Redacción Animal Político · 10 de julio de 2023
Ninguna política, estrategia, programa de seguridad ciudadana funcionará en beneficio de la sociedad si las instituciones responsables de ella no están sujetas al control del propio Estado y de la sociedad. Parece una obviedad, desafortunadamente no lo es. Anhelamos vivir en entornos seguros y sin embargo no podemos verificar que las instituciones públicas responsables de lograrlo en efecto funcionan para ello.
Se supone que de la calidad de las instituciones se sigue la calidad de sus resultados; se supone que las instituciones en democracia son vigiladas y controladas a través de mecanismos formales e informales. Se supone que no pueden hacer lo que quieran, sino solo lo que las leyes les ordenan. Y también se supone que las elecciones son aduanas de revisión que premian el buen desempeño y castigan el incumplimiento de las promesas.
¿Qué tanto todo esto es real en la práctica y qué tanto se ha venido reduciendo a un mito? Me refiero al ámbito de la seguridad ciudadana donde encontramos a las autoridades responsables de la prevención de las violencias y la función policial.
Recientemente escuché a Guido Lara, presidente de Lexia Consultores, quien expuso en la Ibero CDMX los resultados de la más reciente actualización de su investigación “Sueños y aspiraciones de los mexicanos”. Guido explicó además en Nexos parte de los hallazgos; destaco lo siguiente:
Existe una clara desconexión entre el estado de ánimo personal y la valoración del rumbo del país. Verdaderos mundos paralelos. Casi nunca los ciudadanos conectan las carencias que señalan: inseguridad, carestía, malos servicios de salud, etcétera, con el papel de los responsables del funcionamiento de las instituciones y dependencias gubernamentales. En general las personas no ven los sistemas, las políticas públicas o su ausencia, que generan efectos positivos o negativos reales. No hay comprensión de lo sistémico. Esto aplica para arriba y para abajo, no es exclusivo de algún segmento socioeconómico.
En mi post de la semana pasada recogí el comentario de un analista que, refiriéndose al ánimo mayoritario, puntualizó que las personas ya aprendieron a no esperar que se cumplan las promesas de los gobiernos. Relacionando el estudio citado y esta opinión, deberíamos entender mucho mejor el tamaño del brete en el que estamos.
Si para la mayoría la relación entre sus carencias y el desempeño de las instituciones tiene poco o nada que ver, y si en una proporción mayor eso pudiera estar relacionado con el vaciamiento de la confianza a punta de engaños históricos, entonces cómo esperar un involucramiento masivo en la exigencia de rendición de cuentas.
En otras palabras, quién dedicaría esfuerzo alguno para exigir resultados a instituciones que ni siquiera relaciona con el problema, o bien sí lo hace, pero de todas maneras no le merecen confianza. En suma, quién le va a exigir resultados a algo o alguien que ni siquiera imagina que los puede cumplir. Acaso el vaciamiento de las expectativas puede contestar por qué, sean las violencias que sean, no emerge una presión social proporcional a la catástrofe.