Salud materna, deuda histórica en México

Hace 11 años, Marisol Martiriz Guzmán era atendida en el Hospital Rural IMSS Prospera de Bochil, Chiapas. Lamentablemente, la madrugada del 20 de julio de 2015, ella y su bebé perdieron la vida debido a diversas fallas estructurales e institucionales como la falta de personal médico especialista en ginecología, obstetricia y anestesiología (Marisol fue atendida por médicos residentes y pasantes de servicio social, sin asesoría ni supervisión de especialistas). Además, en el Hospital no había equipo de ultrasonido, también faltaba papel de impresión para el cardiotocógrafo y el ultrasonido; había insuficiencia de hemoderivados; falta de ambulancia de cuidados intensivos y hubo dilación en su traslado a un hospital con mayor capacidad resolutiva.

Desafortunadamente lo que pasó con Marisol, no es aislado y ejemplifica las causas estructurales que provocan la muerte de muchas mujeres, aún después de más de 10 años. Según cifras de la propia Secretaría de Salud, en nuestro país, en 2025, por cada 100,000 nacimientos estimados 25.3 mujeres perdieron la vida por causas relacionadas con la maternidad, situación que se agudiza en algunas entidades federativas como, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Michoacán y Chiapas, entre otras, en las que el número de mujeres fallecidas es mayor. Lo preocupante es que este tipo de defunciones son prevenibles cuando se cuenta con servicios de salud accesibles, oportunos y de calidad.

Si bien México ha avanzado en consolidar un marco normativo, institucional y de política pública de salud materna, las mujeres siguen enfrentando desafíos para acceder a estos servicios. En 2024, 24 millones de mujeres declararon no contar con servicios de salud pública. Así mismo, el INEGI reportó que en 2024 31.4% de las mujeres de 15 a 49 años, que tuvieron un parto o cesárea entre 2016 y 2021 reportaron haber sido víctimas de violencia obstétrica (malos tratos, discriminación, humillaciones, etc.) en los servicios de salud, como consecuencia, muchas mujeres no logran acceder a servicios y acaban teniendo sus partos a fuera de los hospitales.

Desde Fundar, identificamos algunas barreras que impiden que las políticas de salud materna puedan operar.

En primer lugar, México destina, en promedio, 2.9 % del PIB a salud, cifra muy por debajo de la recomendación internacional que es del 6%. Este bajo gasto público en salud tiene impactos en los recursos destinados para la salud materna. Por ejemplo, al analizar los recursos del Ramo 12, que la Federación transfiere a los estados para operar programas de salud, incluida la salud materna, a través de unos Convenios llamados SaNAS identificamos que los recursos no han sido sostenidos, ni progresivos. 2021 fue el año en que contó con más recursos 456.8 millones de pesos y su presupuesto lamentablemente ha ido a la baja desde entonces; la reducción más importante fue en 2022, del 41% y la de 2024 del 18%. Y para 2026, a más de la mitad de año, no se han publicado los Convenios SaNAS, que permitan conocer el monto destinado para este año.

En segundo lugar, hay un problema de transparencia y trazabilidad del gasto. Existen diversas fuentes de recursos públicos que deben financiar la salud materna; el Ramo 12, el Ramo 33 y el IMSS BIENESTAR. No obstante, estas fuentes no se transparentan de forma desagregada, de manera que se pueda evaluar su progresividad y suficiencia. Esto ocasiona que no podamos conocer realmente cuánto se destina y en qué bienes, insumos, equipo, personal, etc está gastando el gobierno mexicano para operar los servicios de salud materna para las mujeres en mayor situación de marginación y los impactos de ese gasto en su salud y sus vidas.

El análisis del presupuesto nos permite no sólo identificar cuantos recursos se están asignando sino en qué se están gastando (acciones, personal, equipo, insumos, medicamentos, o infraestructura) y qué indicadores se incorporan para medir los avances. Por ejemplo hasta hace unos años, podíamos identificar algunos indicadores como contratación de traductores en lenguas indígenas, la contratación de parteras profesionales, capacitación del personal de salud en parto humanizado, entre otros, éstos indicadores eran importantes porque incorporaban algunas necesidades de las mujeres, especialmente en contextos rurales e indígenas, porque retomaban elementos de la medicina tradicional como la partería y poder hablar en sus propias lenguas, aunque eran limitados y necesitaban fortalecerse, hoy en día, esos indicadores ya no se identifican en el presupuesto, lo que limita conocer cómo se está implementando el enfoque intercultural, para que los servicios de salud materna sean aceptables y culturalmente pertinentes.

En México la salud materna es una deuda histórica. Por ello, urgimos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo a poner en el centro a las mujeres y sus necesidades a la hora de asignar recursos para que sean suficientes y progresivos y a garantizar su transparencia y seguimiento; también a incorporar la voz, experiencia, saberes y recomendaciones de las mujeres para que sean tomadas en cuenta en el diseño e implementación de la política y los servicios de salud materna. De lo contrario, casos como el de Marisol y su bebé, a quienes les fue privado su derecho a la vida y a tener un parto seguro y gozoso hace 11 años, seguirán ocurriendo.

*Nota final. Todas las cifras presupuestarias están expresadas en pesos constantes 2025 y en millones de pesos

*Investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.