Joel Aguirre · 20 de agosto de 2026
Cada mes, cuando el INEGI publica la inflación general, la discusión pública se concentra en una sola cifra. En julio de 2026 fue de 3.1 % anual. Pero ese promedio esconde diferencias importantes. Entre julio de 2025 y julio de 2026, una consulta médica aumentó 5.9 %; los análisis clínicos, 5.7 %; una cirugía, 4.7 %; y la hospitalización general, 11.7 %. En este último caso, casi cuatro veces más que la inflación general.
La diferencia importa porque la salud privada no es un fenómeno marginal en México. Las familias mexicanas destinan cerca de 41 % de su gasto en salud a pagos de bolsillo, más del doble del promedio de la OCDE, de 18.6 %, y el segundo nivel más alto entre los países del organismo. Pero ese gasto tampoco se distribuye de manera uniforme: los hogares del decil de menores ingresos destinan 4.1 % de su ingreso total a salud, frente a 2.1 % en el decil de mayores ingresos. Cuando los servicios se encarecen, el golpe es, por tanto, mayor para quienes menos tienen.
Hay una precisión importante sobre las Estadísticas de Salud en Establecimientos Particulares del INEGI: no miden todo el mercado privado de salud. Registran únicamente establecimientos con camas censables, es decir, con capacidad para internar pacientes. Quedan fuera los consultorios adyacentes a farmacias, laboratorios, gabinetes de imagen, consultorios independientes y clínicas de corta estancia.
Aun con esa limitación, las cifras son reveladoras. En 2025, los 2,689 establecimientos particulares que registra el INEGI realizaron 13.8 millones de consultas externas y 2.33 millones de egresos hospitalarios. Casi la mitad de las consultas fueron de especialidad y 14.1 % de urgencias. Es decir, solo una parte de la atención privada —la que ocurre en establecimientos con capacidad de hospitalización— ya representa millones de actos médicos al año. La dimensión real es necesariamente mayor cuando se incorpora todo aquello que esta estadística no alcanza a medir.
Y esa capacidad privada se desarrolla en un sistema público con recursos y capacidades que han perdido peso. El resultado ha sido una creciente presión sobre los hogares. Las cifras trazan una misma línea. Cuando el Estado no resuelve una necesidad de salud, una parte del costo termina trasladándose al hogar. La desaparición del Seguro Popular, el fracaso del INSABI y los problemas de abasto de medicamentos no explican por sí solos el crecimiento de la atención privada, ni cada consulta particular es consecuencia de una falla pública. Pero sí existe una amplia provisión privada de servicios de salud, mientras millones de personas enfrentan dificultades para acceder oportunamente a los servicios públicos.
Por eso, el aumento de los precios de la salud no puede leerse como un dato más de inflación. Una consulta, un análisis o una hospitalización no son bienes que puedan simplemente dejarse para después. Y cuando aumentan por encima de la inflación general, el costo termina recayendo directamente en las familias.
En salud, el costo de vida está aumentando más de lo que dice el promedio. Y, como ocurre tantas veces, quienes menos tienen son quienes menos margen tienen para absorberlo.♦