Romper el ciclo de la violencia electoral

Las pasadas elecciones del 2 de junio resultaron ser, de nuevo, un proceso sumamente violento. De acuerdo con la investigación realizada por Data Cívica, México Evalúa y México Evalúa en estas elecciones perdieron la vida 37 candidatos, 70 funcionarias y funcionarios públicos, 17 autoridades de elección popular y 29 integrantes de partido, además de 19 familiares de personas relacionadas con el proceso electoral y 97 miembros de las fuerzas de seguridad que se encontraban inactivas.

La violencia electoral es un problema grave para el desarrollo de la vida política mexicana. Además de representar un atentado en contra de los derechos humanos de las víctimas directas, afecta a la sociedad en su conjunto, pues reduce las opciones de elección e incluso llega a afectar la participación ciudadana en las elecciones.

Analizar el panorama general del proceso electoral 2023-2024 muestra dos realidades por demás preocupantes: 1) la tendencia general hacia la ocurrencia de ataques violentos en las elecciones va al alza y 2) la misma violencia electoral cada vez se torna más compleja por la gran cantidad de puntos de encuentro que tiene con otras violencias.

Estas expresiones de violencia en contra de candidatas y candidatos a puestos de elección no son nuevas; forman parte de un fenómeno visible desde hace mucho tiempo, pero que se ha incrementado desde la década pasada. Sin embargo, tanto las investigaciones, como las políticas y programas para su atención se encuentran, apenas, en sus primeros pasos.

¿Qué sabemos hasta el momento sobre la violencia electoral?

Esfuerzos previos como los de Aldo Ponce, Amalia Pulido, Guillermo Trejo, Sandra Ley y Víctor Huerta han realizado una labor importante para dilucidar la participación del crimen organizado en la violencia electoral letal. Sus trabajos han arrojado elementos sumamente relevantes para comprender cómo el crimen organizado se ha interesado en ingresar a la arena política, especialmente a nivel local, para capturar puestos clave en materia de seguridad y presupuesto.

Por otra parte, la investigación realizada por el Seminario Sobre Violencia y Paz arrojó nuevos indicios para comprender mejor la violencia electoral. Mostró que la violencia electoral no solamente es atribuible al crimen organizado, sino que existen dinámicas al interior de los partidos que resultan en ataques letales al competir por las candidaturas.

Otra explicación involucra, precisamente, la intersección entre las motivaciones criminales y las motivaciones políticas de los asesinatos. Es decir, entran en lo que Guillermo Trejo y Sandra Ley denominan “zona gris de criminalidad,” un espacio en el que actores criminales y actores políticos tienen una posible colaboración, lo que dificulta identificar un móvil claro detrás de los ataques letales.

Recientemente, el Seminario Sobre Violencia y Paz publicó un nuevo producto de la investigación realizada sobre las elecciones pasadas. El libro “Violencia y Elecciones en Veracruz: los candidatos asesinados en el proceso electoral de 2021,” coordinado por Víctor Andrade, Miguel León y Violeta Santiago, analiza la situación de violencia electoral en la entidad más peligrosa del proceso. Uno de los hallazgos más importantes de este análisis es que los municipios donde ocurrieron los homicidios comparten alguno (o algunos) de los siguientes factores:

1. Conflictos por tierra.
2. Existencia de grupos armados.
3. Antecedentes de violencia política.
4. Presencia del organizado y de grupos civiles armados.
5. Porcentajes elevados de población en situación de pobreza extrema.

¿Qué hace falta para transformar el conocimiento en protección?

Todas estas explicaciones a la violencia electoral han sido parte de un proceso largo de sistematización y acumulación del conocimiento en la materia. Pero, aún más importante, su desarrollo tiene la oportunidad de retroalimentar los programas de protección destinados a prevenir la violencia electoral. Ahora bien, para que esto ocurra, hace falta un elemento muy importante: la voluntad política.

La apertura de las instituciones, y de quienes las lideran, para mejorar los mecanismos de atención son un punto esencial para prevenir esta y otras violencias. Necesitamos cuestionar y replantear el discurso actual que culpa al crimen organizado de todas las expresiones de violencia en el país; separar el discurso del “partido del crimen organizado” de las fórmulas que dictan el funcionamiento de los programas, ser responsables del uso político de este discurso y comenzar a atender la evidencia generada por las distintas investigaciones.

Actualmente, las instituciones reconocen que la violencia electoral está relacionada con dinámicas partidistas. En 2022 la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana reconoció, en una solicitud de información realizada por el autor, difundir información ­[de quienes fueron beneficiados por la Estrategia de Protección en Contexto Electoral] ­­podría traer como consecuencia que miembros de partidos opositores e incluso el crimen organizado tomen venganza sobre las candidatas o candidatos electos, desestabilizando las acciones tendientes a garantizar la seguridad pública. Por desgracia, este conocimiento no ha permeado en el discurso oficial, lo que impide mejorar el diseño de las estrategias de protección.

Las elecciones involucran a una gran diversidad de actores que pueden apoyar, desde su posición, a tener proceso verdaderamente democráticos y pacíficos. Por eso, en el 2023, desde el Seminario Sobre Violencia y Paz elaboramos un conjunto de recomendaciones que atañen a candidatas y candidatos a puestos elección, a las instituciones responsables federales y locales, a los partidos políticos, a medios de información y a la sociedad civil en general.

Una de las recomendaciones generadas a los partidos políticos fue modificar el corpus jurídico penal para tipificar el homicidio con motivaciones políticas, considerando los agravantes que dicho móvil conlleva. No obstante, estas recomendaciones no han alcanzado el impacto esperado. Por el contrario, más allá de “lamentar el hecho” y “exigir justicia,” los partidos políticos se muestran indolentes.

De igual forma, el documento de recomendaciones identificó que la existencia de amenazas no debía ser un criterio determinante para otorgar la protección, pues la mayoría de las personas candidatas asesinadas no habían reportado haber sido víctimas de este hecho. Sin embargo, fue hasta el 15 de abril del 2024 cuando el presidente determinó que “había que agilizar los trámites de protección”. Pasaron más de 14 meses entre las recomendaciones y esta decisión.

El 1 de octubre de este año Claudia Sheinbaum asumirá el cargo como titular del ejecutivo federal. Durante su discurso de victoria se comprometió “a llevar al país por un sendero de paz y de libertades”. Esta coyuntura de cambio político abre la puerta para que el siguiente gobierno atienda esta y otras situaciones de violencia, pero, para lograrlo, es vital que los programas de protección trabajen con una perspectiva integral y se abran al escrutinio y la participación pública.

La política de seguridad de la presidenta electa consta de 3 ejes: la consolidación de la Guardia Nacional, la coordinación con las policías locales y la atención a las causas de la violencia. Las organizaciones de la sociedad civil y los centros académicos hemos tomado la iniciativa para comprender las causas de la violencia electoral. Ahora, es turno del gobierno y de las instituciones responsables de atender las recomendaciones realizadas para mejorar sus sistemas de protección.

Desafortunadamente, el panorama para que esto ocurra no es el mejor. De acuerdo con el último informe de World Justice Project, el gobierno en México tiene todavía mucho trabajo por delante en la materia. Aunque el indicador de gobierno abierto (entendido como aquel que comparte información, empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones) avanzó notablemente en la primera mitad del sexenio, también tuvo un leve retroceso comparado con los últimos dos años.

Sin embargo, esto no quiere decir que no haya posibilidades de mejora. Más bien, retrata un área de oportunidad para que tanto sociedad civil como instituciones gubernamentales colaboren y encuentren puntos de acuerdo para transformar nuestra realidad. Si queremos comicios pacíficos y verdaderamente democráticos, la sociedad civil debe seguir monitoreando y exigiendo a las autoridades. Mientras tanto, el gobierno debe asumir su responsabilidad y responder a las exigencias un México en paz.

* Roberto Roldán Vargas es Maestro en Ciencia Política por El Colegio de México. Desde 2022 trabaja el tema de violencia electoral letal en México de la mano del Seminario Sobre Violencia y Paz. Coautor de los productos arrojados de esta investigación: las “Recomendaciones Para La Seguridad De Los Candidatos Y Candidatas A Los Cargos De Elección Popular En Las Elecciones De Coahuila Y El Estado De México 2023,” y “Urnas Y Tumbas. Análisis De Los 32 Homicidios De Candidatos Durante El Proceso Electoral De 2021”.