San Fernando, Tamaulipas, ¿dónde estabas ese día?

Lo recuerdo como si fuera ese día. Me enteré de la masacre de los 72 migrantes asesinados en un rancho en San Fernando, Tamaulipas, cuando yo estaba llegando de acompañar una de las primeras giras del grupo de “mexicanos en el exilio” con sede en El Paso, Texas, y me llamó un periodista para saber mi reacción ante esta tragedia. Yo estaba literalmente aterrizando y no sabía nada así que le pedí tiempo para responderle. De manera frenética empecé a hacer llamadas pues me parecía que no era posible creer que lo que me estaban preguntando fuera verdad. Conforme indagué, mi horror se fue incrementando y decidí reunir información lo más detallada posible para poder responder con cierto conocimiento, aunque lo peor es que a partir de ese momento el tema es referencia obligada para todos los que analizamos el tema migratorio en México. Los 72 migrantes se volvió un punto de quiebre, un antes y un después. Un dolor que no acaba.

Lo más grave del tema no es solo la tragedia en sí misma, un asesinato masivo extremadamente cruel y violento a manos del crimen organizado, sino que era completamente previsible. En ese entonces, hacía relativamente poco el tema de la violencia contra las personas migrantes a través del país había cobrado relevancia. En 2009 la Quinta Visitaduría de la CNDH, cuyo titular era Mauricio Farah, habían hecho público un informe sobre violaciones a los derechos humanos de las personas que cruzan nuestro país. El informe era demoledor porque hablaba de que miles de personas habían sufrido todo tipo de vejaciones, secuestro, tortura psicológica, violencia extrema, extorsión, robo. Los migrantes -se decía- eran carne de cañón no solo para las mafias que empezaban a ver la rentabilidad de traficar con seres humanos, sino que se sabían los modos operandis de las redes de extorsión y sus alcances. Por ejemplo, encimando mapas de la ubicación de la red de casas de cambio y bancos como Western Union, investigadores sociales como Rodolfo Casillas de FLACSO había rastreado las presuntas rutas de la extorsión de manera clarísima.

En el caso del Informe de la CNDH no solo proyectaba el número potencial de víctimas, sino daba testimonios de las víctimas que dicho equipo fue recabando y que horrorizaron a todos los que nos atrevimos a leer dicho material. Lo sorprendente es que el gobierno federal en voz del titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, en lugar de hacer suyo el resultado de esa investigación descalificó a la propia CNDH como voz autorizada frente a sus contrapartes internacionales, argumentando que la metodología del informe de la CNDH no era clara y que sus proyecciones resultaban una exageración sin fundamento alguno.

Cuando se supo del asesinato de 72 migrantes lo que fue obvio es que el informe tenía razón y algo terrible estaba pasando a lo largo de la ruta de tránsito en territorio mexicano desde Centro América hasta la frontera con Estados Unidos. Desafortunadamente este crimen atroz no era el único y había suficiente evidencia de lo que pasaba, por lo que se podía haber intervenido. Se trataba de un proceso criminal suficientemente bien aceitado a esas alturas entre las bandas criminales y policías locales, los gobiernos estatales y municipales que los protegían. Si no eran parte, la omisión del gobierno federal en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa los hizo cómplices.

Lo que sacó de su letargo y complacencia al gobierno mexicano de ese tiempo fue el hecho de que en el asesinato de los 72 migrantes hubo sobrevivientes y uno de ellos logró ser rescatado y protegido por el gobierno de su país de origen, Ecuador, cuyo entonces presidente, Rafael Correa, alzó la voz de manera fuerte, insistente y directa y exigió al gobierno de México dar cuenta de la atrocidad vivida por sus connacionales. El asunto escaló a nivel internacional y ya no pudo ser acallado como miles de casos que habían pasado antes y que desafortunadamente siguieron pasando. Otros gobiernos no respondieron con la misma fuerza considerando que entre las víctimas había nacionales de El Salvador, Honduras, Guatemala, e incluso la India. El caso de Brasil es tal vez el más lamentable porque su entonces presidente, Lula da Silva, no hizo señalamientos que obligaran a resolver los casos de sus connacionales asesinados en México, lo que llevó a que dichos casos se quedaran sin resolución por años.

En México, el Tribunal Permanente de los Pueblos adoptó este caso como emblemático de la violencia que arreciaba en el país, con la complicidad directa y la omisión criminal de las autoridades federales. Durante varios años dicho Tribunal reunió a las familias de las víctimas, dio seguimiento a los casos, consignó las dificultades de cada historia para poder cerrar los duelos y finalmente emitió una sentencia con la que quedaba sentado que, aunque la justicia formal evadía tomar este tema, instancias internacionales y activistas nacionales alzaban la voz para que la tragedia de 72 personas asesinadas no quedara impune. Aunque luego de años las autoridades mexicanas ubicaron culpables y consignaron a algunos, nunca se dio cabal cuenta de qué había pasado, quiénes encubrían a dichos grupos y, sobre todo, qué se tenía que hacer, deteniendo a los líderes intelectuales para evitar nuevas tragedias.

En su momento este tema impactó de manera directa a la autoridad migratoria mexicana, en ese entonces, Cecilia Romero, presidenta del Instituto Nacional de Migración, justo en un periodo en que se estaba concluyendo la discusión jurídica de la que a la postre sería la ley de migración publicada en noviembre de 2011. El evento criminal movió las coordenadas del debate migratorio, hizo evidente el tema del tránsito como una realidad que se mantenía en un bajo perfil y sumó a miles de activistas a apoyar la causa de la migración por México de una manera aún más evidente. Se produjeron testimonios orales, visuales, radiofónicos, fílmicos, monumentos, ofrendas a la memoria del duelo. Esta tragedia se sumó a tantas otras, pero dejó una huella especial porque desnudó a la autoridad de entonces como cabal responsable de un proceso criminalmente anunciado. Sin embargo, ni siquiera ante la presión internacional, el entonces gobierno de Felipe Calderón Hinojosa se hizo cargo de acompañar y cerrar jurídicamente cada caso. Se lo heredó al siguiente gobierno de Enrique Peña Nieto, quien simplemente abandonó el expediente y dejó a gran parte de las familias de las víctimas penando. El actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene la oportunidad y la responsabilidad de dignificar la memoria de un hecho atroz, horroroso, indescriptible y permitir resarcir en algo el dolor sufrido por los deudos. Mientras no lo haga, todos, junto con nuestro gobierno, seguimos siendo responsables ante el mundo de 72 vidas cortadas, sacrificadas, enmudecidas con llanto.

* Leticia Calderón Chelius (@letichelius) es investigadora del Instituto Mora e integrante del Patronato de Sin Fronteras (@SinFronteras_1).