¿Se está construyendo verdad en México?

En el marco de conmemoración del Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, es necesario hoy más que nunca reflexionar sobre los obstáculos que han enfrentado las víctimas de este país para acceder a la verdad como un derecho que ha acompañado la exigencia de justicia por décadas. Nos encontramos en una crisis de derechos humanos sin precedentes frente a la cual no sólo el Estado mexicano se ha quedado sin respuestas, sino que ha empleado mecanismos de obstrucción a la verdad valiéndose de narrativas mediáticas que confunden y ponen en tela de juicio la realidad y los testimonios de las víctimas, utiliza al sistema de justicia para -irónicamente- ocultar la verdad y justificar la impunidad. Incluso incurre en actos de persecución, criminalización e intimidación para que las víctimas no denuncien, ni busquen justicia y verdad.

Conocer la verdad en un contexto donde los derechos humanos son vulnerados sistemáticamente, representa un paso fundamental para acceder a la justicia, reconocer la dignidad de las víctimas y sus familias e implementar medidas de reparación y no repetición. Al mismo tiempo, la verdad es un derecho que está relacionado con mecanismos de transparencia, rendición de cuentas, esclarecimiento de los hechos y también es un pilar muy importante para detonar procesos de reconstrucción del tejido social. Desde una perspectiva social implica un proceso de análisis, apropiación y exigencia colectiva de lo que significa “conocer la verdad” particularmente en casos de desaparición, tortura, asesinatos extrajudiciales, feminicidios, detenciones arbitrarias y una serie de graves violaciones a derechos humanos.

Desde la sociedad civil tenemos claro que el derecho a la verdad es una deuda histórica que tiene el Estado mexicano con el amplio espectro de víctimas de los gobiernos que no sólo han obstaculizado el acceso a la verdad y la justicia, sino que han creado condiciones excepcionales de impunidad que hacen imposible conocer la verdad.  Así, las violencias del pasado y el presente se acumulan mientras los gobiernos cambian de color, pero no transforman sus prácticas políticas cuando se trata de procurar verdad, lo cual profundiza la desconfianza social y pública en las instituciones y mecanismos que son impulsados desde el Estado. Por ejemplo, con la fabricación de la “verdad histórica” en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa comprobamos cómo opera la maquinaria estatal para ocultar la realidad de los hechos, encubrir a los perpetradores y fomentar la impunidad. Frente a este panorama, son las propias familias de las víctimas las que se organizan para construir herramientas que les acerquen a la verdad y la justicia sin dejar, al mismo tiempo, de demandar  acciones concretas al Estado para poder atender la crisis de derechos humanos que persiste.

En ese sentido, la creación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa responde no únicamente al compromiso presidencial con las familias, sino que es el resultado de la lucha que las madres y padres han mantenido todos estos años. Desafortunadamente, la apertura institucional del gobierno actual para “llegar a la verdad por dolorosa que sea”, solo es discursiva, pues se desdibuja frente al entramado de intereses políticos y actores clave que se ven comprometidos en el caso y han abonado a la obstaculización de la verdad.

Así como en Ayotzinapa, la verdad se ha puesto en riesgo por las estructuras institucionales en la mayoría de los casos y procesos que se han iniciado en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y no repetición por dos razones principales: no incluyen desde su diseño y creación la participación activa de las víctimas y familiares de víctimas, obviando o invisibilizando sus necesidades, conocimientos y experiencias; o si la incluyen, sólo es para legitimar y validar las acciones gubernamentales. Ambas prácticas han representado barreras para la construcción de verdad; la verdad que se construye a partir de la participación y legitimidad de las víctimas y sus familiares, no la que se ha fabricado parcial y ventajosamente desde el Estado.

Aunque el panorama ha sido adverso, por decir lo menos, las víctimas han podido impulsar y trabajar en la creación de marcos jurídicos que reconocen y garantizan sus derechos, inciden a nivel local y estatal para promover programas y políticas públicas que atiendan problemáticas específicas como la desaparición de personas o la violencia de género. Además en esta construcción de vías para acceder a la verdad y la justicia, se han sumado organizaciones de la sociedad civil desde un rol de aliado y acompañante. Sin embargo, es importante incorporar a estos esfuerzos conjuntos, compromiso y voluntad política real que permita tener una estructura institucional sólida que dé resultados y sea sostenible en el largo plazo.

Toca entonces, de cara a la complejidad que se nos presenta, tener claridad sobre el momento político en el que nos encontramos para saber cómo podemos construir verdad en un país que está sumido en la violencia y al mismo tiempo es confrontada por una narrativa oficial que se empeña en afirmar que ya no existe impunidad, que se procura justicia y que las graves violaciones a derechos humanos en la actualidad no suceden. La verdad que necesitamos se construye de la mano de las víctimas, con evidencia, ejercicios de investigación rigurosos y transparentes, con pleno reconocimiento sobre los hechos; y con procesos jurisdiccionales que contemplen medidas de reparación y no repetición. De lo contrario, la verdad se estaría construyendo -como sucede hasta ahora- de forma parcial e incompleta, respondiendo a los intereses estatales y sin efectos que produzcan cambios profundos y estructurales.

En suma, la búsqueda de verdad no puede seguir cooptada por una narrativa cargada sólo de actos simbólicos que reconocen la participación del Estado en algunos casos de graves violaciones a derechos humanos ocurridos en el pasado, está práctica fomenta la simulación y la instrumentalización política de las víctimas pues el gobierno decide unilateralmente en qué casos sí responde y “rinde cuentas” y en cuáles no. Por ejemplo, el pasado 13 de marzo se llevó a cabo la Audiencia de Supervisión de Sentencia del caso Radilla Pacheco en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para revisar los avances que ha tenido el Estado en el caso de la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco, perpetrada por miembros del ejército en 1974. A casi 50 años, el Estado ha incumplido la sentencia, incluso la SEDENA declinó su participación en dicha audiencia demostrando el desinterés que tiene por responder sobre las violaciones a derechos humanos que ha cometido, apostando totalmente por la impunidad.

La “apertura” que ha tenido el sexenio de López Obrador es apenas una rejilla muy débil donde se ve un rayo de luz, que algunas veces parece oscurecer o desaparecer. Dicha debilidad crea escenarios que fomentan la desmemoria, la injusticia y el ocultamiento. Por ello, debemos apostar por la acción colectiva, horizontal y tejida desde y para las víctimas, hasta que la verdad se haga costumbre.

* Olimpia Martínez Ramírez (@olimpia_libre) es politóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I) enfocada en la defensa y promoción de derechos humanos. Feminista y acompañante de procesos que buscan verdad, justicia y memoria. Actualmente colabora como investigadora en @ElementaDDHH.