Salud y farmacéuticas: ¿quién sirve a quién?

En días pasados, tuve la oportunidad de participar en un curso de actualización en línea patrocinado por una empresa farmacéutica. En una de las ponencias se abordó la diferencia entre los fármacos de patente y los medicamentos genéricos.

Un medicamento de patente es, en efecto, confiable y efectivo, pues tiene detrás de sí un proceso de investigación, largo y cuidadoso que le confiere seguridad y eficacia. Lamentablemente, este largo proceso de investigación es, precisamente, fuente de la mayor limitante del derecho humano de acceso a la salud. Detrás del hecho simple de recomendar un tratamiento existe toda una gama de factores que determinan su acceso efectivo. Así, no debe ser ajena al médico la preocupación del paciente, sobre todo cuando carece de seguridad social, acerca de los recursos que tiene que invertir en un tratamiento. Según la Ensanut 2021, más de 55 % de los mexicanos asiste a consulta privada y gasta hasta $ 800.00 pesos entre consulta, pasaje y medicamentos. Esto sin considerar estudios de laboratorio, consulta de especialidad que es mucho más cara, o medicamentos de patente (por ejemplo, el Losartán de patente cuesta hasta $1,930.00).

En este sentido, los medicamentos genéricos se han convertido en una opción accesible para que los pacientes, sobre todo para aquellos de escasos recursos, puedan tratar sus padecimientos. Estos fármacos poseen algunas características que, me parece, es necesario considerar:

1) Deben ser biocompatibles con los de marcas líderes; es decir, deben poseer los mismos efectos biológicos en las células del organismo, los mismos efectos secundarios, etcétera.

2) Cuando se libera la patente de un medicamento, cualquier laboratorio que cuente con la tecnología para producirlo puede hacerlo. Este hecho hace que el fármaco genérico sea mucho más barato que la marca líder.

En el curso, el ponente nos conminó por al menos media hora y casi al borde de las lágrimas, a hacer uso de los medicamentos de marcas líderes pues es “nuestra obligación hacer lo mejor para el paciente”, y lo mejor es, en su humilde opinión, dar el tratamiento más novedoso, el de patente, pues.

Pese a que su argumento sobre la efectividad de los medicamentos de patente no carece de fundamento, igualmente posee sesgos importantes. En primer lugar, es conocido el hecho de que esos cursos son auspiciados por una empresa que, como tal, busca llevar recursos a sus arcas. Cualquiera que haya asistido a un curso o congreso patrocinado por una empresa farmacéutica (que si no son todos, son casi todos), habrá apreciado que en él no hay nada gratuito (aunque haya sido invitado sin cargos arancelarios de ningún tipo): cientos de carteles con la marca del fármaco del que se hablará en alguna conferencia; volantes, “regalo” de libretas para apuntes, bolígrafos, maletines, etcétera, con leyendas publicitarias; pantallas que repiten hasta el hartazgo la marca de un producto; muestras médicas con una o dos dosis del medicamento, entre otras acciones. Además, cuando se dicta una conferencia, la idea con la que uno es atraído es la de conocer el estado del arte de alguna especialidad o un tratamiento novedoso para alguna patología importante. Y, por supuesto, ese tratamiento lo tiene la empresa que organiza el evento. Así pues, el leitmotiv de esta parafernalia es publicitar su producto entre aquellos que puedan difundirlo con los usuarios y con ello abaratar el costo de publicidad, es decir, el gremio médico. De tal forma que los profesionales sanitarios se convierten en una suerte de edecanes de la empresa, siempre con perspectiva humanística y científica a la vez, claro está.

En defensa de la empresa, siempre está a la mano la vieja confiable: el argumento de la inversión. Elaborar el producto cuesta, por supuesto: la investigación, como ya se mencionó, es un proceso largo y costoso. Las diferentes etapas de las que consta requieren una inversión importante. Y suena lógico que quien invierte también desee recuperar su capital. Pero casi nunca mencionan dos pequeños detalles: que mucho de la inversión se hace, en ocasiones, con recursos públicos (como con las vacunas), y la enorme derrama económica de la venta del medicamento. Hablando de vacunas, el producto de la vacunación contra la COVID-19 se estima que supera los 90 mil millones de dólares. Estas empresas, al igual que otras, también recurren a prácticas capitalistas cuestionables.

Por tanto, no podemos más que preguntarnos como al inicio de este artículo: ¿quién sirve a quién? Según las grandes firmas farmacéuticas, la inversión y los adelantos científicos obtenidos tienen como objeto el bienestar de la población (recordemos que salud, tal como lo define la Organización Mundial de la Salud, es antes que otra cosa bienestar). Pero cuando la mayor parte de la población planetaria no tendrá acceso a los beneficios de esa investigación (beneficios científicos y beneficios monetarios) ¿es posible hablar de filantropía, de amor a la ciencia, al ser humano? ¿Es posible hablar de bienestar social en su sentido más amplio, cuando producimos tantos tratamientos novedosos? Cuando busque lo mejor para mi paciente, ¿no es necesario, además de expedir recetas, considerar la posibilidad real de acceder a lo que en ellas se solicita? Ya hemos mencionado más arriba el costo de un tratamiento médico. En ese tenor, ¿a quién va dirigida la investigación, larga y costosa, en materia de síntesis de fármacos?

Por supuesto que habrá respuestas a favor y en contra, y es válido, pero creo que es igualmente válido preguntarse acerca del valor social de aquello que consideramos bueno, que a menudo es causa —y también efecto— de la comercialización de la salud. Como médico, ¿es lícito que me ponga la camiseta de la farmacéutica cuando millones de seres humanos están al margen de sus logros científicos? ¿No será lo mejor para el paciente comenzar a pensar en él y no en el dogma del medicamento de patente?

* César Suárez Álvarez es médico cirujano por la UNAM, maestro en Educación y Docencia por la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea; maestrando en Población y Salud por la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, y doctorando en Desarrollo Humano por Universidad IEXPRO. Actualmente se desarrolla como profesor de asignatura “B”, definitivo, en la Facultad de Estudios Superiores-Zaragoza de la UNAM.

 

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