SEDENA sí viola derechos humanos

El pasado 22 de marzo en conferencia de prensa, el general José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), aseguró que no había evidencia para señalar que las fuerzas armadas violaran derechos humanos en el país. Días más tarde, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que se trataba de un ‘debate irresponsable’ asegurar que las fuerzas armadas habían atacado a la población civil.

Por ello, y atendiendo a la invitación de la SEDENA de recibir información sobre casos de violaciones a derechos humanos en los que estén involucrados elementos militares, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos facilita datos sobre los casos que acompaña donde elementos de las fuerzas armadas han sido encontrados responsables de graves violaciones a derechos humanos, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, así como retención ilegal y detención arbitraria.

Estos hechos constituyen delitos que fueron denunciados oportunamente ante la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se encuentran en investigación y, en los que pese a existir una decisión de un organismo internacional, permanecen en total impunidad.

• Caso Rosendo Radilla Pacheco, víctima de detención arbitraria y desaparición forzada a manos de miembros del Ejército mexicano en 1974 en el estado de Guerrero. Caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) Caso 12.511 SENTENCIA de 23 de noviembre de 2009 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas).

• Caso Miguel Orlando Muñoz Guzmán, teniente del Ejército Mexicano, víctima de desaparición en 1993; visto por última vez dentro del 26 Batallón de Ciudad Juárez, Chihuahua. Caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Informe de fondo Nº 2/06, CASO 12.130, MIGUEL ORLANDO MUÑOZ GUZMÁN, MÉXICO, emitido el 28 de febrero de 2006.

• Caso General Gallardo, detención arbitraria y violación a las garantías judiciales del Ex General Brigadier del Ejército Mexicano, José Francisco Gallardo Rodríguez por parte del Ejército Mexicano en 1993. Caso ante la CIDH Informe Nº 43/96 CASO 11.430 MÉXICO, emitido el 15 de octubre de 1996.

• Caso Hermanas González Pérez, en el que tres hermanas indígenas tzeltales fueron detenidas arbitrariamente y víctimas de tortura sexual a manos de militares en 1994, en el estado de Chiapas. Caso ante la CIDH Informe Nº 53/01, CASO 11.565, ANA, BEATRIZ Y CELIA GONZÁLEZ PÉREZ vs. MÉXICO, emitido el 4 de abril de 2001.

• Caso Ejido Morelia, en el que tres indígenas tzeltales fueron víctimas de tortura y ejecución a manos de militares en 1994 en el estado de Chiapas. Caso ante la CIDH Caso Ejido Morelia. Informe Nº 48/97, Caso 11.411. SEVERIANO Y HERMELINDO SANTIZ GÓMEZ “EJIDO MORELIA”, MÉXICO, emitido el 18 de febrero de 1998.

• Caso 4 civiles de Rosarito, víctimas de tortura a manos de militares en 2009, en el estado de Baja California. Recomendación 33/2015 de CNDH y Comunicación 500/2012 al Comité contra la Tortura de la ONU (CAT).

• Caso Jorge Antonio Parral Rabadán, víctima de ejecución extrajudicial a manos de militares en 2010 en el estado de Nuevo León. Recomendación 57/2013 de CNDH.

• Miriam Isaura López Vargas, víctima de tortura física, sexual y psicológica a manos de elementos militares en 2011, en el estado de Baja California. Recomendación 52/2012 de CNDH.

• Caso 13 policías, en el que 25 agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron detenidos de manera arbitraria y víctimas de tortura a manos de militares en 2009 en el estado de Baja California. Recomendación 87/2011 de CNDH.

Aún cuando todas las Recomendaciones anteriores han sido aceptadas por la SEDENA, al día de hoy los elementos militares señalados como autores materiales de las detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura no han sido investigados, ni mucho menos llevados ante la justicia. Y en ninguno de los casos anteriores se ha realizado la investigación correspondiente para el resto de la cadena de mando.

En su mensaje, el general Beltrán enfatizó que la SEDENA “no tolera, ni encubre ninguna conducta de algún elemento castrense que atente contra los derechos fundamentales de las personas, facilitando la intervención de las autoridades competentes para la investigación y sanción que en cada caso proceda”. Sin embargo, en el caso de Jorge Antonio Parral Rabadán, elementos de la SEDENA y sus representantes legales tuvieron acceso irregular a los expedientes, comprometiendo la independencia y objetividad de la investigación, y poniendo en riesgo el acceso a la justicia y la verdad de las víctimas.

Asimismo, y pese a las decisiones de organismos internacionales que determinan la reparación integral en beneficio de las víctimas, entre las cuales se encuentran las medidas de satisfacción, la SEDENA reiteradamente se ha negado a disculparse públicamente por las violaciones cometidas por integrantes de su institución. Por lo cual, actualmente las víctimas siguen esperando que la SEDENA asuma su responsabilidad y se comprometa a no volver a violar derechos humanos; en el caso del Sr. Radilla son ya 40 años y, en el caso de Ejido Morelia y Hermanas González Pérez son 20 años de esperar que la SEDENA asuma públicamente su responsabilidad en la desaparición, ejecución y violación sexual, respectivamente.

Luego del pronunciamiento, hacemos un enérgico llamado a la SEDENA y a la PGR como institución responsable de la administración y procuración de justicia encargada de la investigación de estos casos, a dar cumplimiento a estas Recomendaciones tanto de CNDH, como de instancias internacionales, y cumplir con sus obligación de investigar, brindar justicia y reparar integralmente a las víctimas de estas violaciones graves a derechos humanos.

Es momento de que la SEDENA asuma sus responsabilidades y deje de darle la espalda a las víctimas que sus elementos han generado.

 

@cmdpdh