representan una trasgresión a dicho principio democrático. Además, la violencia reiterada puede provocar que las elecciones queden relegadas como el principal mecanismo para conformar los órganos de representación y ser sustituidas por otras formas de acceso al poder y otros actores, algunos incluso ilegales e ilícitos.
Razón: erosión de la representatividad y legitimidad de las autoridades e instituciones públicas, porque la ausencia de seguridad desincentiva la inclusión y participación de la ciudadanía, tanto en su derecho al sufragio (pasivo y activo) como a ser partícipes de otras formas de expresión de su voluntad y soberanía.
Consecuencia: además de contravenir los derechos fundamentales de a votar y ser votado y el derecho a participar en la conformación de los órganos de gobierno (artículos 35, 39 y 40, CEUM), podrían surgir gobiernos menos representativos, respaldados por un porcentaje cada vez menor de la población y que respondan a intereses totalmente ajenos al bien común, entre ellos a la delincuencia organizada.
Razón: queda exhibida la debilidad y la incapacidad de las instituciones del Estado de todos lo niveles de gobierno para brindar seguridad y garantizar la protección de los derechos humanos de las personas.
Consecuencia: una sensación de insatisfacción puede provocar un posterior declive de confianza ciudadana hacia los gobiernos emanados democráticamente. De acuerdo con el Latinobarómetro 2023 en México solo el 35 % de la población dijo estar satisfecho con la democracia, frente a un 56 % que mencionaron que nos les importa que un gobierno no democrático acceda al poder mientras dé solución a los problemas. Este escenario llevaría al surgimiento y apoyo de regímenes abiertamente autoritarios.
En resumen, la democracia en su visión procedimental y sustantiva exige que exista seguridad como condición mínima para que los procesos de competencia y distribución del poder político, así como la pluralidad de relaciones entre gobernantes-gobernados y entre sí mismos, se lleven a cabo y desarrollen en un ambiente de paz que garantice el ejercicio y progresividad de las libertades y derechos fundamentales de todas las personas. En pocas palabras: si hay seguridad hay libertades y derechos, si hay libertades y derechos hay democracia.
En ese tenor resulta indispensable exigir, por un lado, a las autoridades públicas en turno que ofrezcan soluciones concretas y adecuadas para que las elecciones se pueden llevar a cabo con certeza, tranquilad y paz. Y por otro lado, a las y los candidatos que aspiran a representarnos, que presenten propuestas para combatir la violencia a corto, mediano y largo plazo, desde un enfoque que garantice y proteja los derechos de las personas. Porque solo con seguridad y paz será posible construir una verdadera democracia.
* Sergio Martínez Martínez es investigador del área de Democracia y Participación Ciudadana de INCIDE Social, A. C.