Lady Mossad · 25 de febrero de 2011
Hace unos días, poco más de una semana, venía entrando a la casa de mi madre cuando escucho esa forma particular que tiene para llaamarme: ¡Neshaaaamáaaah, ven a ver esto! ¡Ay no qué miedo! ¡Ay no pobres madres! ¡Ay no cuánto sufrimiento! ¡Ay no qué infames!
Ahí voy, más demorada que presta a ver lo que quería mostrarme; conociendo la versión hippie que me tocó por madre, reconocí en el sonoro maúllo que estaba a punto de mostrarme algo poco trascendente pero de mucha progresitud.
El asunto narrado era más o menos así: en uno de los canales de televisión hispana de San Diego, pasaban la nota de una chica de 17 años que, saliendo de clases, acompañó a sus compañeras a la estación del tren y fueron abordadas por unos oficiales que les habían solicitado sus documentos. La chica fue detenida y posteriormente deportada a México por no llevar consigo una identificación y no comprobar su estatus migratorio.
Hasta aquí nada particular, este tipo de operativos en el transporte público son comunes. Un oficial del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) puede solicitar documentos de estatus migratorio en cualquier momento, incluso yendo vestidos de civiles. Así pues, usted puede ir sentado cómodamente en el transporte público con un oficial del ICE al lado que, de sospechar sobre su estatus migratorio, pedirá mostrarle su identificación.
Nótese que la parte anterior de este relato, me referí a oficiales del ICE, no a oficiales de la policía local. La verdadera razón que detonó la indignación de mi sacrosanta madre fue que la detención llevó a cabo en National City, localidad ubicada entre la garita con México y la ciudad de San Diego, que entre otras variables concentra una gran cantidad de población inmigrante, además de ser la primer ciudad entrando a Estados Unidos por California declarada “santuario”.
Tuve que explicarle que el concepto de “ciudad santuario” es ambiguo, mal entendido y muy manipulado; que se adoptó en los 80’s cuando los inmigrantes centroamericanos que venían huyendo de los conflictos civiles pedían refugio en las iglesias; al pasar los años el concepto fue adoptado tanto por grupos promigrantes, como por antimigrantes, políticos y gobiernos. Lo usaban para describir una actitud o una postura por parte de las comunidades con respecto a la situación y al trato de los indocumentados que recibían los indocumentados en esos lugares.
Una ciudad, al declararse santuario, se pronuncia por una política de no cooperación con la Ley Federal de Inmigración (IIRIRA), en la que se insta los empleados locales a que notifiquen al ICE la presencia de indocumentados, incluyendo a las agencias de seguridad, pero también a los servicios de salud, educación, servicios de bienestar social y otros. Incluso el ICE tiene un servicio para empleados de las ciudades -conocido como ciudades más seguras- través del que los capacita para detectar y turnar a los indocumentados hacia las instancias correspondientes.
En las comunidades cuyos gobiernos ratifican el estatus de “santuario” mediante un documento firmado y publicitado en los medios de comunicación, se supone que los indocumentados -al no ser requeridos de documentación migratoria, en caso de sufrir un accidente, una infracción de tránsito o simplemente fumar en la vía pública donde está prohibido- no serán turnados a las autoridades de migración.
El hecho de que los gobiernos locales se pronuncien por este tipo de políticas provoca un gran debate nacional, ya que los grupos anti-inmigrantes con una retórica distorsionada, muestran a estas ciudades como nichos donde el crimen y la violencia se elevan exponencialmente. Aunque es bien sabido que las ciudades como Nueva York, que ha sido declarada santuario, presentan los menores índices de criminalidad a nivel nacional.
Sólo hay tres estados que se han ratificado como santuarios: Alaska, Oregon y Maine. Hay también una larga lista de ciudades como: New York, San Francisco, Los Angeles, Miami, Berkeley, Cambridge, Chicago, Denver, Houston, y otras (algunas ratificadas por escrito de los gobiernos locales y otras en las que el compromiso ha sido tácito).
El caso de Houston, por ejemplo, es emblemático. La ciudad está a punto de abandonar la ratificación de santuario a raíz del ingreso del nuevo gobernador texano Rick Perry, quien durante su campaña sostuvo que no aprobaría leyes como la SB1070, pero que al segundo día legislativo de su mandato, elevó a “tema de emergencia” la revisión de “políticas que no son adecuadas” y decidió sancionar a las ciudades que no aplican las leyes de inmigración federales.
Todo eso tuve que explicarle a mi sacrosanta madre a razón de argumentar que su ofensa no estaba siendo del todo justificada. Al siguiente día, mi hermana -mejor conocida como la reina del mitote comunitario- que trabaja y vive muy cerca del lugar de los hechos, me contó que la chica resultó ser su vecina (puerta con puerta), y que todo había sido una mentira inventada por ella para regresarse a México sin ser reprendida por su familia. La chica ya no quería estar en San Diego porque sabía que al terminar los estudios de preparatoria ya no tendría posibilidad de estudiar en la universidad, pero nunca imaginó las proporciones que tomaría el asunto causando pánico en la gran comunidad indocumentada de National City.
Por estupideces como las de la chica anterior es que sabemos cuánto prejuicio y pánico gira alrededor de las denominadas ciudades santuario, que son el punto clave en próximos debates sobre reformas migratorias y tema recurrente para los próximos comicios locales.
El temor es real, la gente desea un espacio donde pueda transitar libremente sin ser sujetos a constante instigación, aunque sea subjetiva.
¿Imagínese no poder ir ni a la tienda a comprar víveres por el temor de que un oficial de policía le pida probar su estatus migratorio porque se pasó un alto? o ¿que del hospital lo turnen a los servicios del ICE porque tuvo un ligero accidente?
Finalmente, ¿el hecho de haber infringido la ley al internarse en el país buscando un mejor futuro los vuelve TAN criminales?