Romper barreras para detonar inversión en la Ciudad de México

Imaginemos a una empresa internacional interesada en instalar un nuevo centro de logística avanzada para abastecer a América del Norte. El mercado mexicano resulta atractivo y el acceso preferencial al mercado estadounidense representa una ventaja estratégica. Entre las posibles sedes, la Ciudad de México aparece pronto en el radar: es dinámica, concentra talento especializado, ofrece acceso a proveedores, cuenta con infraestructura financiera y alberga un ecosistema empresarial sofisticado. En el papel, los números cuadran. El proyecto parece viable.

Entonces comienza el proceso administrativo local. Permisos de uso de suelo, trámites ambientales, autorizaciones urbanas y licencias operativas. Cada procedimiento tiene requisitos, tiempos de respuesta y autoridades responsables. Nada fuera de lo común; todas las ciudades modernas regulan la actividad económica. Sin embargo, cuando los tiempos se alargan o los procesos se vuelven opacos, la ecuación del inversionista empieza a cambiar. 

Cada semana de espera significa capital inmovilizado y un costo de oportunidad que puede oscilar entre 125 mil y hasta 3.7 millones de pesos si los trámites se resuelven en sus plazos máximos. Estas cifras se obtuvieron con la metodología conocida como Standard Cost Model, creada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Por medio de ella se pueden estimar los costos administrativos que enfrentan empresas y ciudadanos cuando buscan cumplir con regulaciones gubernamentales.

Examinar la regulación para detonar la inversión

El desarrollo económico de una ciudad depende de su talento, de su tamaño de mercado, del capital disponible y de algo menos visible, pero igualmente decisivo: la calidad de sus reglas y la capacidad de sus instituciones para aplicarlas con claridad, eficiencia y certeza.

Ese es el punto de partida del estudio ¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México: Caso Ciudad de México, elaborado por México Evalúa. 

El análisis busca responder una pregunta crucial para el futuro económico del país: qué falta mejorar en las reglas para que las empresas que quieren invertir en la capital mexicana encuentren las mejores oportunidades en el clima de negocios.

La Ciudad de México es un caso interesante porque su posición en la economía nacional es, al mismo tiempo, extraordinaria y paradójica. Se trata de una de las economías urbanas más sofisticadas del continente. Ninguna otra ciudad del país concentra con tanta intensidad densidad empresarial, servicios financieros, capacidades logísticas, centros de decisión corporativa, universidades, talento especializado y acceso a mercados internacionales. La capital es el mayor mercado de consumo del país, un nodo financiero regional y un punto de coordinación para cadenas productivas que se extienden hacia el Bajío, el norte industrial y el corredor exportador hacia Estados Unidos.

Los datos reflejan esa centralidad. En 2024, la Ciudad de México aportó aproximadamente una tercera parte del crecimiento económico nacional y concentró cerca del 39% de la inversión extranjera directa (IED) que llegó al país. En otras palabras, cuatro de cada diez dólares de inversión extranjera tuvieron como destino la capital. La tendencia además se consolidó durante 2025. De acuerdo con la Secretaría de Economía, México cerró ese año con una cifra histórica de 40,871 millones de dólares de inversión extranjera directa, un crecimiento anual cercano al 10.8%. En ese contexto, la metrópoli continuó siendo el principal destino de capital internacional dentro del país al captar más de 22 mil millones de dólares, es decir, el 54%. 

A diferencia de lo que ocurría antes, las cifras de la Secretaría de Economía ya utilizan una metodología que distingue entre la estructura corporativa de las empresas y el lugar donde realmente operan. Desde 2015, esto permite que la estadística de IED en la Ciudad de México distinga entre la inversión registrada legalmente en la capital de la que efectivamente se desarrolla en su territorio.

La paradoja regulatoria de la capital

A pesar de su enorme potencial económico, quienes buscan invertir en la capital enfrentan ciertas dificultades para expandir ciertas actividades productivas. El estudio de México Evalúa analizó la calidad del marco regulatorio local mediante la herramienta del Banco Mundial conocida como Market and Competition Policy Assessment Tool, que evalúa las regulaciones desde cuatro dimensiones: calidad normativa, facilidad para hacer negocios, atracción de inversiones a la luz del TMEC, y eficiencia gubernamental.

El resultado es revelador. En total se identificaron 203 oportunidades de ajuste normativo en la Ciudad de México. De ellas, 77 corresponden a problemas de calidad regulatoria, relacionados con la claridad de las obligaciones, la identificación de autoridades responsables o la precisión del lenguaje normativo. Otras 116 oportunidades se concentran en eficiencia gubernamental y tienen que ver con aspectos administrativos como tiempos de resolución, requisitos de los trámites, criterios de evaluación y procedimientos de pago de derechos.

Un hallazgo relevante es que el análisis no encontró obstáculos regulatorios que desincentiven la inversión extranjera ni contradicciones con el T-MEC. Esto sugiere que el marco normativo de la ciudad está alineado con estándares internacionales de apertura económica. El reto no está en la orientación general de las reglas, sino en cómo se implementan y se coordinan entre instituciones.

Cuellos de botella regulatorios detectados

Los principales cuellos de botella se concentran en regulaciones vinculadas con uso de suelo, impacto ambiental, movilidad, construcción y operación de infraestructura. Entre ellas destacan la Ley Ambiental de la Ciudad de México, la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de Movilidad, el Reglamento de Construcciones y el Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo. Estas normas se traducen en trámites como manifestaciones de impacto ambiental, autorizaciones de construcción, dictámenes de riesgo o permisos para transporte de carga, indispensables para abrir o expandir proyectos industriales o logísticos.

El estudio también muestra cómo algunas disposiciones específicas pueden generar obstáculos innecesarios. Por ejemplo, el artículo 27 de la Ley Ambiental obliga a realizar consultas vecinales para proyectos de gran escala, lo que puede trasladar responsabilidades regulatorias a particulares y abrir espacios de discrecionalidad. De manera similar, disposiciones de la Ley de Movilidad establecen que unidades de transporte de carga o pasajeros deben sustituirse cada diez años únicamente con base en su fecha de fabricación, un criterio que puede excluir vehículos en buen estado y mantener otros que no necesariamente cumplen condiciones técnicas adecuadas. Además, el Reglamento de la Ley de Movilidad utiliza conceptos amplios —como preservar el “equilibrio ecológico, de la oferta, demanda y provisión de abasto”— sin definiciones claras, lo que puede dar lugar a interpretaciones discrecionales.

El caso de los trámites que existen sin reglamento 

Otro hallazgo importante es la existencia de brechas entre las regulaciones y el catálogo de trámites administrativos. Al analizar 19 regulaciones prioritarias vinculadas con actividades relacionadas con el nearshoring, el estudio identificó 23 trámites relevantes. Sin embargo, al cruzarlos con el Registro de Trámites y Servicios —el catálogo público y oficial— se detectó una desalineación institucional que consistía en que algunos trámites no coincidían plenamente con las regulaciones analizadas, otros existían pero no tenían una regulación asociada, lo que elevó el universo de trámites por revisar a 35. Tras depurar duplicidades y procesos no aplicables, el análisis concluyó que sólo 16 trámites resultaban pertinentes, de los cuales 13 correspondían específicamente a la fase de apertura de negocios.

Esta desarticulación muestra un problema de fragmentación normativa. Es decir, en algunos casos existen regulaciones que establecen obligaciones sin que haya un trámite claramente definido para cumplirlas; en otros, hay trámites cuyo sustento normativo es ambiguo o no está actualizado o es inexistente. El resultado es un sistema en el que normas y procedimientos no siempre están alineados, lo que genera incertidumbre a las empresas y emprendedores, aumenta los costos de cumplimiento y abre espacios a la discrecionalidad y establece riesgos de corrupción.

La ciudad que todos queremos

La discusión sobre regulación económica es, en realidad, una discusión sobre el tipo de ciudad que queremos construir. Una ciudad donde los emprendedores puedan concentrarse en desarrollar sus proyectos en lugar de navegar por procesos administrativos complejos e innecesarios. Una ciudad donde las reglas sean claras, las instituciones funcionen y las oportunidades económicas puedan convertirse en inversión, empleo y bienestar. Eso es, en el fondo, lo que entendemos por prosperidad compartida.

La buena noticia es que hoy contamos con evidencia concreta sobre dónde están los cuellos de botella regulatorios y cómo resolverlos. El mapa de ruta para destrabar la inversión en la Ciudad de México ya está trazado; ahora el reto es convertir ese diagnóstico en acción.

 

* Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia Económica en México Evalúa.