Fundar, Centro de Análisis e Investigación · 12 de noviembre de 2026
Por Paulina Castaño Acosta*
El pasado martes 10 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó, en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, por un monto de 10.6 billones de pesos. La discusión legislativa definió cómo se distribuirán los recursos públicos el próximo año, pero dejó una pregunta de fondo sin resolver, ¿México tiene ingresos suficientes para financiar los servicios públicos y garantizar los derechos de su población?
La respuesta exige discutir tanto el gasto como los ingresos. México necesita ampliar su recaudación mediante un sistema tributario progresivo, que cobre de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente. Combatir la evasión y la elusión fiscal resulta indispensable, pero también hace falta revisar los privilegios fiscales, evaluar los estímulos otorgados a grandes empresas y fortalecer los impuestos sobre los ingresos más altos y la propiedad. Una recaudación limitada reduce la capacidad del Estado para atender las necesidades públicas y obliga a que distintos derechos compitan por recursos insuficientes.
El PEF 2027 tendrá un incremento real de 0.3 % respecto a 2026, pero ese aumento no significa que el Estado tendrá recursos suficientes para responder a las necesidades de la población. También es necesario considerar el cobro de los servicios públicos, las obligaciones que debe cubrir el gobierno y las carencias acumuladas en sectores fundamentales.
Uno de los cambios del proceso legislativo fue la reducción del presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE), por un total de 6 mil millones de pesos. De ese monto, 5 mil millones se reasignaron a educación, medio ambiente, búsqueda de personas desaparecidas e infraestructura aeroportuaria, como se detalla en la siguiente tabla. Los mil millones restantes se destinaron a otros programas, entre ellos, los centros de desarrollo infantil, la atención integral para el bienestar de las mujeres y la promoción turística.

De los mil millones de pesos asignados al sector ambiental, 163.2 millones corresponden a la Semarnat; 200 millones, a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; 189 millones, a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas; 168 millones, a la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; 129.8 millones, a la Comisión Nacional Forestal; 50 millones, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; y 100 millones, al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.
La Cámara de Diputados justificó la disminución con el argumento de que se pueden organizar los comicios de 2027 con menos recursos, en un contexto de cuestionamientos políticos sobre el manejo de su presupuesto. Sin embargo, será necesario evaluar los efectos del recorte en la capacidad del INE para organizar las elecciones y garantizar que las medidas de austeridad no comprometan el cumplimiento de sus funciones.
Por otro lado, persisten brechas de financiamiento en sectores clave para garantizar derechos. En salud, el presupuesto equivaldrá a 2.8 % del PIB, menos de la mitad del 6 % recomendado por la OMS. Además, el 70 % del gasto se destinará a la población con seguridad social y solo el 30 %, a quienes carecen de ella, mientras que los recursos para salud materna, sexual y reproductiva serán 16.3 % menores que en 2019.
Por su parte, en cultura el aumento real de 1.1 % es insuficiente para atender las necesidades acumuladas del sector. Al igual que los recursos del Anexo Transversal 16, destinado a la adaptación y mitigación de cambio climático, que tendrán una reducción de 27.6 %. También sigue pendiente el fortalecimiento de las instituciones de derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas y la atención a víctimas y a la crisis forense. Estas tareas requieren recursos suficientes y sostenidos, más allá de las resignaciones puntuales.
El PEF 2027 distribuirá más de 10.6 billones de pesos, pero el monto total del presupuesto no garantiza que el Estado cuente con los recursos suficientes para cumplir sus obligaciones y garantizar los derechos de la población. Para lograrlo, México necesita una reforma fiscal progresiva que fortalezca la recaudación y permita distribuir los recursos de manera más justa. Sin ingresos adecuados, cada presupuesto anual seguirá atendiendo las necesidades más urgentes, pero sin resolver los rezagos acumulados.♦
*Paulina es investigadora en el programa de Justicia Fiscal de Fundar México.
**Todas las cifras están expresadas en pesos constantes de 2027, las variaciones son en términos reales.