¿Se trata de trata?

El lunes 19 de septiembre pasado, el dueño del periódico El Universal Juan Francisco Ealy Ortiz anunció que ese diario y su hermano populachero, El Gráfico, retiraban de tajo y para siempre toda publicidad de servicios sexuales, similares y conexos, argumentando que dichos anuncios son aprovechados por tratantes de personas. Anunció también que su organización apoyaría iniciativas tendientes a abatir este flagelo.  Hay que reconocer que se trata de una decisión notable, ya que los eufemísticos anuncios de “masajes” son de gran tradición en estos medios, y los ingresos por este concepto debían ser muy considerables.

La medida, -que mereció el apoyo unánime de funcionarios, legisladores y representantes de variopintas organizaciones- es el más reciente capítulo de un tema que, si bien milenario, se ha venido desarrollando con interés en México durante los últimos meses: la prostitución y la trata de personas con este fin.

En septiembre de 2010 las audiencias televisivas vieron horrorizadas como Televisa dedicó contundentes reportajes editorializados destinados a desenmascarar la siniestra actitud de un diario nacional, el periódico Reforma, que mantiene en sus páginas anuncios de servicios para adultos mientras en sus secciones informativas condena el delito de trata. La edición intencionada de la televisora acusaba a este grupo editorial de promover directamente la trata de personas por medio de sus anuncios. Tal iniciativa no había sido gratuita: son muchos los analistas que afirman que el diario afectó los intereses del consorcio televisivo con diversos trabajos periodísticos en los días anteriores a la aparición de los reportajes. Como suele suceder en estos casos, las verdaderas víctimas de la trata –con o sin anuncios en el periódico- fueron rápidamente olvidadas en el noticiero.

En abril del año siguiente fue aprobada en el Congreso la modificación a unos párrafos de la existente Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, vigente desde 2007, la cual criminaliza a quien contrate o publique anuncios en periódicos u otros medios, que “encuadren en alguna de las conductas del delito de trata de personas”.  Tal ordenamiento es ambiguo y de muy difícil tipificación, a grado tal que dudo que en algún momento pudiera condenarse a nadie por este delito, pero paradójicamente cualquier persona que edite, contrate o publique anuncios que pudieran, -y solo pudieran- “encuadrar” en alguna de las conductas tipificadas como trata, queda en estado de indefensión, y sujeta a abusos y extorsiones.  La modificación fue promulgada en junio de 2011.

La consecuencia de lo anterior es que, si bien disminuyó el número de anunciantes, ningún medio impreso o de otro tipo eliminó las secciones para adultos de sus clasificados… hasta el día del anuncio del dueño de El Universal.

Y es que el dinero es un importante factor en esto. Mucho dinero. Se calcula que los diarios españoles El País y El Mundo publican entre 600 y 700 anuncios diarios cada uno; El Universal llenaba planas enteras, Reforma maneja un promedio de 50 insertos actualmente, aunque antes de la aprobación de las modificaciones a la ley de trata –Y al escándalo promovido por Televisa- publicaba fácilmente 4 veces más.

La discusión alrededor de los anuncios de servicios sexuales en medios de comunicación, y su relación con el delito de trata de personas tiene características ambiguas. Por un lado, nadie en su sano juicio cuestionaría cualquier acción destinada a abatir el azote de la trata, considerado como moderna esclavitud que equipara su importancia a nivel mundial con el comercio ilícito de drogas o armas. De esta modalidad delictiva, la que tiene como fin la explotación sexual, y más aún contra menores de edad, es deleznable en grado sumo. Tan es así que en nuestro país el ya grave delito de trata de personas casi triplica las penas (de 9 a 27 años de prisión) tratándose de menores.

Lo anterior explica por qué la reforma a la ley del año pasado, que en la práctica criminaliza la sola publicación de anuncios de servicios sexuales, pasara sin mayor discusión por las dos cámaras legislativas. Sólo alguna intervención en tribuna y un par de artículos periodísticos se atrevieron a exponer un hecho que de otra forma pasaría desapercibido: la reforma en cuestión más que criminalizar la trata (la cual está ya debidamente tipificada) criminaliza a la prostitución o sexoservicio, actividad que en México no está prohibida.  Y más aún, algunos opinan que dicha reforma, lejos de abatir la trata de personas, podría promoverla.

Sergio Sarmiento escribió al respecto:

La persecución de quienes publiquen anuncios sexuales es particularmente perversa porque la única manera en que una persona puede ofrecer estos servicios sin recurrir a padrotes o protectores es anunciándose. Al castigar los anuncios, los legisladores están de hecho promoviendo la trata.

Grupos como la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, A.C. dedicada a la defensa de los derechos humanos y civiles de las trabajadoras sexuales, afirman lo anterior, y abundan:

El problema aquí, es que no todas las trabajadoras sexuales son víctimas, como se pretende hacer parecer, ni todas son esclavas de proxenetas…. Qué curioso, que una propuesta abolicionista, esa de prohibir los anuncios de contactos sexuales, facilite y promueva la trata de personas con fines de explotación sexual;… Las opciones para trabajar en el sexo, serán “contratarse” con un empresario del sexo, buscar el apoyo de “enganchadores” bien relacionados con los funcionarios públicos de turno…

Para el caso es lo mismo: mayor clandestinidad del oficio, lo que aliviará las conciencias de católicos, cristianos y feministas, al no ver lo que se hace fuera del alcance de su vista.

Y es que esta discusión está totalmente contaminada por otra, más añeja y enconada, sobre la prostitución en nuestro país.  El trabajo sexual –entre adultos- no es ilegal en México, salvo cuando se ejerce con escándalo en la vía pública, y previa denuncia vecinal, procede una simple multa.  El delito de lenocinio castiga no a las trabajadoras sexuales, sino a terceros quienes viven u obtienen beneficios de este comercio o regentean negocios con este fin. La pena correspondiente –de 2 a 8 años de prisión- es tres veces inferior a la del delito de trata de personas.

En México y en el mundo existen con respecto a la prostitución, diversos enfoques que tradicionalmente se han agrupado en tres: El prohibicionista, que busca prohibir y castigar la práctica tanto a prestadoras como a clientes; el reglamentista que tolera y norma la actividad, y el abolicionista, que reconoce su existencia y busca su control y disminución. Hay quienes consideran que el sexoservicio se inscribe dentro de los derechos de las personas; hay quienes lo consideran como un caso de misoginia, y hay quienes lo consideran inaceptable. La realidad en México es como en otros ejemplos, kafkiana: hay una evidente tolerancia expresada incluso en zonas del mismo nombre (reglamentarista), pero también una gran simulación ya que todas las personas que intervienen en este negocio podrían ser acusadas de lenocidas, y en la práctica también se ejerce el prohibicionismo debido a la extorsión y abuso de las que trabajadoras y clientes son constante objeto por parte de autoridades.

México no es país único en esta disyuntiva.  En julio de este año la presidenta Cristina Fernández de Argentina suscribió un decreto que prohíbe en cualquier medio de comunicación publicar cualquier imagen o mensaje escrito “que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres”.  Dicha medida no estuvo exenta de críticas en su país, y sus efectos positivos estarán por verse en el futuro.

Francia prohíbe terminantemente este tipo de publicidad; Inglaterra la controla obligando a los medios mismos a responsabilizarse de que los anuncios no involucren explotación o trata. En España la discusión es muy actual, cuando su principal diario El País, publica cerca de 700 anuncios diarios, lo cual le redunda muchos millones de euros de ganancias, mientras que otros importantes medios se han abstenido de hacerlo.

¿Promueven estos medios la trata de personas? En estricto sentido tendríamos que responder que no necesariamente. Solo son medios publicitarios y corresponde a la autoridad perseguir los delitos, éste o cualquier otro. Mujeres –y hombres- que en el más estricto ejercicio de su libertad deciden ofrecer servicios sexuales encuentran en estos medios una forma de promoverse para evitar así el acoso de proxenetas y la extorsión de autoridades, ejerciendo su oficio de manera más segura.

La realidad en México es la siguiente: De un análisis de los anuncios clasificados y de la opinión de grupos especializados, se desprende que muy pocos de los anuncios que se insertan realmente son de personas que ofrecen servicios a título personal. Los más corresponden a todo tipo de negocios que bajo los membretes de agencias, spas o casas de masajes ofrecen servicios de mujeres que son explotadas sí, en cuanto a que venden su fuerza de trabajo para ganarse la vida, pero que no necesariamente son víctimas de “violencia física o moral, engaño o abuso de poder”. A quienes manejan estos negocios se les pueden configurar diversos delitos como el lenocinio, pero difícilmente el de trata de personas.

Decir entonces que detrás de cada anuncio hay mujeres víctimas de la trata de personas es una exageración, como imprudente sería afirmar que no existe en ellos ningún caso.  Afirmar que la eliminación de estos espacios abatirá el multicitado delito es definitivamente una medida estética ilusoria,  por lo cual considero que serán más las personas afectadas en su legítimo derecho a ejercer una actividad, que las que sean salvadas de la esclavitud.

Las políticas legislativas de avestruz, que buscan evitar que la realidad se manifieste metiéndonos la cabeza en un agujero, son las verdaderas causantes de la desgracia de muchas mujeres y niños que no alcanzan a salir en los periódicos.

En México se acepta la prostitución como una actividad inevitable que no es ilegal, y que no tiene por que asociarse con la -esa sí muy vergonzosa- trata de personas con fines de explotación sexual, y más aún en contra menores de edad.  Para evitar esta asociación y por lo mismo combatir la trata, nada logramos con quitar anuncios del periódico, ni mucho menos criminalizar a quien los publique o edite; sino por el contrario asegurar a esta actividad en la certeza jurídica que ya tiene, y hacerla viable para su ejercicio de manera discreta, pero segura y transparente.