Sinaloa, Rocha Moya. Lo que se ve y no se ve

La semana pasada, un episodio particularmente delicado, aunque no poco cotidiano, ha vuelto a colocar sobre la mesa una de las discusiones más incómodas y necesarias de la vida pública mexicana: la relación entre el poder y el crimen organizado en México.

Que el hoy exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, fuera incorporado a una lista de personas buscadas por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico no es, por sí misma, una sentencia, pero sí un hecho político de enorme relevancia y un aviso que, como reza el refrán, invita a poner a remojar las barbas de algunos que observan este hecho desde la barrera.

Conviene, sin embargo, alejarse del estruendo, del sensacionalismo, del amarillismo y del clickbait. No se trata de amplificar acusaciones ni de minimizar su gravedad, sino de intentar reflexionar qué nos dice este episodio sobre el estado de nuestra democracia (y de todas).

Norberto Bobbio advertía en su ensayo “Democracia y secreto” que el poder en las sociedades contemporáneas no se agota solamente en sus formas visibles. Hablaba de la existencia de “poderes invisibles” que, sin formar parte del andamiaje institucional, inciden de manera directa en la toma de decisiones, algo así como una suprademocracia y una infrademocracia. Ahí caben tanto los grandes intereses económicos, los grandes capitales —los que están en el marco de la ley—, como las estructuras ilegales que operan en los márgenes, pero que muchas veces terminan tocando el centro del poder político.

En México, esta convivencia se ha mantenido durante décadas en esta dualidad. Y es precisamente ahí donde se construye, o se erosiona, el statu quo de estabilidad. La paz, en ese contexto, nunca ha sido producto de una sola estrategia. No se resolvió con la lógica frontal de la guerra contra el narcotráfico, cuyos costos humanos siguen presentes, pero tampoco se sostiene únicamente bajo la premisa de la contención. Ni los balazos ni los abrazos, por sí solos, han sido suficientes.

En este sentido, el actual gobierno ha tenido como uno de sus mayores aciertos apostar por la inteligencia como eje: información, coordinación y desarticulación estratégica; los resultados hablan por sí solos. Sin embargo, casos como el que hoy involucran a un gobernador en funciones y del partido en el poder terminan por opacar esos esfuerzos. No necesariamente por lo que confirman, sino por lo que dejan a la imaginación: que esos poderes invisibles siguen teniendo capacidad de injerencia.

A ello se suma un elemento que exige pinzas en su manejo: la participación del gobierno de Estados Unidos. Y es que, aunque sin lugar a dudas la cooperación internacional es indispensable frente a fenómenos globales como el narcotráfico, debe administrarse con equilibrio. Ni negarla por completo ni permitir que se convierta en una vía de injerencia que desdibuje las responsabilidades internas ni que otorgue mayores facultades a actores externos. Como dicen los abuelitos: “ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre”. De ser ciertas las acusaciones y Rocha Moya resultara culpable, los beneficiados serían los ciudadanos de Sinaloa y del país.

En un contexto político donde las elecciones están a la vuelta de la esquina, el reto se vuelve aún más complejo. Más allá de nombres o coyunturas, quienes busquen asumir y logren la conducción del poder en los distintos niveles que se competirán deberán enfrentar la tarea principal de sostener, fortalecer y, en muchos casos, generar confianza en las instituciones y percepción de seguridad. Porque, al final, la estabilidad no solo se mide en indicadores, sino en la certidumbre cotidiana de la ciudadanía.

El desafío de fondo permanece intacto. La democracia no solo se queda en las urnas y el discurso público, sino en su capacidad para reconocer, contener y transparentar esos poderes que operan fuera de la vista, pero que condicionan el rumbo del país. Ignorarlos debilita. Exagerarlos distorsiona. Entenderlos, en cambio, es el primer paso para gobernar sobre ellos.