Se avizora la libertad para Ildefonso Zamora

“El medio ambiente empieza a convertirse en un nuevo campo de batalla para los derechos humanos”, señaló la organización Global Witness en su reciente informe sobre defensores de la tierra En terreno peligroso. “Cada vez es más común que las comunidades que toman cartas en el asunto se encuentren en el punto de mira de la seguridad privada de las empresas, las fuerzas estatales y un mercado floreciente de asesinos a sueldo”.

La familia del ambientalista tlahuica Ildefonso Zamora ha vivido en carne propia el viacrucis que relata Global Witness. Uno de los cinco hijos de Ildefonso, Aldo, fue asesinado por talamontes; uno más fue herido en el atentado, y el cabeza de familia acaba de cumplir siete meses en prisión, acusado de un delito que no cometió. La familia, la comunidad y las más importantes organizaciones mundiales de derechos humanos y ambientalistas han denunciado la criminalización que ha hecho blanco en los Zamora, todo por defender un bosque en uno de los países que sufre mayor deforestación por tala ilegal en el mundo.

“Haber logrado el reconocimiento de tierras comunales de San Juan Atzingo y combatir la tala ilegal me ha costado muy caro, pero no estoy acabado, porque lo que ya realicé quedó en los libros de la historia, son y serán huellas imborrables. Sigo firme y con dignidad”, aseguró Ildefonso Zamora durante la visita que le hicieron los directivos de Amnistía Internacional México, Greenpeace y el Centro Prodh.

A pesar de que un juez ordenó no juzgar al líder tlahuica, pues no hay ninguna prueba en su contra, éste sigue en la prisión de Tenancingo, Estado de México. Está acusado de un delito grave y si el Ministerio Público o los acusadores deciden impugnar la decisión del juez de amparo, Ildefonso deberá permanecer más tiempo en la cárcel.

La comunidad de San Juan Atzingo, ubicada en el municipio de Ocuilán de Artega, Estado de México, comenzó la defensa de sus bosques en 1998 ante el embate de la tala ilegal. Su territorio es parte del Gran Bosque de Agua, que abarca 120 mil hectáreas que albergan casi el 2 por ciento de la biodiversidad mundial, ayuda a regular el clima y la calidad del aire de la región, proporciona tres cuartas partes del agua que se consume en la Ciudad de México, el total de la que se consume en Cuernavaca, parte del agua de Toluca y abastece a dos de los ríos más importantes del país: el Lerma y el Balsas.

Como comisariado de Bienes Comunales, Ildefonso Zamora impulsó el reconocimiento de las tierras de San Juan y denunció a los taladores de bosques, presentando como pruebas videos y fotografías. De acuerdo con el Instituto de Geografía de la UNAM se estima que unas 38 mil 400 hectáreas del Gran Bosque del Agua han sido destruidas por los talamontes clandestinos. Su familia también colaboró con Greenpeace en la colecta de datos para hacer un estudio sobre los impactos de la tala ilegal en los bosques de San Juan Atzingo. Esto trajo amenazas a la familia, que se concretaron el 15 de mayo de 2007. Aldo y Misael, hijos de Ildefonso, fueron emboscados al volver de una inspección en la zona; Aldo murió y Misael fue herido en un pulmón. Misael y otros familiares que los acompañaban identificaron a los atacantes como conocidos talamontes de la zona.

Unas semanas después, el gobierno del entonces presidente de la República, Felipe Calderón, le otorgó a Ildefonso y a su comunidad la mención honorífica del Premio al Mérito Ecológico; al igual que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto, se le prometió hacer justicia y defender los bosques. Tuvieron que pasar más de tres años para que las autoridades detuvieran a dos de los cuatro agresores.

El 20 de noviembre de 2015, Ildefonso fue detenido con violencia y sin mediar orden de aprehensión, acusado de un delito que no cometió; además, nunca fue notificado de que había una averiguación en su contra. A pesar de las pruebas de que Ildefonso estaba en otro lugar el día de los hechos, fue recluido en el Centro de Readaptación Social de Tenancingo, Estado de México, en un primer momento junto a los homicidas de su hijo.

La familia nunca ha tenido duda de que detrás de la acusación están personajes políticos ligados a los talamontes.

Ante la evidente criminalización del ambientalista, Greenpeace, el Centro Prodh y Amnistía Internacional lanzaron la campaña #IldefonsoLibre, a la que se han unido 34 mil personas. Este mismo mes, Amnistía Internacional lo reconoció como preso de conciencia, lo que significa que está encarcelado por su lucha y que ésta es pacífica. Las firmas de decenas de miles de ciudadanos exigiendo su libertad, el reconocimiento de su labor por parte de los habitantes de San Juan y, ahora, el amparo otorgado por un juez hacen posible pensar que su libertad está cerca.

La libertad de Ildefonso y el cese del acoso contra su familia serían una señal de que las autoridades del Estado de México se toman en serio los derechos humanos –porque la defensa de la tierra y el territorio, insistimos, es parte fundamental de éstos.

@CentroProdh