¿Se estancará el matrimonio igualitario en el 2017?

Por: Ricardo Baruch (@baruchdom)

A pesar de que la Suprema Corte ha dejado en claro en varias ocasiones que el matrimonio entre personas del mismo sexo es un derecho que se debe reconocer en todo el país, los Congresos locales se rehúsan a aprobarlo por la vía legislativa. Esta vez tocó el turno a Durango, donde la mayoría de diputados del PRI y PAN se opusieron a votar hace unos días la iniciativa que ya había salido de comisiones en días pasados.

La diputada Mar Grecia Oliva, impulsora de la reforma, había logrado amarrar un apoyo amplio de diversas bancadas, sin embargo a la hora de la votación sólo 4 diputados (3 del PRD y 1 del PAN) lo hicieron a favor, ante la presión que ejerció el Frente Nacional por la Familia (FNF). Durango se hubiera convertido en el 11º estado en contar con matrimonio igualitario, junto a sus vecinos Coahuila y Chihuahua.

Después de que el año pasado se vivieron tiempos álgidos con las manifestaciones del FNF en septiembre, en ningún Congreso estatal se había introducido alguna propuesta para legislar el matrimonio igualitario. El único movimiento político al respecto fue la discusión que se tuvo en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya era una realidad desde el 2009. La Constitución incluyó el siguiente texto en el artículo 16: “Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra forma de unión”. Con esto, no se cambiará ninguna disposición legal en la CDMX, simplemente se refuerzan las ya existentes.

Apenas la semana pasada, la Suprema Corte volvió a reforzar la idea de que las familias, sea cual sea su conformación, pueden incluir hijos adoptados o que nacen como producto de técnicas de reproducción asistida. De esta forma, nuevamente la Corte no sólo reconoció el matrimonio sino también la diversidad familiar. Esto, ante la pretensión de la derecha de limitar la posibilidad de usar servicios de reproducción sólo para parejas heterosexuales casadas que no pudieran tener hijos.

Los motores para las elecciones del 2018 ya se encendieron y pocos políticos quieren mostrar su apoyo a las causas LGBTI por miedo a lo que pasó con las elecciones del 2016, donde priístas afirmaron que perdieron varios estados por culpa del impulso al matrimonio gay (y no a la corrupción de sus gobernadores). Además, el FNF ha logrado hacerle “manita de puerco” a legisladores de varios partidos, incluyendo los de izquierda, para resistir lo más posible a las recomendaciones de la SCJN. A nivel federal ni se diga. La Cámara de Diputados sepultó desde hace meses la propuesta de hacer nacional el matrimonio igualitario y se ve muy difícil –por no decir imposible- que se desentierre en lo que queda de esta legislatura, ante la presión.

El peligro extra que se añade a la ecuación actual es el empoderamiento de las organizaciones internacionales de corte conservador, que están regocijándose con la llegada de personajes de la ultraderecha al gabinete de Trump. El apoyo que durante el gobierno de Obama recibió la causa de la diversidad sexual en todo el mundo, posiblemente se irá justamente a la causa contraria. Además, mientras que con Obama, todas las representaciones diplomáticas de Estados Unidos tenían la obligación de apoyar los derechos LGBTI, incluyendo en espacios como la ONU, con Trump es muy probable que se cambie radicalmente. Por tanto, es posible que las organizaciones conservadoras en México reciban apoyo moral, técnico y económico proveniente de Estados Unidos.

El matrimonio entre personas del mismo sexo en los Estados Unidos también pende de un hilo. Al igual que en México, varios pasos importantes para el reconocimiento de los derechos LGBTI se habían dado gracias a la Suprema Corte. Sin embargo, con la llegada del nuevo nominado por Trump, Neil Gorsuch, la balanza se podría inclinar hacia el lado conservador que podría echar para atrás sentencias favorables a la causa de la diversidad sexual. Y no sólo eso, existen rumores de que el presidente podría dar una orden ejecutiva relacionada con la “libertad religiosa”, lo cual podría permitir que las personas discriminen a personas LGBTI con base en sus creencias: un juez podría negarse a casar a una pareja del mismo sexo, el dueño de una cafetería podría negarse a dejar entrar a un hombre afeminado o incluso, si una mujer trans entra a un baño de mujeres, podría ser considerada una criminal en algunos estados, por “ofender” las creencias religiosas de otros.

Tanto en Estados Unidos como en México el panorama no es muy alentador, pero cualquier cosa puede pasar. Lo que sí sabemos es que incluso si el matrimonio igualitario no avanza geográficamente hablando, el reconocimiento a los derechos de las personas LGBTI ha crecido y seguirá creciendo enormemente en ambos países. El 17 de mayo, Día nacional (y mundial) de la lucha contra la homofobia será clave porque se cumplirá un año de aquella ceremonia donde el presidente Peña Nieto se comprometió a apoyar en varios frentes a la diversidad sexual. Veremos si hay cosas qué reportar para entonces.

* Ricardo Baruch D. es activista e investigador de temas de salud y derechos humanos. Miembro del Movimiento por la Igualdad.