Respuesta oficial a escuelas afectadas: chile, mole y manteca

De chile, mole y de manteca. Así luce la respuesta oficial a las escuelas afectadas por las recientes inundaciones causadas por la tormenta tropical Raymond: una mezcla que desordena funciones públicas y carece de lógica operativa. Para atender a las escuelas dañadas en los estados de Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí e Hidalgo, el gobierno transforma a una aseguradora agropecuaria para cubrir infraestructura escolar, a una oficina de becas en expertos ingenieros para dictaminar daños y rehabilitaciones necesarias, y se apuesta por educación a distancia en comunidades con conectividad incierta.

Analizando el Boletín 311 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), publicado el 16 de octubre del 2025, identificamos tres elementos que juntos, evidencian improvisación más que estrategia. Primero, la designación de Agroasemex S. A. —aseguradora agropecuaria— como responsable de la infraestructura educativa dañada. Segundo, la intervención de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, convertida en el documento “especialista” para evaluar daños estructurales y definir acciones de rehabilitación. Tercero, la suposición de que las comunidades afectadas, clasificadas como rurales (por eso se incluye a Agroasemex en esto), cuentan con conectividad doméstica suficiente para sostener la educación a distancia. Todas estas acciones son un conjunto de improvisaciones y decisiones tomadas al azar y sin lógica del quehacer de las instituciones públicas para garantizar la continuidad educativa en emergencias. Revisemos lo que por ley hace cada institución, y lo que implica su participación en esta situación de emergencia:

Agroasemex S. A.

Las funciones que por ley puede realizar Agroasemex son la prestación de los servicios de aseguramiento contra los riesgos a que están expuestos los productores agropecuarios en sus personas, bienes y actividades, y en su propia página web señala que tiene como misión proteger el patrimonio y la capacidad productiva del sector rural. No se habla de escuelas, de planteles ni de ningún tipo de institución educativa. ¿Se une Agroasemex a la tendencia de los gobiernos de la 4T de que las instituciones cumplan funciones diversas? ¿Será como la Secretaría de Marina o la Secretaría de la Defensa Nacional? Dependencias que ya no solo cubren sus funciones, también construyen y gestionan aeropuertos, administran aduanas y manejan aerolíneas.

De acuerdo con el Boletín de la SEP, con Agroasemex se cubrirán gastos de limpieza, desazolve, mobiliario, equipo y reparaciones estructurales, por lo que asumimos que las 821 escuelas estaban aseguradas. Una aseguradora solo puede cubrir un daño o siniestro si el inmueble estaba previamente asegurado, no se puede asegurar después, no hay “después del niño ahogado”. Así que la SEP demuestra grandes habilidades de planeación y previsión, que ojalá que se repliquen en otras áreas de su quehacer como garante del derecho a la educación en el Sistema Educativo Nacional.

Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar

El segundo actor que el Boletín 311 incorpora a la mezcla institucional es la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. Su propio documento Elementos Estratégicos Institucionales (octubre de 2025) define con precisión su mandato: garantizar que las y los estudiantes en condición de vulnerabilidad permanezcan en la escuela mediante apoyos económicos. Ninguna de sus funciones se vincula con infraestructura, evaluación de daños o rehabilitación de planteles. Sin embargo, en el boletín se le atribuye la responsabilidad de realizar esas tareas, como si administrar padrones de becarios fuera equivalente a dirigir obras públicas. Convertir a la Coordinación de Becas en instancia técnica de infraestructura desdibuja su propósito y exhibe la improvisación con la que se gestiona la educación en contextos de emergencia.

Incluso concediendo el beneficio de la duda y asumiendo que se trate de un problema de redacción —que su participación sea meramente administrativa, por su presencia territorial—, su margen de acción no podría ir más allá de levantar información o canalizar apoyos. No obstante, el propio Boletín 311 afirma que la Coordinación realiza “valoraciones directas en los planteles afectados para cuantificar los daños y definir las acciones de rehabilitación”. La redacción no deja espacio a interpretación: se le asigna una tarea técnica que rebasa con creces su mandato legal y su capacidad operativa.

Clases a distancia en zonas afectadas

El Boletín 311 “resalta que en las comunidades donde existan condiciones seguras, las clases podrán retomarse en modalidad remota, con el propósito de asegurar la continuidad del servicio educativo”. El problema es la premisa: esas “condiciones” casi no existen en las zonas rurales más golpeadas.

Tomando como referencia los datos de la plataforma de monitoreo educativo, MONITO, la conectividad escolar es baja. En Puebla solo 25 % de primarias públicas generales y 5 % de primarias indígenas tienen internet; en Veracruz, 12 % y 4 %; en Hidalgo 14 % y 10 %. Si ni las escuelas están conectadas, esperar que los hogares sostengan educación remota es poco realista. Hablar de continuidad “a distancia” en este contexto no garantiza el aprendizaje, solo lo aparenta. La prioridad debería ser reaperturas seguras, aulas temporales y apoyos de recuperación mientras se restablecen servicios básicos y se planifica la rehabilitación.

La educación no puede darse el lujo de ser reactiva. Requiere planeación de sistema para cuando la educación se encuentre en situación de emergencia: protocolos previos, roles definidos, presupuestos etiquetados, padrones verificados, conectividad y materiales listos, y convenios operativos para aulas temporales y rehabilitación. En un contexto donde las emergencias climáticas son y serán cada vez más frecuentes, la regla es anticipar, no improvisar.

De chile, mole y de manteca es en lo que termina la respuesta del gobierno cuando falta esa planeación. Agroasemex no sustituye a obras, becas no suplen ingenieros, y “clases a distancia” no existen sin red. Urge coordinación real y un plan de continuidad educativa que garantice aprendizaje, no solo comunicados. Porque aprender importa.

* Alejandra Arvizu Fernández es directora de Monitoreo de Políticas Educativas. María Teresa Gutiérrez es directora de Monitoreo de Indicadores Educativos, ambas de Mexicanos Primero.