San Pablo Atlazalpan y el despojo de los recursos
Redacción Animal Político · 1 de mayo de 2018
Hace aproximadamente cinco meses, la empresa Creatividad e Inteligencia en Construcción S.A. de C.V. (CICSA) llegó a la comunidad nahua de San Pablo Atlazalpan, ubicada en el municipio de Chalco, Estado de México, para explotar una mina de basalto a sólo unos metros de una escuela primaria y de casas habitación.[1]
Desde ese momento y casi sin pausa, la maquinaria pesada se ha dedicado a extraer y moler piedra basáltica donde antes se encontraba la antigua hacienda San José Axalco; de la antigua construcción, ahora sólo se pueden observar nubes de polvo y ruinas. Esta actividad ha generado daños en los habitantes de la comunidad, quienes padecen enfermedades y malestares físicos derivados de ello. Lo más grave de la situación es que la empresa, de manera unilateral, decidió cortar la electricidad que alimentaba el depósito de agua que abastecía a la comunidad, además de amenazar con destruirlo.
Así, la empresa no solamente atenta contra el derecho al agua de las personas que integran la comunidad, sino contra su derecho a la libre determinación y a la consulta previa e informada de cualquier proyecto que les afecte. Además, las actividades de la empresa se contraponen a lo que ella misma ha reportado al United Nations Global Compact en cuanto a su respeto a los derechos humanos, cuando refirió que: “Estamos comprometidos al 100 % con todos los principios del Pacto Mundial como lo son los derechos humanos, los apoyamos y respetamos, no somos ni seremos cómplices de ningún tipo de abuso por esta índole”[2].
Frente a estas acciones que les han despojado temporalmente del agua y amenazan con hacerlo de forma permanente, las y los habitantes de San Pablo Atlazalpan comenzaron a organizarse y están exigiendo a las autoridades municipales y estatales, primeros obligados a garantizar y proteger sus derechos humanos, que se tomen las acciones necesarias para frenar a esta empresa y al despojo del que están siendo víctimas. Estas exigencias deben de ser escuchadas por el gobierno y ponderarse como prioritarias por sobre los intereses de empresas privadas que busquen, únicamente, su propio enriquecimiento.
Referencias:
[1] Camacho Servín, Fernando, “Mina de basalto labora con anomalías, denuncian vecinos de Atlazalpan, Chalco”, consultable aquí.