Oportunidades para mejorar la seguridad en Ciudad de México (parte 2)

En la primera parte formulamos tres propuestas y en esta segunda y última parte, agregamos otras tres.

4) La desaparición de personas es otro grave problema que pone en evidencia un alto nivel de descomposición social. En la Ciudad de México diariamente se reporta la desaparición de un promedio de 20 personas y, sin bien la mayoría aparece o regresan a sus casas a las pocas horas o días, hay cuatro o cinco personas que permanecen desaparecidas y que requieren de un mayor y mejor esfuerzo de coordinación entre las autoridades para poder encontrarlas. Aun en el caso de que hubieran fallecido, requieren ser devueltas con sus familiares, en lugar de ser arrojadas a la fosa común como hoy ocurre. De hecho, de acuerdo con el registro de fosas comunes del Panteón de Dolores, diariamente tres cuerpos son depositados en la fosa común sin que se hubieran agotado todos los esfuerzos posibles para identificarlos y devolverlos con sus familiares, quienes muchas veces continúan buscándolos durante el resto de sus vidas. Este problema requiere también de la elaboración de un diagnóstico a fondo para indagar acerca de los diferentes tipos de desaparición, los patrones que se observan en determinadas desapariciones, (particularmente las de mujeres de entre 12 y 24 años), los sitios y mapas de riesgo, la elaboración de análisis de contexto, la toma de muestras genéticas que permitan la identificación de los cuerpos, la construcción de centros de resguardo temporal y, sobre todo, utilizar el conocimiento generado tras la elaboración de un diagnóstico de esta naturaleza, para elaborar una política de prevención que evite que más personas continúen desapareciendo y provocando un inmenso dolor que impacta, no sólo a sus familias sino también al resto de la sociedad.

5) Sin lugar a dudas otro tema crucial para mejorar la seguridad en nuestra ciudad pasa por la necesidad de efectuar una transformación profunda del sistema penitenciario, que devuelva la dignidad humana tanto a las personas privadas de libertad como al personal penitenciario. Siendo el último eslabón del sistema de justicia, es uno de los que han sido más relegados, no obstante que el abandono y el descuido de nuestras cárceles, tiene impactos indudables y dañinos sobre los niveles de inseguridad. Por mencionar solo un ejemplo: es claro que las extorsiones telefónicas provienen en su mayoría de los centros penitenciarios, lo que habla de la falta de control, la corrupción y la descomposición que prevalece en dichos centros. Este tema no sólo afecta a las personas privadas de libertad, sino también a sus familias que son sistemáticamente extorsionadas con todo tipo de cobros, además de que se ven obligadas a llevar a los internos los bienes que el Estado debería proveer y no les proporciona. Esto representa un alto costo económico para las familias, lo que afecta sus posibilidades de vida y de desarrollo, pero -en último término- afecta también a la comunidad dado que las personas privadas de libertad regresan llevando consigo los daños y resentimientos que acumularon durante su estancia en los centros penitenciarios, sin tomar en cuenta que, además, cargan el estigma que les hace difícil reincorporarse a la sociedad. Aun cuando la reforma al sistema penitenciario es indispensable, hasta ahora ha sido relegada por los sucesivos gobiernos de la capital que parecieran no haber logrado visualizar la importancia que tiene para poder aspirar a mejores niveles de seguridad y de civilidad en nuestra ciudad.

6) No obstante que durante los últimos años el debate en torno a las mejoras en los niveles de seguridad de la Ciudad de México se ha centrado en un conjunto de indicadores estadísticos que pretenden mostrar las bajas reales o supuestas de la incidencia delictiva, quizás lo que resulta más convincente para los ciudadanos de a pie es poder constatar el trato que reciben por parte de las autoridades cuando acuden a denunciar algún delito y los resultados que observan como consecuencia de dicha denuncia. Hay aquí también un amplio campo para la mejora que tiene que ver con el trato que reciben los ciudadanos, pero también con el trato que recibe el personal tanto por parte de los ciudadanos como de las instituciones de seguridad y justicia que los emplean. Contar con profesionales competentes, que reciben una buena remuneración y condiciones de trabajo adecuadas que incluyan dotarlos de todos los insumos que requieren para llevar a buen término investigaciones de delitos complejos, es otro elemento indispensable para poder mejorar los niveles de seguridad en nuestra ciudad.

Finalmente, además de los puntos señalados anteriormente, es muy importante tener presente que la seguridad no es sólo un asunto que compete a las autoridades del gobierno central de la ciudad, sino también a cada una de las alcaldías e incluso a los barrios, las colonias y las calles que forman parte de la Ciudad. Si cada Alcaldía pudiera trazar un programa para los temas específicos de seguridad que más preocupan en dicha demarcación y lo mismo pudieran hacer los barrios, las colonias y las calles y, además, diéramos seguimiento a los compromisos de las autoridades y los ciudadanos asumiéramos la corresponsabilidad que no compete en mantener la seguridad en nuestros entornos, quizás lograríamos modificaciones más importantes y de mayor calado y trascendencia que aquellas que se dirimen en polémicas interminables acerca de cifras y porcentajes que, por más que nos digan que los delitos van a la baja, no logran convencernos de que nuestra ciudad es más segura. Es hora de probar otros indicadores que nos obliguen a todos a participar en la producción de la seguridad que atañe a nuestra calle, nuestra colonia, nuestra alcaldía y, finalmente, de nuestra Ciudad.

* Elena Azaola es profesora investigadora emérita del CIESAS y colaboradora del Seminario sobre Violencia y Paz (@SViolenciayPaz).