blogeditor · 4 de agosto de 2014
Por: Marisol Escudero
La Secretaría de Salud lleva un año y siete meses de retraso en la emisión y publicación de los programas de acción específicos en salud sexual y reproductiva. Con esta omisión, pareciera que el Estado mexicano no considera prioridad las altas tasas de embarazo en adolescentes, ni a las mujeres que mueren durante la atención del parto, ni de las que son obligadas a parir en la calle o fuera de los hospitales, ni de las que deben tener acceso a interrumpir un embarazo y profilaxis para evitar el contagio de una infección de transmisión sexual por haber sufrido una violación.
Se supone que cada inicio de administración, la Secretaría de Salud debe emitir, en consonancia con el Programa Nacional de Salud sexenal, los Programas de Acción Específicos en materia de salud sexual y reproductiva tales como el de Planificación Familiar y Anticoncepción y el de Salud Sexual y Reproductiva de los adolescentes, los cuales resultan de vital importancia para el desarrollo de la prestación de los servicios de salud brindados por parte del Estado y, en este sentido, el efectivo ejercicio de estos derechos de las personas en el país.
Lo anterior es así ya que el objetivo de los programas es establecer las metas específicas que serán prioritarias en materia de salud sexual y reproductiva durante la administración, además de definir las acciones en materia de políticas públicas, así como los indicadores que medirán el grado de cumplimiento y efectividad de las políticas implementadas.
Por otra parte, la emisión de estos programas implica el acceso a un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que permite conocer las prioridades del Estado respecto de cómo garantizará el respeto y libre ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, además de conocer los resultados que el Estado mexicano prevé conseguir durante un periodo de tiempo determinado.
Ahora bien, en el actual periodo presidencial, la Secretaría de Salud tenía como límite para emitir la publicación de los programas específicos hasta marzo de 2014. Sin embargo, no han sido emitidos a pesar de que el Centro Nacional de Equidad y Género, área perteneciente a la Secretaría de Salud encargada de la elaboración de los mismos, envió a las instancias procedentes los documentos finales desde hace ya varias semanas.
Con lo anterior, no sólo se violentan los derechos humanos de las personas por una clara omisión del Estado en la implementación de políticas públicas que les permitan el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, sino que surge un cuestionamiento acerca de la finalidad de los recursos que el gobierno debía dirigir hacia necesidades urgentes como las altas tasas de embarazos adolescentes y los casos de muertes maternas, los cuales no pueden ni deben estar a merced de procesos burocráticos.
* Marisol Escudero, políticas públicas